Anuar García Mendoza
Expediente 1681/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1681/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Anuar García Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente provéase lo conducente. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Valoración documental. Por carecer de relevancia documental, el cuaderno del incidente de suspensión es conservable, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En el entendido, que no se formó duplicado físico del incidente de suspensión en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
"..." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Incidental
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de octubre de dos mi veintidós, Anuar García Mendoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que a continuación se transcribe: "2.- AMPLIACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De las nuevas autoridades ordenadoras y ejecutoras les reclamo: 2.1.- EI OFICIO número GZP-EILIV-C3-511/2022 (el cual anexo a la presente demanda, dentro de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000667/2022, con ASUNTO: "SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EL DIA Y HORA INDICADOS", de fecha 14 de septiembre de 2022, y signado por la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA CÉLULA III, DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN IV, EN GÓMEZ CC019 PALACIO, DURANGO; Licenciada en Derecho NADIA JULIETA SALAZAR ALVAREZ, mediante el cual ordena que el suscrito comparezca el día 20 de septiembre de la presente anualidad, a las 11:00 horas en el domicilio ubicado en Boulevard Cereso s/n, Colonia El Mezquital II (EX EDIFICIO EL CERESO No. 2), Código Postal 35067, de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, para desahogar una diligencia de carácter ministerial, en el cual también se me apercibido para que en caso de que, el suscrito no comparezca, se me multara con cien días de salario mínimo vigente en la zona, medida prevista en el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero es el caso que el suscrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, me entere de dicho citatorio el mismo día de la fecha señalada para tal diligencia, es decir el día 20 de septiembre a las 18:00 horas. Lo anterior es en virtud a que dicho citatorio, contraviene lo estipulado por los artículos 91 primer párrafo y 445 segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales se transcriben a continuación: Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. Artículo 445. Notificación de documentos procesales En aquellas asistencias que tengan como finalidad la notificación de documentos, se deberá especificar el nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se deba notificar. Cuando la notificación tenga por objeto hacer del conocimiento alguna diligencia o actuación con una fecha determinada, la misma deberá enviarse con una anticipación razonable respecto de la fecha de la diligencia. 2.2.- LA ORDEN DE COMPARECENCIA FORZOSA, misma que deriva de la inasistencia a la diligencia de carácter ministerial, mencionada en el oficio número GZP-EILIV-C3-511/2022, dentro de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000667/2022, con ASUNTO: "SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EL DIA Y HORA INDICADOS", de fecha 14 de septiembre de 2022, y signado por la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA CÉLULA III, DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN IV, EN GOMEZ PALACIO, DURANGO 2.3.- LA MULTA CONSISTENTE EN 100 DIAS DE SALARIO MINIMO, medida prevista en el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva de la inasistencia a la diligencia de carácter ministerial, mencionada en el oficio número GZP-EILIV-C3-511/2022, dentro de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000667/2022". SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 1681/2022-VIII-B, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a la autoridad responsable su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental la cual se resuelve en la presente interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, la suscrita atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: El citatorio emitido en la Carpeta de Investigación identificada con el número FED/DGO/GZP/0000667/2022. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que al rendir su informe previo, aceptó el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Suspensión procedente. La parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la emisión de un citatorio emitido en su contra. De inicio, es oportuno mencionar que la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental, por la que se ordena paralizar temporalmente la realización de la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; tratándose de resolución judicial, la suspensión necesariamente es respecto del cumplimiento de la misma y tiene por objeto preservar la materia del juicio de amparo y evitar la consumación de los actos con el subsecuente perjuicio irreparable para la parte quejosa. Luego, conforme al artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que establece la ley reglamentaria y cuando las características del acto lo permitan, por lo que debe realizarse un análisis de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En esos términos, en el caso se aprecian satisfechos los requerimientos previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, ya que existe solicitud expresa del solicitante de amparo, en cuanto al otorgamiento de la medida suspensional, aunado a que con su concesión no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, atento a que para ello debe considerarse que la comparecencia del investigado o imputado ante la autoridad ministerial, por regla general no constituye un requisito indispensable para integrar la carpeta de investigación respectiva, por lo que la suspensión de los efectos del citatorio que así lo requiere, no impide continuar en la indagación conducente, hasta determinar la procedencia o no del ejercicio de la acción penal, implicativo de que tampoco se aprecie la actualización de alguno de los supuestos a que se refiere el dispositivo 129 de la ley de la materia. En contraposición, debe evaluarse, como ya se dijo, que el indicado acto de autoridad y la pretensión de su cumplimiento, puede ocasionar efectos en la esfera jurídica del quejoso, al generarle el deber de presentarse ante la representante social responsable y consecuente con ello, la eventualidad de que, en el supuesto de no hacerlo, sea afectado temporalmente de su libertad personal, como medio de apremio, mediante el uso de la fuerza pública, por lo que es susceptible de suspensión. Al tenor del indicado contexto, en el caso examinado, se concede al solicitante de amparo Anuar García Mendoza, la suspensión definitiva respecto del citatorio de oficio GZP-EILlV-C3-511/2022, dictado en la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000667/2022, así como su ejecución, atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Cédula III, del Equipo de Investigación y Litigación IV, con residencia en Gómez Palacio, Durango. Con fundamento en los numerales 147 y 150 de la ley de la materia, atenta la naturaleza específica del citatorio combatido, al apreciarse que la continuación en la integración de la carpeta de investigación respectiva, puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al accionante, la concesión de la medida cautelar es para los efectos de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se materialice el acto de molestia reclamado y, consecuentemente, no se imponga medida de apremio a dicho justiciable ni sea presentado ante la autoridad ministerial ordenadora por conducto de la fuerza pública, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal del cual deriva este incidente. Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que para el cumplimiento y ejecución del auto de suspensión, se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de la presente ley y, en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. Asimismo, infórmese a las autoridades responsables que el dispositivo 262, fracción III de la ley en aplicación señala que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado surte sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si la quejosa no otorga garantía a satisfacción de este este órgano jurisdiccional, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., de la serie N, en el que aparezca como depositante la quejosa, y con la precisión que el deposito es para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado dentro de este expediente; o en cualquiera de las formas a que alude el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, la quejosa deberá exhibir dicha suma en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, en el entendido que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre de la quejosa como depositante, número de expediente, cantidad que ampara y el efecto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por presentada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de 1997, página 226, que dispone lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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