Araceli Catalán Vázquez y Otros.
Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Araceli Catalán Vázquez y Otros.
- Araceli Catalán Vázquez
- Eduardo Silva Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio 4161/2023 recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se instruye al oficial judicial "C", adscrita a este juzgado federal encargada del trámite del presente juicio de amparo indirecto 226/2019, que integre debidamente el expediente electrónico del mismo, a partir del auto de diez de abril del año en curso. Asimismo, se hace del conocimiento de la superioridad que en acuerdo de diez de abril del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con el que informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, luego, la siguiente actuación fue la resolución de quince de junio de la presente anualidad en la que se declaró que existía imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector y se ordenó enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, siendo todas las actuaciones que existen en este expediente, hasta el dictado de este acuerdo, por ende, no se ha recibo escrito a través del cual se haya tenido a alguna de las partes interponiendo recurso de inconformidad con contra de la citada resolución de quince de junio de este año, en la que se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio constitucional, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar en el incidente de inejecución de sentencia 25/2023, de su índice.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector; ello, a través del oficio 2287/2023, recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, al cual adjuntó copia certificada del acuerdo de siete de febrero del dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral 439/2015, con la que a su criterio, se justifica la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó de manera personal por conducto de su autorizado el trece de abril de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "1.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en caso de no haberlo hecho, de inmediato gire el oficio ordenado en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a efecto de que realice el cobro de la multas hecha efectiva ahí especificada, asimismo otorgue un plazo prudente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que realice el cobro o informe la imposibilidad que tenga para ello. Se puntualiza que quien aquí resuelve se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 2287/2023 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del auto de siete de febrero del año en curso, dictado en el expediente laboral 439/2015. Documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: "- - - Chilpancingo, Guerrero; a siete de febrero del año dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La Licenciada Enriqueta Bello Cienfuegos, Secretaria de Acuerdos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene por recibido ante este Tribunal los oficios números 26639/2022 y 1816/2023, signado (sic) por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, deducido del juicio de garantías número 180/2020, promovida por la C. Elvia Herrera Gálvez, en su carácter de Síndica Procuradora del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA, GUERRERO, parte demandada en el juicio laboral número 439/2015, que promueven los CC. ARACELI CATALÁN VÁZQUEZ, SANDRA SARAHÍ SÁNCHEZ MARCOS Y EDUARDO SILVA VARGAS; Con que la Secretaria da cuenta se acuerda: Agréguese el oficio de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes; Ahora bien, atento a lo requerido por la Autoridad Federal se tiene por solicitando el cumplimiento a la Sentencia dictada dentro del juicio de amparo Indirecto laboral número 180/2020, promovido por la parte demandada, en el que se observa que se ampara al quejoso, para el efecto siguiente:- "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte dictado en el juicio laboral 439/2015 de su índice, promovido por Araceli Catalán Vázquez y otros, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Alcozauca, Guerrero. - - - 2. En su lugar, emita uno nuevo en donde, dejando intocada la parte conducente que no fue materia de análisis en el presente fallo constitucional, prescinda de sostener que ante la no localización de María Elena Vargas Cortés, para hacer efectiva la multa que se le impuso por auto de cuatro de octubre del dos mi dieciocho, dicha medida de apremio ahora se puede y debe cobrar al Ayuntamiento demandado. Y resuelva lo que en derecho considere permitente en relación con la efectividad de la citada sanción pecuniaria." Luego entonces, atento a lo ordenado por la Autoridad Federal, siguiendo los lineamientos señalados, este Tribunal acuerda lo siguiente: se deja sin efecto el auto de fecha veintiuno de enero del dos mil veinte, únicamente en lo relacionado en la aplicación de la multa impuesta al demandado, con el presupuesto del ente público, al mencionar que al ser directamente el obligado a dar cumplimiento del laudo y no los funcionarios de dicha entidad en lo personal, por considerar que dicho Ayuntamiento es quien puede incumplir con esa resolución al no reinstalar en el puesto o indemnizar a los trabajadores en el juicio laboral, en razón, que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General: (.). De los cuales se desprende el principio de seguridad jurídica el cual ha sido ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que éste, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el sistema jurídico mexicano, pues su alcance tutelar implica que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica, y por tanto, en estado de indefensión por un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. En ese tenor, el contenido esencial del mencionado derecho fundamental radica en "saber a