Antonio Vargas Salgado

Expediente 60/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Antonio Vargas Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: El treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se determinó que la justicia de la unión no amparaba ni protegía a Antonio Vargas Salgado. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la citada determinación, el que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con sede en esta ciudad, órgano que en ejecutoria terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil veintidós determinó revocar la sentencia recurrida y concedió el juicio de amparo, para los efectos siguientes: "Octavo. Efectos de la concesión de amparo. 1. Que el juez Quinto de lo Civil en esta ciudad, deje insubsistente la diligencia de emplazamiento; así como los actos posteriores a dicha diligencia, dictados dentro de los autos del juicio ordinario civil 769/2018, de su índice. 2. Reponga el procedimiento desde esa actuación, para conducirlo hasta su conclusión conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en el que deberá observar los lineamientos expuestos en esta ejecutoria. En el entendido, que ello deberá hacerse exclusivamente por lo que hace al demandado Antonio Vargas Salgado, aquí recurrente. Respecto a los efectos del fallo protector que quedaron precisados con antelación, se invoca el criterio jurisprudencial 1a./J. 99/2017 (10a) con registro digital 2015693, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". La concesión del amparo debe hacerse extensiva al acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil en esta ciudad; así como a los diversos actos combatidos consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucionalidad, incluidos los reclamados al Registrado Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana, Baja California; ello, ya que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras". III. Por lo que, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. IV. Luego, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el plazo de tres días a fin que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación a las constancias remitidas por las autoridades responsables. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: En proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la Jueza Quinto Civil con sede en esta ciudad, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 769/2018 de su índice a partir del emplazamiento practicado al codemandado Antonio Vargas Salgado y ordenó la reposición del procedimiento a partir de dicha actuación. Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, mediante oficio registrado con folio 6723, remitió copia certificada con firma electrónica de la cancelación de la partida 6172105, sección civil de once de noviembre de dos mil diecinueve, respecto del bien inmueble materia de la litis del juicio de origen. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente devuélvase al Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, dos tomos de pruebas que acompañó a sus informes. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, notifiqué a la parte tercero interesada Marco Antonio Rubio Rojas, la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un ligar visible y de fácil acceso de este juzgado, lo anterior en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vías de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California; atento a su contenido, se le tiene informando que cancelo la partida registral 6172105 sección civil de once de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se inscribió la sentencia dictada en el juicio prescripción positiva 769/2018 del índice del Juzgado Quinto Civil, con sede en esta ciudad, respecto de los inmuebles identificados con folio real 1049921 y 1049876, la cual genero la partida 6275406 sección civil de catorce de abril de dos mil veintidós, con motivo del requerimiento que se realizó el pasado once de abril, y al efecto remite constancia certificada con firma electrónica con la que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de dicha misiva y anexo, así como las diversas con número de registro 1835, 2249, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, corriéndoles traslado con copia de la citada documental, por el plazo de tres días legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintidós. Informa gestiones para el cumplimiento de ejecutoria. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, suscritos por el Juez Quinto Civil, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Se requiere a autoridad. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, remita copia certificada de la cancelación de la partida registral 6172105 en la que se inscribió la sentencia dictada en el juicio prescripción positiva 769/2018 de su índice. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no remitir la constancia que se le requiere en el plazo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de $9,622.00 pesos (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, cien veces; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Informa cumplimiento del amparo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Juez Quinto Civil, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Requerimiento a responsable. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional, si canceló la partida 6172105 relativa a la inscripción de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 769/2018, promovido por Marco Antonio Rubio Rojas, del índice del Juzgado Quinto Civil, con sede en esta ciudad, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.

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