Araceli Molina Flores
Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Araceli Molina Flores
- Juez Tercero Oral de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
En diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede, el estado que guardan los autos y con un oficio registrado con folio 4052, dentro del juicio de amparo 1206/2022. Conste.Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. 1 Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés, se concedió a Araceli Molina Flores, y en representación de la infante de iniciales L.R.S.M., el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente Dejar insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa y En su lugar, emita otra en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa. 2. Ejecutoria. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con la misma 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio 92/2023 de ocho de febrero de dos mil veintitrés, recibido en este órgano jurisdiccional en auto de diez de febrero actual, se tuvo a la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia de su acuerdo dictado el ocho de los actuales, dentro del juicio ordinario oral familiar 558/2022, con el pretendió dar cumplimiento con los efectos del fallo protector, puesto que dejó insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa; y, emitió otra determinación que a su consideración se satisfacían las directrices dadas en ejecutoria. Sin embargo, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional declaró no cumplida la ejecutoria y se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que cumpliera cabalmente con el falló protector en los términos que ahí quedaron precisados. Por ello, mediante auto de ocho de marzo actual, la autoridad responsable, remitió el oficio 292/2023, al que anexó copias certificadas del proveído dictado el tres de marzo de los actuales, en el cual, acatando los indicaciones señaladas en el diverso proveído de veintitrés de febrero del año en curso, esto es, purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en la sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa, dentro del referido juicio 558/2022. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que dejó insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/202; en su lugar, dictó otra en la que de manera fundada y motivada se pronunció con libertad de decisión sobre la orden de protección solicitada por Jimmy Sánchez Álvaro. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Asesor jurídico del menor desahoga vista. Ahora, en cuanto a las manifestaciones realizadas por el asesor jurídico de la menor de iniciales L.R.S.M., a través de su escrito de cuenta, en el sentido de que al momento de calificar el cumplimiento se tome en consideración el interés superior de la menor, de tal manera que no se vulneren sus derechos, se aplique el control de convencionalidad y principio pro persona; al respecto hágase de su conocimiento que sus manifestaciones quedaron atendidas con lo determinado anteriormente. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en el capítulo 7, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. 7.1. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos del cuaderno incidental, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 7.2. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. 8. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: En diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede, el estado que guardan los autos y con un oficio registrado con folio 4052, dentro del juicio de amparo 1206/2022. Conste.Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. 1 Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés, se concedió a Araceli Molina Flores, y en representación de la infante de iniciales L.R.S.M., el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente Dejar insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa y En su lugar, emita otra en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa. 2. Ejecutoria. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con la misma 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio 92/2023 de ocho de febrero de dos mil veintitrés, recibido en este órgano jurisdiccional en auto de diez de febrero actual, se tuvo a la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia de su acuerdo dictado el ocho de los actuales, dentro del juicio ordinario oral familiar 558/2022, con el pretendió dar cumplimiento con los efectos del fallo protector, puesto que dejó insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa; y, emitió otra determinación que a su consideración se satisfacían las directrices dadas en ejecutoria. Sin embargo, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional declaró no cumplida la ejecutoria y se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que cumpliera cabalmente con el falló protector en los términos que ahí quedaron precisados. Por ello, mediante auto de ocho de marzo actual, la autoridad responsable, remitió el oficio 292/2023, al que anexó copias certificadas del proveído dictado el tres de marzo de los actuales, en el cual, acatando los indicaciones señaladas en el diverso proveído de veintitrés de febrero del año en curso, esto es, purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en la sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa, dentro del referido juicio 558/2022. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que dejó insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/202; en su lugar, dictó otra en la que de manera fundada y motivada se pronunció con libertad de decisión sobre la orden de protección solicitada por Jimmy Sánchez Álvaro. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Asesor jurídico del menor desahoga vista. Ahora, en cuanto a las manifestaciones realizadas por el asesor jurídico de la menor de iniciales L.R.S.M., a través de su escrito de cuenta, en el sentido de que al momento de calificar el cumplimiento se tome en consideración el interés superior de la menor, de tal manera que no se vulneren sus derechos, se aplique el control de convencionalidad y principio pro persona; al respecto hágase de su conocimiento que sus manifestaciones quedaron atendidas con lo determinado anteriormente. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en el capítulo 7, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. 7.1. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos del cuaderno incidental, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 7.2. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. 8. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ay