qué, atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad, de modo que su núcleo esencial debe concebirse a partir de dos postulados, a saber: a) la certeza en el derecho del gobernado; y b) la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso de la autoridad. Así, la prerrogativa de que se habla implica que todo acto de autoridad debe tener como presupuesto de validez el respeto de situaciones jurídicas en la forma que sean reguladas por la norma evitándose así que los entes del poder público incurran en arbitrariedades o excesos. Esto quiere decir que para dar certeza jurídica al gobernado, la sanción con Ia cual se le aperciba, deberá ser la misma que en su caso se le imponga en el supuesto de no atender lo requerido por la autoridad, pues ésta es la esencial del citado derecho de seguridad jurídica del gobernado. Se hace referencia a la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS).", consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 122. Lo anterior es así, porque si este Tribunal Laboral, al decidir ejecutar la multa impuesta al demandado, con el presupuesto del ente público y no sobre el peculio de MARÍA ELENA VARGAS TORRES, quien entonces fungía como Síndica Procuradora del mencionado Ayuntamiento, como se especificó expresamente en proveído de cuatro de octubre del dos mil dieciocho, se estaría pasando por alto que aun cuando las multas constituyen medidas de apremio de las cuales pueden hacer uso las autoridades para hacer cumplir sus determinaciones, lo cierto es que éstas también se rigen por diversos principios del derecho, como lo son, entre otros, el de apercibimiento previo. Tal principio se traduce, en el hecho de que previo a la imposición de cualquier medida de esa naturaleza, la autoridad debe hacer del conocimiento del gobernado lo requerido y las consecuencias que implicará su incumplimiento, precisamente para que éste conozca a qué atenerse e caso de no cumplir y con base en ello decida si atiende o no lo requerido al efecto. Es así que cuando el Gobernado decide no atender lo peticionado por la autoridad, solamente a éste es a quien se puede imponer la medida de apremio de que se trate, por ende, al que sólo se le puede hacer efectiva, como en este caso lo fue la multa, y o a persona o ente diverso, pues para ello, se requiere la existencia de un apercibimiento previo. En función de lo anterior, si la multa decretada en acuerdo de cuatro de octubre del dos mil dieciocho, emitido en el aludido expediente laboral, le fue impuesta específicamente a la persona de MARÍA ELENA VARGAS TORRES, quien en ese momento tenía el carácter de Síndica; entonces, es evidente que este Tribunal laboral no tenía la facultad de variar la persona moral o física sobre quien la haría efectiva, como en el caso así lo realizó, pues, como se dijo, ésta debe ser congruente con el apercibimiento y su imposición, tan es así que en un primer momento se requirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, que procediera a hacer efectiva la multa precisamente en Ia persona de MARÍA ELENA VARGAS TORRES. Esto, con independencia de que la citada persona física dejara el citado cargo y no pudiera ser localizada hasta el momento para hacerle efectiva la mencionada medida de apremio que al efecto se le impuso; en virtud de que, se reitera, la efectividad de la medida debe guardar correspondencia con el apercibimiento y su imposición, para no afectar la certeza jurídica de las partes, como en el caso así aconteció. En consecuencia, este Órgano laboral se ve imposibilitado para hacer efectivo el apercibimiento decretado a la ex sindica municipal C. MARÍA ELENA VARGAS TORRES, el señalado en proveído de fecha cuatro de octubre el año dos mil dieciocho, tomando en cuenta que dicho funcionario dejo de fungir como Síndico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento Alcozauca, Guerrero, toda vez que como es de conocimiento público, fueron la toma de protesta en los Ayuntamientos que componen los Municipios del Estado de Guerrero, constituyéndose un hecho notorio para los efectos legales correspondientes. (.). Por lo anteriormente expuesto y considerado, este Tribunal se ve imposibilitado para hacer efectivo eI apercibimiento decretado en dicho auto a la C. C. MARÍA ELENA VARGAS TORRES, ex sindica procuradora, de esa municipalidad, y menos aún a quien actualmente ostente ese cargo, toda vez que no se puede realizar la valoración sobre si un funcionario que funge actualmente como Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Alcozauca, Guerrero, fue contumaz respecto del cumplimiento del requerimiento de pago que se hizo, si previo a ello no se le apercibió en el sentido de la medida de apremio que proceda a la conducta contumaz asumida, pues no se le ha dado la oportunidad de cumplir voluntariamente, lo que violentaría su garantía de audiencia, lo anterior tiene sustento legal por analogía en el criterio jurisprudencia que a la letra dice: (.). De la transcripción anterior, se advierte que existe impedimento legal para hacer efectiva la multa impuesta a la parte demandada en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 439/2015; por ende, aun cuando, este Juzgado está obligado de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, ello siempre y cuando se esté dentro de las posibilidades; por ello, es obvio, que lo procedente es DECLARAR QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para cumplir con la ejecutoria en el presente asunto, ello, en términos de lo dispuesto por el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo. En ese orden, y al haberse determinado que existe imposibilidad para cumplir con el efecto amparador, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiéndose formar cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente de amparo que nos ocupa. La anterior determinación, tiene sustento además, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Tesis 2a./J. 44/2017 (10a.) Página 490, de la literalidad que sigue: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
