Araceli Catalán Vázquez y Otros.

Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
76/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Araceli Catalán Vázquez y Otros.
  • Sandra Sarahí Sánchez Marcos
  • Araceli Catalán Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. Asimismo, remítase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio para los efectos legales conducentes. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Araceli Catalán Vázquez, Sandra Sarahi Sánchez Marcos y Eduardo Silva Vargas, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, en términos de lo expresado en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando séptimo de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta de los que se advierte que se encuentra programada para el día de la fecha la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el plazo con el que cuenta la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que rinda el informe justificado que le fue requerido en auto de siete del presente mes y año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto el escrito signado por Araceli Catalán Vázquez, representante común, atento a su contenido, y toda vez que lo hace dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; téngase ampliada su demanda, respecto al nuevo acto consistente en el auto de quince de febrero del año en curso, emitido por la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia visible a página 549, Tomo X-Agosto, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, cuy rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del análisis de criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema, se llega al conocimiento de que no sólo se puede ampliar la demanda de garantías antes de que todas las responsables rindan su informe, sino también cuando se dan las siguientes condiciones: 1) que a través de los informes emitidos por algunas de dichas autoridades, o por todas, el quejoso conozca la intervención de otras en la realización de los actos que reclama o la existencia de nuevos actos que violen sus garantías; y 2) que tal ampliación se haga dentro del término legal para ejercer la acción constitucional, el cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de amparo, es de quince días y empieza a correr a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del auto por el que se haya dado vista al quejoso con los aludidos informes. Así pues, como en el presente caso se reúnen esos requisitos, es obvio que la negativa a dar trámite a la ampliación de demanda resulta ilegal." Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación de demanda, pídase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, y que integran el expediente laboral 439/2015, a partir del auto de ejecución del laudo, a la presente data en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de estas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, así como también si omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual se le hace saber que, si omite manifestar si han cesados los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. Es aplicable al caso concreto la Tesis I.1o.A.E.62 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, visible a Página 2550, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Décima Época, cuyo rubro prescribe: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa." De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete.

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