Araceli Ramos Martínez

Expediente 360/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
360/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Araceli Ramos Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 15290/2021, con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, con el que transcribe el auto de veinticuatro de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 543/2021, del que se advierte acusa recibo de la misiva con la que le fue devuelto el original del expediente aludido, tramitado con motivo de la demanda promovida por ****, por propio derecho, e informa que no obstante que no comparte el criterio de este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda citada. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso A, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno Visto el oficio 12016/2021, remitido vía ordinaria pero con evidencia criptográfica de la Secretaria adscrita al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con el que remite por incompetencia, la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 543/2021 de su índice, promovida por Araceli Ramos Martínez, por propio derecho, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente ".reclamo la omisión de acordar y notificar mi escrito de veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, solicite la intervención legal en una carpeta de investigación y han transcurrido más de treinta días y la autoridad es omisa en acordar y notificar mi petición dejándome en estado de indefensión. La omisión de administrar justicia en mi favor y simulación de actos." ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 360/2021-VI-A. Ahora bien, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe; por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, del auto que transcribe se advierte que conforme a la precisión que hace el homólogo, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar y notificar el escrito de veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, en el que se solicitó al Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la intervención legal en una carpeta de investigación, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, por lo que estima que el competente para conocer de la demanda es un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. De la misiva de cuenta se advierte que el homólogo apuntó que el acto reclamado, no obstante ser de naturaleza omisiva, ante una eventual concesión del amparo, conlleva efectos positivos que tendrían ejecución en donde radica la responsable. Por lo que estimó carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo al apuntar: "..La quejosa anexa a su escrito inicial de demanda, el escrito dirigido al Agente del Ministerio Público, Tehuantepec, Oaxaca, recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el cual solicita acceso a una carpeta de investigación; sin embargo, en el municipio en el cual reside la autoridad este Juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. Situación que se traduce en un acto que requiere ejecución material, esto es, donde radica el Agente del Ministerio Público, Tehuantepec, Oaxaca. Por tanto, de haber una eventual concesión de amparo, los efectos del fallo protector requerirán de ejecución material, pues serán positivos, a fin de que se le dé intervención a la parte quejosa en la carpeta de investigación. En esas circunstancias, partiendo del lugar donde se ejecutarán los actos reclamados por la quejosa, es evidente que este órgano jurisdiccional no es competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión." Cabe precisar que la génesis del juicio de amparo que remite lo es porque el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, de la demanda promovida por la parte quejosa, conoció de la misma y por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ordenó registrarla con el número 543/2021, proveyendo respecto de la incompetencia para conocer de la misma, por razón de territorio, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno. En consecuencia, se estima que quien debe seguir conociendo del juicio de amparo 543/2021, promovido por Araceli Ramos Martínez, lo es el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, quien previno en el conocimiento de la demanda promovida por la aludida quejosa, mediante el auto aclaratorio de doce de mayo de dos mil veintiuno. En efecto, si bien es cierto que la propia Ley de Amparo en su artículo 37, señala que será el Juez competente el que tenga la jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución o trate de ejecutarse, es decir, en la localidad en que se encuentre el domicilio de la hoy quejosa, ubicado en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca, criterio que podría servir de referencia para establecer la competencia del presente asunto, en el sentido de considerarlo a este Juzgado de Distrito, por ser el lugar donde residen la autoridad responsable. Empero, es dable estimar que la falta de respuesta al escrito presentado por la quejosa ante la autoridad señalada como responsable, lo cual constituye el acto reclamado en la demanda de amparo, es un acto de naturaleza omisiva que no requiere ejecución material, al tener como intención obtener la respuesta al ocurso aludido, así como su notificación. Conforme con lo anterior y a lo expuesto en líneas ulteriores, el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, indica que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe aplicarse literalmente, sin emplear algún método de interpretación sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. En la especie, si se toma en cuenta que el acto reclamado emana de un derecho de petición en la cual, como ya se dijo, no conlleva una ejecución material, porque su naturaleza es meramente omisiva, el competente para conocer de la demanda es el Juzgado de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, es decir el Juzgado remitente. Lo anterior, hasta el momento de presentación de la demanda de amparo, el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no ha dado respuesta a la petición formulada mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, presentado el treinta y uno de ese mes y año. De lo anterior se aprecia el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no impone obligación alguna inmediata o directa que traiga aparejada ejecución, esa omisión no obliga al quejoso o a alguna autoridad a realizar una conducta determinada y no produce un cambio en la realidad, modificando un estado de cosas previamente existente, como en el caso, que se trata de la falta de respuesta a una solicitud, que pretendía se diera intervención a la quejosa "en una carpeta de investigación", por tanto, esa falta de respuesta no conlleva ejecución alguna, y consecuentemente, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, pues en su jurisdicción se presentó el libelo de amparo. Por tanto, como se dijo, debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que SERÁ COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA. Se