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de veintitrés de febrero del año en curso, remite constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: En veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio registrado con folio 2709, la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés, se concedió a Araceli Molina Flores, por sí y en representación de la infante de iniciales L.R.S.M., el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Dejar insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa; y, En su lugar, emita otra en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa. 2. Ejecutoria. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio 92/2023 de ocho de febrero de dos mil veintitrés, recibido en este órgano jurisdiccional en auto de diez de febrero actual, se tuvo a la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia de su acuerdo dictado el ocho de los actuales, dentro del juicio ordinario oral familiar 558/2022, con el que -afirma- se da cumplimiento con los efectos del fallo protector, puesto que dejó insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa; y, emitió otra determinación que a su consideración se satisfacen las directrices dadas en ejecutoria. 4. Defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Así, una vez analizado el contenido íntegro del citado proveído, este órgano jurisdiccional advierte que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia. Se explica: Ciertamente, en la primera parte de la determinación emitida por la Jueza Tercero de Primera Instancia, se observa que se dejó sin efectos la orden de protección dictada en auto de veintidós de octubre de dos mil veintidós, con lo cual se satisface la primera parte de los efectos de la sentencia de amparo. Sin embargo, respecto del segundo -En su lugar, emita otra en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa-, éste no se encuentra cumplido en los términos en los que se ordenó en la ejecutoria. Ello es así, porque la autoridad responsable no tomó en cuenta a cabalidad la parte considerativa de la sentencia de que se trata en la que se estableció que: ". Como se ve, la juez natural ordenó restricciones a la quejosa de causar molestias, agredir y amenazar al demandado -aquí tercero interesado-; de abstenerse de acudir al domicilio donde reside y labora; de llamarle por teléfono o medios electrónicos, ya sea de forma directa o a través de terceras personas; y, de acercársele a una distancia no menor de 100 cien metros. Y, se observa que los argumentos que se establecieron para motivar esa decisión judicial, se hicieron descansar en los hostigamientos y amenazas referidos por el demandado -tanto en el escrito de contestación de demanda presentado veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, como en el diverso ocurso a través del cual dio cumplimiento al requerimiento realizado el once de octubre de ese año (marcado con el arábigo 2), mismo que se acordó en la fecha que se decretó la medida de protección- y que dijo acreditó de manera indiciaria con la denuncia en línea presentada ante la Fiscalía General del Estado, registrada con el folio PD/1322/0822P, anexa al escrito de contestación. Luego de ello dijo concatenar las manifestaciones vertidas por el solicitante de la medida -sin exponerlas-, con la denuncia; asimismo, con el contenido de las constancias que glosan el expediente -sin especificar cuáles-, para luego entrar al fondo de la solicitud y decretar orden de protección en favor del demandado, tomando en consideración -dijo- lo dispuesto por los artículos 314, 316, 318, 322, 324 fracciones II y III y relativos del Código Familiar del Estado, a efecto de evitar que siga siendo víctima de una posible violencia y sobre todo a efecto de que tenga oportunidad de ejercer sus derechos humanos sin que la presunta agresora se lo impida. En ese contexto, se concluye, la juez responsable de manera categórica se limitó a realizar meras afirmaciones dogmáticas, sin explicar o establecer las bases que motivaron tales razonamientos; es decir, primeramente resultaba necesario exponer en qué consisten los hostigamientos y amenazas referidos por el demandado; es decir, cuáles son esas manifestaciones que expuso al solicitar la medida de protección, pues no basta que de manera reiterada aluda a ellas sin dejarlas establecidas en la medida de protección. Hecha esa precisión, estará en condiciones de poder establecer cuáles son los actos de violencia familiar en el asunto, que encuadran en el artículo 317 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; que textualmente dice: ( se transcribe) Para luego, determinar que esos actos de violencia se corroboran con la denuncia en línea presentada ante la Fiscalía General del Estado, registrada con el folio PD/1322/0822P y con las diversas constancias que glosan el expediente que sirvan de motivación para ese efecto, exponiendo razonamientos suficientes que acrediten el dicho del solicitante de la medida de protección. Lo anterior, es así, pues no basta la expresión de argumentos que contienen manifestaciones genéricas y abstractas, sino que se debe precisar y/o especificar de qué manera se actualizan los actos de violencia a que se refiere el demandado -aquí tercero interesado- y que acreditó de manera indiciaria, pues sólo bajo esa perspectiva, podrá tener por acreditada la necesidad de la medida de protección solicitada. Aspectos que, corresponde valorar a la responsable, para que de manera fundada y