Araceli Rangel Ramos

Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1211/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Araceli Rangel Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA AL TERCERO INTERESADP Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento de tres y once de octubre pasado, y al efecto, remite las constancias que le fueron solicitadas dentro de la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************. 1.1. Prueba documental. Por tanto, con fundamento en los artículos 11******************** y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la prueba de referencia; con la cual, se ordena dar vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y dar cuenta en la audiencia constitucional; se ordena formar un tomo de pruebas para su mejor manejo. 2. Tercero interesado. Del informe rendido por la autoridad responsable, se observa que en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, le reviste carácter de tercero interesado a ********************, con domicilio en Avenida ********************, número********************, piso ********************, interior ********************, colonia ********************, de esta ciudad. 2.1. Emplazamiento en el domicilio procesal. Por tanto, es ahí donde debe practicarse su llamado, pues el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece que siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio natural. En este sentido, se solicita que el actuario de la adscripción comisionado se ajuste a las reglas siguientes: a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a) y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar al tercero interesado a través de su representante legal, en el domicilio antes indicado, cerciorándose de su identidad, entregándole las copias de traslado relativas. De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación. b. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, si en el referido domicilio procesal no encuentra al tercero interesado, dejará constancia de que es el domicilio buscado y le dejará citatorio para que dentro del término de dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Dicho citatorio deberá dejarlo con la persona que lo atienda. Si no acude a notificarse, deberá hacerse por lista la notificación y por lista en una página electrónica. c. Con sustento en el artículo 27, fracción I, inciso c), si el actuario encuentra cerrado el domicilio y nadie acude a su llamado, debe asentar que es el domicilio buscado y fijar aviso en la puerta a fin de que dentro de los días hábiles siguientes acuda a notificarse; y no haciéndolo, la notificación se hará por lista y en una lista en página electrónica. d. Toda manifestación que reciba el diligenciario, en el sentido de que el tercero interesado no vive en el domicilio, no habita o que no trabaja en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación. Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se le conoce. Lo anterior pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen, por lo que resulta irrelevante que ahí no viva, trabaje o habite la persona buscada, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que haya dejado de ser domicilio de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por el interesado, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informe al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. 2.1.1. Requerimiento. En la inteligencia de que además deberá requerirlo para que al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcione domicilio en esta ciudad, en el que podrá recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Diferimiento. Para dar margen a que sea debidamente emplazado a juicio el tercero interesado de que se trata y las partes se impongan del contenido rendido por la autoridad responsable aludida, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte tercera interesada y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López. SI COMO EL DIVERSO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1211/2023. 2. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado., Se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando únicamente para tal efecto a las personas que nombra, por así haberlo solicitado. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones del superior jerárquico y delegado de autoridad. Agréguense los oficios signados por la Jefa de la División de Amparos Fiscales en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Delegado de la autoridad responsable del citado Instituto, con sede en la Ciudad de México y esta capital, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informan que a través del comunicado ********************, de dieciocho de septiembre del presente año, dio por respuesta al requerimiento realizado por este Juzgado mediante acuerdo de ocho del citado mes y año, remitiendo copia simple del mismo; y que en correo electrónico de esa misma fecha, instruyó a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para que continúen realizando las acciones necesarias para la adquisición de la clave ********************. Sin que de momento se considere necesario realizar requerimiento a las autoridades, ello en atención a que, en proveído de veintitrés del mes y año en curso, se solicitó al delegado de las responsables del Instituto antes aludido para que cumplan con la ejecutoria de amparo, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que realice de inmediato, todas las acciones legales y materiales para garantizar que las autoridades aquí responsables entreguen de manera oportuna a ********************, el suministro de la clave ********************; absteniéndose de invocar obstáculos injustificados, que retrasen la compra y/o adquisición de la formula ya señalada pongan en peligro la salud del quejoso. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad no cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, dígasele que este juzgado federal reitera el requerimiento formulado el tres de octubre de dos mil veintitrés. De primer orden, cabe decir que el artículo 75 de la Ley de Amparo dispone que los órganos jurisdiccionales deberán recabar oficiosamente las pruebas y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, es decir, dicho numeral otorga la facultad a este Juzgador de requerir los medios de convicción necesarios para efecto de estar en condiciones de realizar el pronunciamiento definitivo con todos los elementos necesarios para ello. Ahora bien, no existe impedimento jurídico para efecto de que este órgano de control constitucional solicite las constancias referentes a la carpeta de investigación identificada con el número de caso 1003202315085. Al respecto, como lo establece la autoridad oficiante, los registros y constancias de investigación ya no podrán mantenerse en reserva para el imputado en los siguientes supuestos: Cuando se encuentre