Anuar Pineda López Lena

Expediente 329/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
329/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Anuar Pineda López Lena
  • Anuar Pineda López Lena y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso Anuar Pineda López Lena, mediante el cual solicita copia simple de todo lo actuado; en su atención, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídanse las constancias que peticiona, por conducto de la persona que autorizó para tal efecto, previa razón de recibido quede en autos. En ese sentido, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de las constancias, previamente deberá generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendida por el personal adscrito en la reproducción fotostática de las documentales que refiere, en el entendido de que, conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos, por lo que en caso de no ser posible concluir en dicha temporalidad, tendrá que gestionar nuevamente su ingreso, y así sucesivamente, hasta que se concluya la encomienda. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B

  3. Principal

    : Salina Cruz, Oaxaca, a diez de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, para resolver respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por este Juzgado en el juicio de garantías número 329/2017, promovido por Anuar Pineda López Lena y Erika Toral Jiménez, por propio derecho y en representación de su menor hijo que pretenden llamar Anuar López Lena Toral; este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Registro 192174, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir lo siguiente: I.- Anuar Pineda López Lena y Erika Toral Jiménez, por propio derecho y en representación de su menor hijo que pretenden llamar Anuar López Lena Toral, demandó el amparo contra actos del 1) Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 2) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 3) Secretario General de Gobierno, 4) Consejero Jurídico del Gobierno, 5) Director del Registro Civil, todos del Estado de Oaxaca, con residencia en la Ciudad Capital y 6) Oficial del Registro Civil, con residencia en Juchitán, Oaxaca, que hicieron consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Reclamo de las autoridades: Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; Gobernador Constitucional del Estado de Libre y Soberano de Oaxaca; Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca; Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca; su respectiva participación en el proceso legislativo del artículo 68 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Reclamo de las autoridades: Director del Registro Civil, y Oficial del Registro Civil de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la determinación y negativa de registrar e inscribir el nacimiento de nuestro menor hijo con el nombre como ANUAR LOPEZ LENA TORAL, es decir con el apellido materno del padre primero, y el apellido paterno de la madre después, tal y como lo solicitamos por escrito el día seis de julio de dos mil diecisiete." (SIC). II. Previo trámite del juicio, en sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, concedió la protección de la Justicia Federal a Anuar Pineda López Lena y Erika Toral Jiménez, por propio derecho y en representación de su menor hijo que pretenden llamar Anuar López Lena Toral, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara literalmente lo siguiente: ". a) No se deberá aplicar a la parte quejosa, en el presente ni en el futuro la fracción V, del artículo 68, del Código Civil de Oaxaca, que se determinó inconstitucional; b) El Oficial del Registro Civil de Juchitán, Oaxaca, deberán dejar insubsistente el acto de aplicación de la fracción declarada inconstitucional, consistente en el oficio de diez julio de dos mil diecisiete; c) Hecho lo anterior, la autoridad ejecutora en el ámbito de su respectiva competencia, deberá hacer las anotaciones pertinentes únicamente en el acta de nacimiento que se expida y que debe obrar glosada en el libro correspondiente, para efecto de asentar el orden de apellidos del menor quejoso (apellido materno del padre y paterno de la mamá), prescindiendo de la aplicación de la fracción V, del artículo 68 del Código Civil de Oaxaca y sin perjuicio del cumplimiento de lo demás requisitos legales; debiéndose anotar que dicho orden en los apellidos se llevó a cabo en cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo; y, d) Se deberá ordenar y dejar asentado en la propia acta que la responsable ejecutora, al expedir las certificaciones de datos y/o fotocopias certificadas del acta de nacimiento del menor quejoso, omitirá asentar cualquier anotación respecto de la razón del orden de apellidos de ese menor, salvo petición expresa de su representante o del propio menor, sin perjuicio del derecho de terceros (foja 130). ." III. Por acuerdo de fecha veinticinco de enero del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió al Oficial del Registro Civil, con sede en Juchitán, Oaxaca, para que diera cumplimiento en sus términos con lo ahí establecido (fojas 197 y 198). IV. Mediante oficio número 50/2018, signado por el Oficial del Registro Civil, con sede en Juchitán, Oaxaca, refirió dar cumplimiento con la sentencia ejecutoriada remitiendo copia certificada del registro de nacimiento del menor (foja 222- 224). Ahora bien, de la copia certificada de la constancia de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que el Oficial del Registro Civil, con sede en Juchitán, Oaxaca, cumplió en sus términos con la concesión del amparo, dado que para el registro del menor Anuar López Lena Toral, desatendió lo dispuesto en la fracción V, del artículo 68, del Código Civil de Oaxaca, realizando las anotaciones pertinentes (foja 234). Por otra parte, en el escrito de cuenta signado por Alicia Méndez Morales, representante especial del menor Anuar López Lena Toral, refiere que la sentencia no está cabalmente cumplida en virtud de que la responsable no acredita el cumplimiento del inciso d) del considerado octavo de la sentencia; al respecto, no le asiste razón a dicha representante en razón que de la copia certificada del atestado del citado menor se aprecia la anotación siguiente: "Se levanta el siguiente registro en base al juicio de amparo número 329/2017 mesa II-B, emitido por el Juez Séptimo de Distrito de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, los progenitores presentaron acta de matrimonio número 608 con fecha 01/12/2015, celebrado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, certificado folio 021146781, cartilla de vacunación, credenciales de electores de los padres y de los testigos, pago condonado, gratuidad a favor de niños, niñas adolescentes". De ahí que su argumento resulte irrelevante. Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, el pleno goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida la sentencia en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese. II-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a quince de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Oficial del Registro Civil, con residencia en Juchitán, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, remite copia certificada del registro del acta de nacimiento del menor Anuar López Lena Toral. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese Personalmente. II-B

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