Antonio Sánchez Sánchez

Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
181/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 2 DE MARZO DE 2023, QUE A LA LETRA DICE "...agréguese a los autos el escrito signado por Antonio Sánchez Sánchez, mediante el desahoga la prevención formulada en proveído de veinte de febrero del año en curso y señala como acto reclamado la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio 423/2022, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El acto reclamado es la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad en el juicio 423/2022. En ese contexto, este juzgado advierte que en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a sus derechos; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé en su numeral 328: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. [.]" Como se aprecia legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para dejar sin efectos una notificación mal practicada u omitida, así como todo lo actuado con posterioridad a la misma. En el caso el quejoso reclama la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad en el juicio 423/2022. Dicho acto encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (la omisión de notificar la sentencia dictada en autos); por lo que el solicitante del amparo debió promover en su momento en la vía incidental, la nulidad de actuaciones, con la que hubiera dejado sin efectos todo lo actuado desde la notificación omitida. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio, en virtud de que le asiste el carácter de demandado en el juicio del que deriva el acto reclamado. d) No se trata de auto de vinculación a proceso. e) La procedencia del incidente de nulidad de notificaciones está debidamente prevista en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Sánchez..."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Sánchez, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 181/2023-VIII. Prevención. Previo a proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, en caso de ser procedente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Único.- Precise el acto reclamado, esto es, si combate la sentencia definitiva dictada en el juicio 423/2022, del índice del juzgado Segundo Civil de partido de esta ciudad, o su notificación. Lo anterior, pues en el capítulo que precisó el quejoso como "IV. ACTOS RECLAMADOS.", señala la sentencia definitiva dictada en el juicio 423/2022, no obstante, también refiere ignorar cuando se emitió pues no le fue notificada legalmente. Apercibimiento. Se apercibe al promovente de que de incumplir con el requerimiento que se le formula dentro del plazo indicado, se procederá en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá no presentada su demanda. Copias de traslado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, las que se distribuirán de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, tres para los terceros interesados, una para el incidente de suspensión que en su caso se forme y una para el agente del ministerio público de la federación adscrito. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho. Protección de datos personales. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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