comparte el criterio sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 17/2015, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y que dio origen a la tesis I.16o.A.9 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, de diciembre de dos mil quince, tomo II, visible a página 1223, de la décima época, con número de registro 2010698, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En esa tesitura, se advierte que el Juzgado de Distrito declinante en su determinación no atendió al acto reclamado en sí mismo considerado, esto es, no fue observado como la omisión por parte de la responsable combatida al momento de instar en la vía de amparo, sino que lo consideró en virtud de la posibilidad de que, con motivo del juicio de amparo promovido, el acto de mérito pueda tener ejecución. Empero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, no se desprende la factibilidad de que, para determinar la competencia por razón de territorio del juez de distrito para conocer del juicio de derechos fundamentales, el acto reclamado sea considerado atendiendo a la posibilidad de que su resultado puede tener como consecuencia la ejecución del acto reclamado, sino que, en todo caso, debe atenderse el acto como fue impugnado, de tal manera que si éste constituye una omisión de la autoridad responsable, ésta por sí misma no trae consigo algún efecto distinto a dicha inhibición ni tampoco requiere ejecución material alguna, pues se insiste, en el caso la responsable incurre en una conducta de omisión. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia registro 2016503, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible a página 3340, Tomo IV, Marzo de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO REQUERIR EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, una de las cuales dispone que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que esa regla competencial debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método: sistemático, teleológico, lógico, u otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad y eficiencia de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En consecuencia, una omisión como la abstención del Ministerio Público de investigar e integrar una averiguación previa, notificarla al quejoso y desahogar las pruebas ofrecidas en ella, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requiere de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido." Así como en lo conducente, la jurisprudencia registro 2008962, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1694, Tomo II, Abril de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Es pertinente tener en cuenta que, si el acto en sí mismo considerado es una omisión que como tal carece de ejecución material alguna, no es necesario hacer interpretaciones adicionales para determinar si tal omisión, al fin de cuentes, posiblemente tenga efectos positivos, eventualmente, como por ejemplo, si se otorga a la parte quejosa el amparo solicitado; ello en virtud de que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es literal en su expresión al establecer que si el acto reclamado no requiere ejecución material -como en el caso concreto que se reclama una omisión de la autoridad responsable- es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Interpretación literal que además permite lograr el objetivo plasmado en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque como se ha dejado de manifiesto frente al reclamo de una omisión que por sí misma carece de ejecución material, no es procedente recurrir a interpretaciones adicionales sino estimar que, ante ese estado de cosas, es competente para conocer de la demanda de amparo relativa al juez ante el que se presente. Orienta a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), Registro 2006529, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Es aplicable a lo anterior, la Tesis: VII.2o.T. J/63 K (10a.), registro 2021783, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Atendiendo a los anteriores razonamientos, se estima que la competencia para resolver el juicio de amparo de mérito, corresponde al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; en tal virtud, procede remitir a dicho homólogo la demanda de amparo que envió. Lo anterior, en términos de que, hasta el momento lo que se deduce es la competencia en función de si el acto reclamado tiene o no ejecución material, sin que se pueda prejuzgar desde ahora el posible surgimiento de alguna situación diferente en relación con las reglas de competencia; por tanto, indubitablemente no se analiza sobre que surja una posible causa diferente de competencia para cualquiera de los dos jueces. Pues se insiste, de la lectura integral de la demanda de y su anexo, se advierte que el quejoso se duele, en esencia, de que el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, hasta el momento de presentación de la demanda de amparo, no ha dado respuesta a la petición formulada mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, presentado el treinta y uno de ese mes y año. De lo anterior se aprecia el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no impone obligación alguna inmediata o directa que traiga aparejada ejecución, esa omisión no obliga al quejoso o a alguna autoridad a realizar una conducta determinada y no produce un cambio en la realidad, modificando un estado de cosas previamente existente, como en el caso, que se trata de la falta de respuesta a una solicitud, que pretendía dar intervención a la quejosa "en una carpeta de investigación", por tanto esa falta de respuesta no conlleva ejecución alguna, y consecuentemente, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, pues en su jurisdicción se presentó el libelo de amparo. No se comparte el criterio transcrito porque las hipótesis relativas al acuerdo favorable a la petición y el eventual inicio del trámite de pago son ajenas y no necesariamente inminentes respecto del acto reclamado que se circunscribe a la omisión de contestar la petición, el cual, como ya se dijo, no conlleva una ejecución material, porque su naturaleza es meramente omisiva, que no modifica ni altera el estado de cosas existentes, es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la omisión de la autoridad, y respecto de ese tipo de actos, según se vio, se actualiza la regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 y 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como se anticipó este juzgado de Distrito, no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase VÍA ELECTRÓNICA a dicha autoridad la demanda del juicio de amparo 543/2021, promovida por Araceli Ramos Martínez; solicitándole atentamente informe a este órgano jurisdiccional lo que tenga a bien acordar en relación con lo aquí expuesto, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme con el oficio remitente y copia de la demanda que al efecto originó este asunto. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Cúmplase.

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