(CITATORIO PARTE QUEJOSA) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2023, QUE DICE:Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector; ello, a través del oficio 2287/2023, recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, al cual adjuntó copia certificada del acuerdo de siete de febrero del dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral 439/2015, con la que a su criterio, se justifica la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó de manera personal por conducto de su autorizado el trece de abril de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "1.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en caso de no haberlo hecho, de inmediato gire el oficio ordenado en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a efecto de que realice el cobro de la multas hecha efectiva ahí especificada, asimismo otorgue un plazo prudente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que realice el cobro o informe la imposibilidad que tenga para ello. Se puntualiza que quien aquí resuelve se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 2287/2023 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del auto de siete de febrero del año en curso, dictado en el expediente laboral 439/2015. Documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: "- - - Chilpancingo, Guerrero; a siete de febrero del año dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La Licenciada Enriqueta Bello Cienfuegos, Secretaria de Acuerdos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene por recibido ante este Tribunal los oficios números 26639/2022 y 1816/2023, signado (sic) por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, deducido del juicio de garantías número 180/2020, promovida por la C. Elvia Herrera Gálvez, en su carácter de Síndica Procuradora del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA, GUERRERO, parte demandada en el juicio laboral número 439/2015, que promueven los CC. ARACELI CATALÁN VÁZQUEZ, SANDRA SARAHÍ SÁNCHEZ MARCOS Y EDUARDO SILVA VARGAS; Con que la Secretaria da cuenta se acuerda: Agréguese el oficio de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes; Ahora bien, atento a lo requerido por la Autoridad Federal se tiene por solicitando el cumplimiento a la Sentencia dictada dentro del juicio de amparo Indirecto laboral número 180/2020, promovido por la parte demandada, en el que se observa que se ampara al quejoso, para el efecto siguiente:- "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte dictado en el juicio laboral 439/2015 de su índice, promovido por Araceli Catalán Vázquez y otros, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Alcozauca, Guerrero. - - - 2. En su lugar, emita uno nuevo en donde, dejando intocada la parte conducente que no fue materia de análisis en el presente fallo constitucional, prescinda de sostener que ante la no localización de María Elena Vargas Cortés, para hacer efectiva la multa que se le impuso por auto de cuatro de octubre del dos mi dieciocho, dicha medida de apremio ahora se puede y debe cobrar al Ayuntamiento demandado. Y resuelva lo que en derecho considere permitente en relación con la efectividad de la citada sanción pecuniaria." Luego entonces, atento a lo ordenado por la Autoridad Federal, siguiendo los lineamientos señalados, este Tribunal acuerda lo siguiente: se deja sin efecto el auto de fecha veintiuno de enero del dos mil veinte, únicamente en lo relacionado en la aplicación de la multa impuesta al demandado, con el presupuesto del ente público, al mencionar que al ser directamente el obligado a dar cumplimiento del laudo y no los funcionarios de dicha entidad en lo personal, por considerar que dicho Ayuntamiento es quien puede incumplir con esa resolución al no reinstalar en el puesto o indemnizar a los trabajadores en el juicio laboral, en razón, que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General: (.). De los cuales se desprende el principio de seguridad jurídica el cual ha sido ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que éste, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el sistema jurídico mexicano, pues su alcance tutelar implica que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica, y por tanto, en estado de indefensión por un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. En ese tenor, el contenido esencial del mencionado derecho fundamental radica en "saber a qué, atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad, de modo que su núcleo esencial debe concebirse a partir de dos postulados, a saber: a) la certeza en el derecho del gobernado; y b) la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso de la autoridad. Así, la prerrogativa de que se habla implica que todo acto de autoridad debe tener como presupuesto de validez el respeto de situaciones jurídicas en la forma que sean reguladas por la norma evitándose así que los entes del poder público incurran en arbitrariedades o excesos. Esto quiere decir que para dar certeza jurídica al gobernado, la sanción con Ia cual se le aperciba, deberá ser la misma que en su caso se le imponga en el supuesto de no atender lo requerido por la autoridad, pues ésta es la esencial del citado derecho de seguridad jurídica del gobernado. Se hace referencia a la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS).", consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 122. Lo anterior es así, porque si este Tribunal Laboral, al decidir ejecutar la multa impuesta al demandado, con el presupuesto del ente público y no sobre el peculio de MARÍA ELENA VARGAS TORRES, quien entonces fungía como Síndica Procuradora del mencionado Ayuntamiento, como se especificó expresamente en proveído