Anuark Morán Pacheco

Expediente 358/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
358/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Anuark Morán Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en León; mediante el cual remite diligenciado el exhorto 181/2019-I, con número de orden 642, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se envió para notificar el proveído de diez de abril del año en curso al quejoso Anuark Morán Pacheco, como se advierte de la notificación realizada por medio de lista el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Dese de baja la comunicación del libro de gobierno respectivo y háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Autoridad informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Consecuentemente, al no haber actuación pendiente por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno, por tratarse de un asunto concluido.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio 2200, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con el que remite el escrito original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Anuark Morán Pacheco, copia certificada del oficio 872 signado por la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, constancias de emplazamiento de la tercera interesada, los autos del toca número 82/2019 en dos tomos, y el expediente C378/2017 del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, en un tomo. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 358/2019-I, en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo de estilo. Ahora bien, el primer párrafo del artículo 16 constitucional, prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456 del Apéndice de 1995, Tomo VI, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el particular, se observa que Anuark Morán Pacheco reclama la resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del Toca 82/2019 de su índice, la cual confirmó la diversa dictada por el Juez Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, dentro del incidente de liquidación de intereses, en la que se condenó a la promovente a pagar en favor de la tercera interesada la cantidad de $192,701.51 (ciento noventa y dos mil doscientos setecientos un pesos 51/100 moneda nacional). En atención a lo anterior, este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" (Lo subrayado es nuestro). Del análisis de este precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, no existe dato alguno que permita advertir que el acto reclamado por la quejosa sea susceptible de ejecutarse en el territorio en el cual éste Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; en todo caso, en el supuesto de que se requiera a la promovente para que realice el pago de lo condenado, esto se realizará en el domicilio procesal que señaló dentro del proceso sumario especial civil hipotecario C-378/2017, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, es decir, en el domicilio ubicado en calle Hernández Álvarez, número 720, colonia San Juan de Dios, de esa ciudad. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de territorio para conocer y resolver en definitiva el presente asunto. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el oficio de cuenta con anexos, al Juzgado de Distrito en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en León; al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, según las consideraciones anteriormente precisadas. Se le solicita atentamente al Juez de Distrito que corresponda, comunique a este Juzgado su decisión, para los efectos legales correspondientes. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en los libros de gobierno respectivos. Ahora bien, la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de la superioridad; sin embargo, dada la naturaleza del presente auto y en virtud de que de las constancias del expediente de origen se advierte que esta puede ser localizada en el domicilio ubicado en calle Hernández Álvarez, número 720, colonia San Juan de Dios, en León, Guanajuato; con apoyo en el artículo 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en León, a efecto de que en auxilio a las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a quien corresponda para se constituya en el domicilio anteriormente señalado y le notifique el contenido del presente acuerdo. Además, la requiera a efecto de que, al momento de la diligencia o en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Irapuato, Guanajuato; apercibida que, de no hacerlo en los términos indicados, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta al actuario comisionado para que, en caso de no encontrar a la persona buscada y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser localizada, se constituya en ese lugar y lleve a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro:

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