Araceli Barrios Hernandez

Expediente 1336/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1336/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Araceli Barrios Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de garantías, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio 28407/2022 que remite vía electrónica la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al cual adjunta la demanda de amparo ********************, de su índice, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por ********************, en favor de ******************** 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al tribunal declinante. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1336/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Acto reclamado. En el caso a estudio, la aquí parte quejosa reclama medularmente del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, los actos consistentes en la privación de libertad y/o detención con fines de deportación a su lugar de origen e incomunicación. 5. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto de los actos reclamados, de acuerdo a lo expresado por el promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII , de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación; por lo que precluyó su derecho de acudir nuevamente en sede constitucional a reclamar, en esencia, los mismos actos controvertidos en un juicio de amparo previo. Del contenido del numeral antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa reclame actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el consentimiento expreso o la manifestación de voluntad que entrañe el mismo, se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, como se asentó en la certificación de cuenta, debe destacarse que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que ante este juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en representación de ********************, respecto de los mismos actos y autoridades. Así entonces, debe ponerse de manifiesto que en el referido juicio de amparo, en la razón actuarial del veintidós de noviembre del dos mil veintidós, se advierte que la quejosa directa no ratificó la demanda de garantías promovida a su favor, por así convenir a sus intereses. Como consecuencia, se tuvo por no presentada en el auto de veintitrés de noviembre del dos mil veintidós, del referido asunto, y en esa misma fecha causó estado. Las constancias antes relacionadas permiten constatar que la quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, intentó otro, reclamando los mismos actos aquí combatidos, en el que manifestó su voluntad de no ratificar dicha demanda de garantías. En esos términos, queda evidenciado un consentimiento expreso por la parte quejosa de los actos aquí reclamados, pues desde el momento en el que decidió voluntariamente no ratificar la demanda en el primer juicio de amparo, demostró su intención de dar por terminada la acción de amparo en su perjuicio, lo que conlleva la aceptación de las consecuencias jurídicas que generaron los actos reclamados, que son los mismos de los que aquí se duele. Ante esa circunstancia, es claro que tal decisión repercute no solamente en el primer juicio promovido, sino también en el segundo o ulteriores que haya promovido o promueva para combatir los mismos actos reclamados, toda vez que la acción de amparo fue concluida por su voluntad y en su perjuicio, aceptando las consecuencias de los actos reclamados. Por lo tanto, se estima que el desistimiento de la quejosa en el juicio de amparo citado en párrafos que anteceden, demuestra en este asunto un consentimiento expreso de los actos reclamados, que son los mismos que combate en esta instancia constitucional. De ahí que la preclusión impida que se reestablezca su derecho y que puedan impugnar a través de este juicio de amparo nuevamente las trasgresiones a sus prerrogativas alegadas previamente en sede constitucional, si la parte quejosa cuando resintió la afectación y acudió a promover juicio de amparo se desistió del mismo por así convenir a sus intereses; por lo que, ni aun bajo el entorno constitucional y la óptica de los derechos humanos, puede hacer que sus planteamientos se vuelvan analizables en esta sede, es decir, que los actos que consintió sean sujeto a estudio. Se invocan en este asunto como hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado. 5.1 Criterio legal. Resulta aplicable la tesis P./J. 3/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 7. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, al solicitante con nombre de usuario "********************", así como el correo electrónico que proporciona el promovente. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que los usuarios proporcionados correspondan efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios al licenciado ********************, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************y a ********************, por así haberlo solicitado. 7.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico y números telefónicos los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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