de cuatro de octubre del dos mil dieciocho, se estaría pasando por alto que aun cuando las multas constituyen medidas de apremio de las cuales pueden hacer uso las autoridades para hacer cumplir sus determinaciones, lo cierto es que éstas también se rigen por diversos principios del derecho, como lo son, entre otros, el de apercibimiento previo. Tal principio se traduce, en el hecho de que previo a la imposición de cualquier medida de esa naturaleza, la autoridad debe hacer del conocimiento del gobernado lo requerido y las consecuencias que implicará su incumplimiento, precisamente para que éste conozca a qué atenerse e caso de no cumplir y con base en ello decida si atiende o no lo requerido al efecto. Es así que cuando el Gobernado decide no atender lo peticionado por la autoridad, solamente a éste es a quien se puede imponer la medida de apremio de que se trate, por ende, al que sólo se le puede hacer efectiva, como en este caso lo fue la multa, y o a persona o ente diverso, pues para ello, se requiere la existencia de un apercibimiento previo. En función de lo anterior, si la multa decretada en acuerdo de cuatro de octubre del dos mil dieciocho, emitido en el aludido expediente laboral, le fue impuesta específicamente a la persona de MARÍA ELENA VARGAS TORRES, quien en ese momento tenía el carácter de Síndica; entonces, es evidente que este Tribunal laboral no tenía la facultad de variar la persona moral o física sobre quien la haría efectiva, como en el caso así lo realizó, pues, como se dijo, ésta debe ser congruente con el apercibimiento y su imposición, tan es así que en un primer momento se requirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, que procediera a hacer efectiva la multa precisamente en Ia persona de MARÍA ELENA VARGAS TORRES. Esto, con independencia de que la citada persona física dejara el citado cargo y no pudiera ser localizada hasta el momento para hacerle efectiva la mencionada medida de apremio que al efecto se le impuso; en virtud de que, se reitera, la efectividad de la medida debe guardar correspondencia con el apercibimiento y su imposición, para no afectar la certeza jurídica de las partes, como en el caso así aconteció. En consecuencia, este Órgano laboral se ve imposibilitado para hacer efectivo el apercibimiento decretado a la ex sindica municipal C. MARÍA ELENA VARGAS TORRES, el señalado en proveído de fecha cuatro de octubre el año dos mil dieciocho, tomando en cuenta que dicho funcionario dejo de fungir como Síndico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento Alcozauca, Guerrero, toda vez que como es de conocimiento público, fueron la toma de protesta en los Ayuntamientos que componen los Municipios del Estado de Guerrero, constituyéndose un hecho notorio para los efectos legales correspondientes. (.). Por lo anteriormente expuesto y considerado, este Tribunal se ve imposibilitado para hacer efectivo eI apercibimiento decretado en dicho auto a la C. C. MARÍA ELENA VARGAS TORRES, ex sindica procuradora, de esa municipalidad, y menos aún a quien actualmente ostente ese cargo, toda vez que no se puede realizar la valoración sobre si un funcionario que funge actualmente como Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Alcozauca, Guerrero, fue contumaz respecto del cumplimiento del requerimiento de pago que se hizo, si previo a ello no se le apercibió en el sentido de la medida de apremio que proceda a la conducta contumaz asumida, pues no se le ha dado la oportunidad de cumplir voluntariamente, lo que violentaría su garantía de audiencia, lo anterior tiene sustento legal por analogía en el criterio jurisprudencia que a la letra dice: (.). De la transcripción anterior, se advierte que existe impedimento legal para hacer efectiva la multa impuesta a la parte demandada en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 439/2015; por ende, aun cuando, este Juzgado está obligado de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, ello siempre y cuando se esté dentro de las posibilidades; por ello, es obvio, que lo procedente es DECLARAR QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para cumplir con la ejecutoria en el presente asunto, ello, en términos de lo dispuesto por el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo. En ese orden, y al haberse determinado que existe imposibilidad para cumplir con el efecto amparador, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiéndose formar cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente de amparo que nos ocupa. La anterior determinación, tiene sustento además, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Tesis 2a./J. 44/2017 (10a.) Página 490, de la literalidad que sigue: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído once de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informando la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo; para lo cual se le requirió a efecto de que informara una vez que fuera notificado del auto que declare ejecutoriada la sentencia emitida en el diverso juicio constitucional 180/2020, o sobrevenga alguna causa que deje sin efectos dicha suspensión, además acreditar dar el cumplimiento al fallo protector, o en su defecto lo acordado en el juicio laboral de origen, sin que a la fecha haya informado al respecto a pesar de estar debidamente notificado como se aprecia de la constancias de notificación que obra en autos. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Titular o persona Física que lo represente, para que: Dentro del término de tres días hábiles al en que sea notificado del presente proveído, remita las constancias debidamente certificadas del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de no ser así, informe lo que haya proveído al respecto o el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
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