Antonio Viliulfo Morales Iglesias

Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
680/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Antonio Viliulfo Morales Iglesias
  • Director del Registro Publico de la Propiedad de Comercio Y Crédito Agricola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, ni aporta mayores elementos al acervo cultural, conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generado por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, este expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y sentencia respectiva. Finalmente, tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que aún no hayan reanudado labores porque se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad de Comercio y Crédito Agrícola, residente en esta ciudad, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, lo cual no ha acontecido no obstante de estar debidamente notificada como se advierte del acuse que obra en autos. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107 Constitucional, fracción XVI, 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad de Comercio y Crédito Agrícola, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba la notificación del presente proveído, informe lo conducente en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, o bien, informe las medidas inmediatas dictadas para su cumplimiento, toda vez que atendiendo a la naturaleza del asunto, se advierte que no se está en presencia de algún asunto complejo o con dificultad. Se le apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo que se le requiere en el párrafo que antecede dentro del plazo que se le concede, o no justificar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Se considera, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos vulnerados, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informe gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que al realizar las notificaciones que surjan de este proveído, deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese electrónicamente.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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