detenido. Cuando sea citado a comparecer como imputado; y, Cuando sea sujeto de un acto de molestia. En la especie, la quejosa se duele en esta instancia constitucional del aseguramiento de los bienes inmuebles que se hacen consistir en los departamentos 3D-C ahora 304 y 5-DD ahora 501, del edificio ubicado en calle Brasil, número 400, colonia Las Américas, en esta ciudad, en contra del cual, se vertieron diversos conceptos de violación, relacionados con la omisión de la fiscalía responsable de hacerle saber la existencia de una carpeta de investigación, y que ha sido vedado su derecho de participación en dicha indagatoria. Así una vez precisado el acto reclamado, se tiene que éste constituye un acto de molestia, de tal forma que no existe impedimento para efecto de que el imputado a través del juicio de amparo tenga acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación aludida en párrafos que precede. Efectivamente, el aseguramiento de un bien, decretado por la fiscalía en una carpeta de investigación tiene esta naturaleza de ser un acto de molestia, dado que, este tipo de actos sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, siempre y cuando preceda un mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Como sustento de lo anterior, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo IV, julio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 200080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Entonces, si del contenido del acto reclamado este fue librado por la Agente del Ministerio Púbico Adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el que entre otras cosas refirió a la necesidad de decretar el aseguramiento de forma provisional a efecto de salvaguardar los derechos de la víctima, es inconcuso que se trata de este tipo de actos. Consecuentemente, atento a las consideraciones que anteceden, se tiene que este Juzgador está facultado para solicitar la copias auténticas de la carpeta de investigación identificada con el número de caso 1003202315085. Máxime que, la responsable, al rendir su informe justificado remitió sólo copia auténtica del acuerdo de aseguramiento reclamado, del que se advierten diversas afirmaciones bajo las cuales encuentra su soporte jurídico. Sin embargo, este juzgado federal estima que tener a la vista únicamente el acto reclamado no es suficiente, dado que, su contenido encuentra su principal respaldo en la carpeta de investigación solicitada, de ahí que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiere nuevamente para efecto de que sea remitida copia auténtica que de soporte al acuerdo de aseguramiento que se ataca en esta instancia constitucional. Ahora, respecto de las consideraciones de la autoridad responsable, dígasele que deberá estarse a lo establecido en líneas que preceden, dado que atendiendo a este caso concreto, para efecto de integrar debidamente el presente juicio de amparo, son necesarias las constancias solicitadas; haciendo de su conocimiento que sigue vigente el apercibimiento decretado en dicho proveído. 2. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. 3. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a que la autoridad responsable remita las constancias que le fueron solicitadas para estar en condiciones de resolver el presente juicio de amparo, se difiere de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del trece de octubre del año que transcurre, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Incidental

    El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO El secretario relaciona como principales constancias del incidente y da cuenta al Juez, con copia de la demanda de amparo, auto relativo a la suspensión provisional, informe previo de la autoridad responsable. Téngase por hecha la relación de las constancias que obran en autos, las cuales, en cuanto a su contenido serán valoradas al momento de que este juzgador se pronuncie respecto de la suspensión definitiva. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa ofertó medios de prueba.Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS Se da cuenta que ninguna parte formuló alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo ********************, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: El aseguramiento de los departamentos 3D-C, ahora 304, y 5D-D, ahora ********************, del edificio en condominio ubicado en la calle ********************, número ********************, en la colonia ********************, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia de la suspensión de los actos reclamados. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: A. La petición de parte; B. La existencia de los actos reclamados. C. La naturaleza de los actos reclamados. D. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y, E. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Luego, en estrecha vinculación con lo expuesto, se exige que los actos reclamados acorde su naturaleza, sean susceptibles de suspenderse. Ahora bien, respecto de la pretensión por parte de la autoridad responsable de privar a la quejosa de la posesión de los bienes inmuebles que alude, deben estar colmados los requisitos que establece el artículo 131 de la Ley de la Materia; sin embargo, respecto al cuarto de los requisitos (la afectación a su interés jurídico, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional), no se encuentra colmado; en virtud de que la parte quejosa pretende acreditar su interés con la copia cotejada de la Escritura Pública Número ********************, Volumen ********************, emitida el trece de agosto de dos mil doce, que contiene la Constitución de una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, formalizada entre la aquí quejosa y ********************; sin que con ello, acredite la posesión de los inmuebles materia de la litis. En ese sentido, tal documental es insuficiente para acreditar el interés jurídico respecto de los inmuebles que defiende la solicitante de derechos, pues como se manifiesta con dicha documental únicamente da constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa, sin que con ello acredite que tiene derecho sobre los bienes inmuebles que defiende. Entonces, con fundamento en los artículos 131 y 138 fracción I, de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, puesto que no acreditó aún de modo indiciario o presuntivo, el interés suspensional que afirma la norma le reconoce, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar dicho interés jurídico que pueda resultar lesionado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia Tesis: P./J. 96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta Tomo: VI, Diciembre de 1997, Pagina 23, de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************, conforme a los términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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