Apolonia Martínez Olguin

Expediente 800/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
800/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • Apolonia Martínez Olguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de doce de noviembre del año en curso (fojas 55 a 59), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Agrega oficio Agréguese a los autos el oficio 1515/2018, signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite copia certificada del laudo que emitió el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del expediente laboral 870/2014. Probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la ley en cita. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de partes de este juzgado por la vía electrónica, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 1), *** en representación de ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Junta Local de conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: "La falta de cumplimiento a los términos y plazos que marca la ley, específicamente la omisión de la única responsable de dictar laudo y de acordar escrito de 29 de agosto de 2018 donde se le solicita dicte laudo, estando el juicio paralizado sin justificación alguna, escapando dicho plazo de cualquier mora razonable y comprensible." III. Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 5 9), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *** en representación de ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 800/2018. En ese sentido, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercera interesada a la empresa moral J***, con domicilio en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 870/2014. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, del oficio de cuenta, que remitió la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte la copia certificada del laudo dictado el veintinueve de octubre del presente año (fojas 43 a 54), en los autos del expediente laboral 870/2014. Conviene digitalizar el punto resolutivo del laudo emitido por la autoridad responsable: ... Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizada la probanza anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado constituye la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 870/2014, y dado que obra en autos que el veintinueve de octubre del año en curso (fojas 43 a 54), se emitió el mismo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, ello implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 41).

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en el presente juicio, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (foja 21). Lo anterior es así, dado que, según consta la notificación del acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, se efectúo por lista de acuerdos, el veinticuatro de los actuales. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, para su celebración.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 1460/2018, por medio del cual el Presidente y Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, rinde su informe justificado; póngase a la vista de las partes, conforme al artículo 117 de la ley de Amparo. Sin que haya lugar a notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga de los mismos, toda vez que el numeral 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), del citado dispositivo legal, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario. Por otra parte, se le tiene remitiendo como prueba la documental que acompaña, probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en cita. Asimismo, se agrega al sumario el oficio 2510/2018, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo que se acompaña; por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 213/2018-MM, del que se desprende que se emplazó a la parte tercera interesada ***. Ahora bien, toda vez que dicha parte, omitió cumplir con el requerimiento consistente en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término que les fue concedido; el cual transcurrió de la siguiente manera: O C T U B R E - 2018 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 14 15 Notificación 16 Surtió efectos notificación 17 Inició término 18 19 Concluyó término 20 S En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones que les resulten en forma personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Acúsese recibo y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes.

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