Araceli Perez Martínez

Expediente 591/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
591/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Araceli Perez Martínez

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Araceli Pérez Martínez y Cuauhtémoc Guerra López, contra actos del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones II y VII de la Constitución Federal del País, 35, 107, 108, 115, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente con el número 591/2017, anótese su ingreso en el libro de gobierno, por cuerda separada tramítese el incidente de suspensión, pídase a las responsables su informe justificado, que en términos del artículo 117 de la ley de la materia, deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia de este juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañen, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, se les impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), en términos del artículo 260, en relación con el 238, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio, que mediante Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, así también la forma en que se distribuirán los asuntos de su conocimiento, a partir del día siguiente al cierre del citado órgano jurisdiccional; por lo que no ha lugar a tenerlos como autoridades responsables al citados jueces. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que señala: ".Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que en el Acuerdo General 12/2016, se desprende que los expedientes del índice de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, serían distribuidos equitativamente entre los demás juzgados penales existentes en esta ciudad de Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que al momento de rendir su informe justificado, informen si les fue turnada causa penal alguna donde se hubiera librado orden de aprehensión en contra de los quejosos Araceli Pérez Martínez y Cuauhtémoc Guerra López, y en caso afirmativo lo hagan del conocimiento de éste órgano jurisdiccional en los términos antes indicados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, una vez que las autoridades responsables rindan su informe justificado. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, con fundamento en los artículos 5° fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo citado, por identidad jurídica, la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Se tiene a los promoventes del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y como autorizadas en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Jorge Eduardo Franco Jiménez, Edna Georgina Franco Vargas y Nicolás Gopar Cortes, y sólo para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en su demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Edna Georgina Franco Vargas, para consultar vía internet la versión electrónica del presente juicio de garantías, y se ordena agregar al expediente electrónico el usuario EDNAFRANCO, para ese efecto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, toda vez que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el quejoso solicita que al dictarse la sentencia respectiva, se omita publicar sus datos personales; por tanto, hágase esta circunstancia del conocimiento del Administrador Regional en el Estado de Oaxaca, Encargado del Módulo de Acceso a la Información en esta ciudad, Órgano Administrativo adscrito a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil diecisiete . Previo al trámite del presente cuaderno referente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 591/2017, conviene señalar que el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión librada en contra de la parte quejosa, por lo que la sustanciación del mismo se regirá conforme a la Ley de Amparo abrogada; lo anterior en términos del artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Vigente, que dispone: "DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Por lo tanto, se provee: como está ordenado con esta fecha en el expediente principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 591/2017, promovido por Araceli Pérez Martínez y Cuauhtémoc Guerra López, contra actos del juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, en esta ciudad, y otras autoridades. Pídase a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, acompañando copia certificada del mandamiento privativo de libertad y en el informe precisen cuales son los delitos, incluyendo sus modalidades, que se imputan a los quejosos, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño, para los efectos precisados en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, con apercibimiento para la autoridad judicial que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en lo dispuesto en el normativo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, conforme al numeral 2°, de este último ordenamiento legal, se le impondrá multa de diez unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto). Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio, que mediante Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, determinó la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, así también la forma en que se distribuirán los asuntos de su conocimiento, a partir del día siguiente al cierre del citado órgano jurisdiccional; por lo que no ha lugar a tenerlos como autoridades responsables al citados jueces. Con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que al momento de rendir su informe previo, informen si les fue turnada causa penal alguna donde se hubiera librado orden de aprehensión en contra de los quejosos Araceli Pérez Martínez y Cuauhtémoc Guerra López, y en caso afirmativo lo hagan del conocimiento de éste órgano jurisdiccional en los términos antes indicados. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente de suspensión. Ahora bien, para el caso de que la penalidad del delito por el que se sigue el proceso relativo al quejoso, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 20 de la Constitución Federal en vigor, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, se concede la suspensión provisional respecto a la ejecución del mandamiento privativo de la libertad reclamado; medida precautoria que surte sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si no se cumplen con los siguientes requisitos de eficacia; a).- Que exhiba cada uno de los quejosos a favor de este Juzgado de Distrito, dentro del término de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la ley; b).- Obligadamente comparezcan ante el Juez de la causa, dentro del plazo de tres días, para que rindan su declaración preparatoria y continúen el procedimiento penal; obligación que también corresponde al juez de la causa para recibir la comparecencia de los agraviados para los efectos indicados, con independencia de la exhibición por parte de éstos de la garantía establecida; c).- Se presenten cada quince días, ante el Juez de la causa, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo abrogada, debiendo los quejosos, dentro de las siguientes setenta y dos horas, acreditar ante este Juzgado de Distrito, el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el inciso b), con apercibimiento que de no realizar éstas, o no acreditarlas aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal; medidas de aseguramiento del quejoso, que se implementan a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele el amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, Tomo V, mayo de 1997 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el título: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." En tanto que si los delitos por los que se instruye el proceso a los quejosos, no permiten el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a la fracción I, del precepto constitucional citado, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido los aquí quejosos, queden a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sean internados, así como a disposición del Juez de la causa, por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Una vez transcurrido el término de setenta y dos horas concedido para exhibir la garantía económica respectiva, comuníquese a las autoridades responsables si se cumplió con ese requisito; en la inteligencia que de no haberlo verificado los quejosos, o de no efectuar la comparecencia y presentación personal ante el Juez responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar la orden de aprehensión combatida, respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso comuníquese a las responsables. La presente suspensión durará hasta que se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Hágase saber a la parte quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, con fundamento en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas, resolviéndose este incidente de suspensión, conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que privilegia los principios de impartición de justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo citado, la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Se tiene a los promoventes del amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y como autorizados en términos del artículo 27, párrafo segundo, primera parte, de la Ley de Amparo abrogada, a Jorge Eduardo Franco Jiménez, Edna Georgina Franco Vargas y Nicolás Gopar Cortes, y solo para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en su demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE.

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