Apolinar Solis Domínguez

Expediente 903/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
903/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Apolinar Solis Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de trece de septiembre pasado, en el que se desechó de plano la demanda propuesta, interpusiera el recurso de queja en su contra, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda propuesta por la parte quejosa, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con posterioridad al TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Apolinar Solís Domínguez contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 903/2018. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye lo siguiente: El auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil 1373/2015, en el que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de apelación adhesiva interpuesto por el promovente del amparo. En el caso, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, únicamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, verbigracia: derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Se itera, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por su contenido, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, libro siete, junio de dos mil catorce, tomo I, del semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como, la tesis I.8o.C. J/2 (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". De una interpretación de los artículos citados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen, actos emitidos en juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Además, es conveniente destacar lo previsto por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII en relación con la diversa IX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (..) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.) De dichos preceptos legales, se aprecia que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entonces, por excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el que el juez responsable desechó por extemporánea la apelación adhesiva que interpuso en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 1373/2015, de su índice. Por tanto, se considera que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en atención a que ésta no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que las violaciones alegadas por el accionante en su escrito de demanda tienen efectos meramente procesales, que pueden quedar subsanadas en el momento en el que el Magistrado a quien corresponda conocer de la apelación interpuesta por su contraparte, examine las consideraciones de la sentencia pronunciada por el Juez responsable conforme a los agravios esgrimidos por el actor en el juicio natural. En caso contrario, dicha determinación puede ser combatida como violación mediante el amparo directo en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII en relación con la diversa IX, de la Ley de Amparo, si el promovente estimara que ello afectó su defensa y si aquélla trascendió al sentido del fallo. Lo anterior está sustentado de forma analógica, con la Tesis Aislada en Materia Civil, número IV.3o.C.18 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en diciembre de 2003, novena época, a la que correspondió el registro 182720, consultable en la página 1350 del tomo XVIII, de contenido siguiente: "APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA DE PLANO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si el acto reclamado consiste en el rechazo del recurso de apelación adhesiva interpuesto no es un acto que tenga efectos de imposible reparación en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, toda vez que esa violación no genera en forma inmediata y directa una afectación a alguno de los derechos sustantivos que consagra la Constitución General del país, como la libertad, la propiedad y la posesión, entre otros, pues no debe perderse de vista que el tener por no interpuesta la adhesión al recurso indicado sólo implica que en el momento oportuno el Magistrado a quien corresponda conocer del asunto en segunda instancia examinará las consideraciones de la sentencia pronunciada por el Juez de primer grado conforme a los agravios esgrimidos, en términos del artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, aplicado en forma supletoria a la materia mercantil. En el mismo marco, tampoco es factible que la invocada violación afecte en forma exorbitante a los agraviados, porque si bien es cierto que aun considerando que a éstos se les haya impedido ejercer el derecho que emana del artículo 1337, fracción III, del Código de Comercio, también lo es que el citado recurso es de carácter accesorio, porque está supeditado al resultado de lo que se resuelva en torno a la apelación principal; de manera que no implica que el Magistrado a quien corresponda conocer de la alzada ineludiblemente tenga que examinar los motivos en que se sustenta dicha adhesión, máxime que el rechazo de ese medio de defensa puede hacerse valer en el amparo directo, de conformidad con el ordinal 159, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en caso de resultar adversa la sentencia de segunda instancia y, con ello, lograr la reposición del procedimiento para que sea admitido a trámite el recurso de apelación adhesiva; de lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente." DESECHAMIENTO. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda en cuestión, conforme lo dispone el precepto 113, de la citada legislación. Apoya a lo anteriormente expuesto, la tesis número VI.2o. J/344, cuyo texto y rubro son del literal siguiente : "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel García Martínez, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 1671, y con las restricciones que impone el referido precepto legal a Guadalupe Pacheco Barradas, toda vez que en el mencionado sistema no aparece su registro; lo anterior, bajo la precisión de que el registro proporcionado por la parte promovente no corresponde a la persona designada. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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