Antonio Valdez Lanzarin
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Antonio Valdez Lanzarin
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación puesta por el secretario de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por César Humberto Landeros González quien se ostenta como apoderado legal de Antonio Valadez Lanzarin, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio remitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea remitida copia de la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados; al respecto, dígase a la autoridad oficiante que no se esta en posibilidad de acordar de conformidad su solicitud, dado que esta juzgadora carece de las constancias relativas a la carpeta de investigación relacionada con el quejoso... por razón de que dichos documentos fueron enviados al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por dicho quejoso, en contra de la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo 1484/2017-IV, del que deriva este cuaderno de antecedentes; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; mediante oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de dicha remisión, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario, el resto destrúyanse por ser copias simples y gírese el acúsese de recibo correspondiente. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo, con transcripción del presente proveído, así como de la sentencia dictada en este juicio de control constitucional, notifíquese personalmente a la quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público Federal.
- Principal
Se notifica auto a promovente. Por recibida la demanda de amparo promovida por César Humberto Landeros González, quien se ostenta como apoderado legal de Antonio Valdez Lanzarin, contra actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis, con residencia en esta ciudad, al efecto, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 255/2018-V, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". Atendiendo a lo contenido en dichos preceptos, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Acredite el carácter con el que comparece a instar la acción constitucional, es decir, ser apoderado legal de Antonio Valdez Lanzarin; lo anterior toda vez que los documentos que anexa a la demanda de amparo para tal efecto, son copias simples, por lo que carecen de valor probatorio. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48, tomo IV, julio de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Como en la jurisprudencia número I.4o.C. J/19, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 677, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, materia civil, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de documentales carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y con ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1449, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". De igual forma, se requiere al promovente para que dentro del mismo término, exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que es una para cada autoridad responsable y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, página 170, Novena época, identificada con la tesis 1a/J. 106/2005, Materia Común, cuya literalidad dispone: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del juicio, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Hilda Elisa Flores de la Hoya, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Paola Ruiz Bocanegra toda vez que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida de la secretaria licenciada Claudia Valeria Delgado Urby, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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