Apolinar Tlazalo Cortes
Expediente 1087/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Apolinar Tlazalo Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el once de marzo del año en curso, compareció Sergio Abrego Peña, en representación del quejoso Apolinar Tlazano Cortes, mediante carta poder en la cual se ratifican las firmas mediante el instrumento notarial 25,929, del Licenciado Alejandro Herrera Marín, Notario Público 3, por lo que se le hizo entrega del certificado parcelario 1100979, remitiendo copia certificada de la entrega recepción. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental anexa al oficio de cuenta, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, cabe mencionar que de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de darle contestación y/o respuestas y/o entregarme certificado parcelario y/o respuesta a su solicitud de trámite número 16651 de cinco de agosto de dos mil nueve. Ahora, al analizar las constancias de autos, así como la que remite la autoridad oficiante, se advierte que: Mediante proveído de tres de marzo del año en curso, se recibió el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informando que se ponía a disposición del quejoso Apolinar Tlazano Cortes el certificado parcelario número 1100979, expedido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Así, de las constancias que se reciben en copia certificada, adjuntas al oficio de cuenta, se aprecia que, el once de marzo del año en curso, Sergio Abrego Peña, en representación del quejoso Apolinar Tlazano Cortes compareció a las oficinas que ocupa la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y recibió el mencionado título de propiedad. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de darle contestación, respuesta o entregarle el certificado parcelario o darle respuesta a su solicitud de trámite número 16651 de cinco de agosto de dos mil nueve, sin embargo, ya obran en autos las constancias de las que se advierte que: Ya fue entregado al quejoso el certificado parcelario 1100979, expedido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el once de marzo del año en curso, compareció Sergio Abrego Peña, en representación del quejoso Apolinar Tlazano Cortes, mediante carta poder en la cual se ratifican las firmas mediante el instrumento notarial 25,929, del Licenciado Alejandro Herrera Marín, Notario Público 3, por lo que se le hizo entrega del certificado parcelario 1100979, remitiendo copia certificada de la entrega recepción. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental anexa al oficio de cuenta, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, cabe mencionar que de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de darle contestación y/o respuestas y/o entregarme certificado parcelario y/o respuesta a su solicitud de trámite número 16651 de cinco de agosto de dos mil nueve. Ahora, al analizar las constancias de autos, así como la que remite la autoridad oficiante, se advierte que: Mediante proveído de tres de marzo del año en curso, se recibió el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informando que se ponía a disposición del quejoso Apolinar Tlazano Cortes el certificado parcelario número 1100979, expedido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Así, de las constancias que se reciben en copia certificada, adjuntas al oficio de cuenta, se aprecia que, el once de marzo del año en curso, Sergio Abrego Peña, en representación del quejoso Apolinar Tlazano Cortes compareció a las oficinas que ocupa la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y recibió el mencionado título de propiedad. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de darle contestación, respuesta o entregarle el certificado parcelario o darle respuesta a su solicitud de trámite número 16651 de cinco de agosto de dos mil nueve, sin embargo, ya obran en autos las constancias de las que se advierte que: Ya fue entregado al quejoso el certificado parcelario 1100979, expedido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de marzo de dos mil veintidós. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, con el cual se da vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como su domicilio para oír y recibir notificaciones y como sus delegados, a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por los numerales 28, fracción I y 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la citada delegación, la documental anexa a su oficio, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional y déjese a vista de las partes por el término concedido para el informe justificado de mérito, para que de estimarlo necesario consulten en este órgano jurisdiccional la información contenida en el mismo, y manifiesten lo que a su interés legal convenga; lo anterior, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Ahora, del oficio de cuenta se aprecia que la autoridad responsable precisa que aún no se han reaperturado los centros de atención a trámites en las delegaciones del Registro Agrario Nacional a nivel nacional, pero al tratarse este asunto de un juicio de amparo, se pone a disposición del quejoso Apolinar Tlazalo Cortés, el certificado de derechos parcelarios número 1100979, expedido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en las oficinas que ocupa esa delegación (en el módulo de atención a trámites), a donde podrá asistir siempre y cuando cumpla con las medidas sanitarias, como el uso de cubre bocas obligatorio, debe llevar su propio bolígrafo, permitir que le sea tomada la temperatura corporal y mantener la sana distancia en esas instalaciones, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Lo anterior, comuníquese personalmente al quejoso Apolinar Tlazalo Cortés, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.Así lo resolvió y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
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