motivada se pronuncie sobre la medida de protección solicitada; pues la autoridad responsable como rector del proceso familiar debe cumplir con esas formalidades. (.)" Se afirma de tal manera, porque al analizar la nueva determinación incurre de nueva cuenta en las mismas irregularidades; pues no obstante que se le otorgó libertad de jurisdicción, lo cierto es que se encontraba obligada a analizar las principales consideraciones que sirvieron de sustento para conceder la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En efecto, del auto que dicó en cumplimiento se desprende que realizó lo siguiente: -Dejó insubsistente el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós. -Estableció la competencia para resolver la solicitud puesta a su consideración por el aquí tercero interesado. -Describió los elementos de prueba que sustentan su determinación; a saber: a) la solicitud realizada de la medida de protección realizada en el escrito de contestación de demanda, junto con sus anexos 'denuncia electrónica PD/1322/0822P'; b) audiencia de conciliación de seis de octubre de dos mil veintidós; y d) audiencia preliminar de doce de enero de dos mil veintitrés. -Otorgó valor probatorio pleno a las referidas probanzas. -Explicó lo que debe entenderse por violencia intrafamiliar y violencia psicológica. -Expuso los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas con el derecho a la privacidad de las partes como de terceros. -Transcribió el concepto de violencia digital, violencia mediática e intimidación sexual. -Citó diversos criterios jurisprudenciales relacionadas con el derecho a la vida privada, derecho a la intimidad, violencia psicológica y violencia intrafamiliar (de las que resulta innecesaria su transcripción atendiendo al principio de economía procesal). -Señaló que de conformidad con los artículos 1º y 4º Constitucionales y 6º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; robusteciéndolo con los artículos 1o y 133 Constitucionales, 1º a 6º, 19, 50 y 52 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado, entre otros. -Y, al entrar al estudio del caso en concreto, determinó: "Ante esto, en el caso concreto, el aquí solicitante en su carácter de parte demandada del juicio en el que se actúa, solicita a este órgano jurisdiccional se decrete la medida de protección que solicita en la forma y términos de su escrito, y la insistencia en la audiencia preliminar en la etapa de revisión de medidas, sobre el tema el demando insta para que persista, situación por la que considerando las pruebas antes enunciadas y valoradas, nos lleva al conocimiento de que como lo refiere el demandado, justifica la necesidad de la medida de protección con las anteriores probanzas, mismas que entrelazadas nos permiten conocer que su necesidad se deriva del hecho de que la actora realiza actos de hostigamiento y amenazas lo que se evidencía con los mensajes que le envía, además de aquéllas publicaciones en las que incluso oferta dinero para su localización, lo que lo orillado (sic) a verse en la necesidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado como se advierte de las capturas de pantalla, sin que deba pasarse por desapercibido el hecho de que tanto en la denuncia de conciliación como en la audiencia preliminar ambas partes estuvieron de acuerdo en que no habría contacto entre ellos más que para lo más necesario y relacionado con la niña, estableciendo para ello como único medio de comunicación el Watsapp proporcionando incluso sus números telefónicos." De lo transcrito, queda de manifiesto que la autoridad responsable nuevamente se limitó a realizar meras afirmaciones dogmáticas, sin explicar o establecer las bases que motivaron tales razonamientos; pues lo que se estableció en la sentencia no sólo era que citara el concepto de los diferentes tipos de violencia y tampoco que únicamente señalara cuáles son esos actos de violencia que consideraba son los que realiza la aquí quejosa, como lo hizo al señalar: "se deriva del hecho de que la actora realiza actos de hostigamiento y amenazas"; sino resultaba imprescindible que expusiera las razones por las que considera que la actora realiza tales actos, tomando en cuenta las manifestaciones del solicitante, las cuales incluso nuevamente omitió señalar; así como las pruebas con las que así lo acreditara aunque sea de manera indiciaria; pues si bien del auto que se analiza citó y valoró las probanzas que tuvo agregadas a los autos, lo cierto es que no las relacionó con las circunstancias fácticas que dice haber señalado el demandado y mucho menos las encuadró con el marco normativo expuesto. Aunado a ello, del auto que se analiza, indicó que los actos de hostigamiento y amenazas (se reitera, sin especificar en qué consisten), quedaban evidenciados con los mensajes que le envía; sin embargo, de la relación de pruebas que hizo no se advierte nada relacionado con mensajes ni de qué tipo, por lo que ello también resulta ser una afirmación sin sustento alguno. En consecuencia, por lo anterior expuesto debe tenerse por no cumplido en su totalidad el fallo protector Cabe señalar que con lo anterior determinado quedan atendidas las manifestaciones del asesor jurídico del menor de edad a través de su escrito de cuenta. 5. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es: Dejar insubsistente la orden de protección dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, a favor del demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, dentro del juicio ordinario oral familiar número 558/2022, que ordenó restricciones a la quejosa; y, En su lugar, emita otra en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la medida de protección solicitada por el demandado Jimmy Sánchez Álvaro -tercero interesado-, contra la quejosa. 6. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En el entendido de que si retrasan el cumplimiento por medio de evasivas o realizan comportamientos procesales inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
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- Araceli Rodríguez Cruz226/2023