Antonio Sandoval Ávila y Otros.
Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Sandoval Ávila y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele acusando de recibo el oficio 14007/2020, de veintiséis de noviembre del presente año, mediante el cual se le devolvieron los autos originales del toca civil 045/2020 y duplicado del juicio ejecutivo mercantil 437/2018-I. Devuélvase el presente expediente al archivo, dado que se trata de un asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando los autos originales del toca civil 045/2020 y duplicado del juicio ejecutivo mercantil 437/2018-I, que obran por separado en dos tomos de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 332/2020; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se especifican a continuación: Autoridad responsable: Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Actos reclamados: La resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca civil 45/2020, en la cual confirmó la diversa de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez de origen en la cual declaró improcedente el incidente promovido por la parte demandada para demandar la nulidad del emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. Acto que estima violatorio de los derechos humanos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Por auto de diez de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 332/2020, y se admitió a trámite la demanda; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Suspensión de funciones. El diez de marzo de dos mil veinte, se señaló para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, conforme lo dispuesto mediante Acuerdo General 4/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, suspendió las funciones de los órganos jurisdiccionales en los asuntos que consideró como no urgentes, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19; por lo que en esa data no se verificó ya que no se reanudaron labores atendiendo a los diversos acuerdos generales emitidos por el propio consejo, derivados de la contingencia, en los que se amplió el plazo de vigencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia; así una vez que se levantó la suspensión se reprogramó su celebración, por lo que finalmente el día de hoy se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio de este Órgano Jurisdiccional, a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: La resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca civil 45/2020, en la cual confirmó la diversa de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez de origen en el juicio ejecutivo mercantil 437/2018-I en la cual declaró improcedente el incidente promovido por la parte demandada para demandar la nulidad del emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el actor reclamado a la autoridad responsable (foja 60), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el original del toca civil 45/2020 y duplicado del juicio ejecutivo mercantil 437/2018-I, que adjuntó a su informe justificado, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. En el caso, la autoridad responsable expresa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo cual considera este Juzgador Federal fundado, toda vez que dicho numeral señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". Del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, o en otras palabras, que exista una situación jurídica que definitivamente impida la ejecución que motivó el ejercicio de la acción amparo por tornar inexistente el objeto o la materia del mismo. En tal virtud, la causa de improcedencia en estudio, se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Para que se actualice dicha causal, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De cumplirse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aún en el caso de que los peticionarios llegaren a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, en la medida que no habría forma de restituir a los quejosos sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Se identifica que como objeto del acto reclamado al derecho, situación o circunstancias sobre las que el acto tuvo plena eficacia, estableciendo una situación jurídica en relación con estos últimos, de tal manera que al modificarse ese derecho o circunstancias o bien, al dejar de existir, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal alguno, pues el ámbito de su afectación ha desaparecido con posterioridad a su emisión; por su parte, la materia del acto reclamado se entiende como una cosa o bien específico sobre el que incide o lo afecta, de modo que si éste se destruye o deja de existir, el acto no podría seguir surtiendo sus efectos. Así las cosas, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se concede la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir al quejoso en el goce pleno de las prerrogativas que le hubiesen sido transgredidas, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado; en otras palabras, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del que se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del accionante del amparo. Situación que acontece en el caso, según se aprecia de la relatoría de constancias del juicio natural, pues si bien subsiste la resolución reclamada, la cual es de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca civil 45/2020, en la cual confirmó la diversa de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez de origen en la cual declaró improcedente el incidente promovido por la parte demandada para demandar la nulidad del emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 437/20218-I, lo cierto es que tal decisión no puede ser reparada, dado que sobreviene un acto jurídico que imposibilita el estudio y en su caso reparar la violación alegada en el emplazamiento del juicio de origen. Lo anterior, porque en comparecencia de catorce de julio de dos mil veinte, los aquí quejosos y la actora comparecieron ante el juzgador de origen y se hizo constar que ésta última desistió de la acción intentada en el juicio ejecutivo mercantil, así como del embargo decretado en el mismo por haber llegado a un acuerdo y se solicitó que se archivara el asunto como concluido, lo que así tuvo a bien acordar el juez (foja 179 y vuelta, tomo I de pruebas). Esto pone de manifiesto que de ningún modo puede materializarse en caso de que se concediera la protección constitucional en el presente sumario, de ahí que se estime que dejó de existir el objeto, aún y cuando subsiste jurídicamente la resolución reclamada. Al respecto, apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, de diciembre de 2006, a página 189, al tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la diversa P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, voz y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo se impone sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En esa virtud, se hace innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio hayan sido emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida de que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además, en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 61, fracción XXII, 63, fracción V, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
ESTRADOS. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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