Antonio Moreno Saldaman
Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Antonio Moreno Saldaman
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por desechada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, y en atención a que el quejoso Antonio Moreno Saldaman, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el citatorio que el cuatro de julio de dos mil veintidós, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del proveído de veinticuatro de junio de este año, dictado en el juicio de amparo 426-2022-VII, que dice:Tijuana, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 426-2022-VII. Desechamiento. Así entonces, hecha la lectura integral de la demanda de amparo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, debemos señalar que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: IV.- LA LEY O ACTO QUE LAS AUTORIDAD SE RECLAMA; a). - DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RESPONSABLE. - De la JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, se reclama de la autoridad responsable la falta de observancia del Artículo 916 de la Ley Federal del Trabajo vigente antes de la reforma, en la emisión del laudo o dictamen que debe emitirse en los autos del juicio 830/2018... Así, una vez analizado el escrito de cuenta, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. Para mejor comprensión, se impone reproducir el contenido de los artículos señalados en el párrafo que precede, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, asimismo, que procederá el juicio de amparo directo cuando se transgredan las leyes del procedimiento y estas últimas trasciendan al resultado del fallo dentro de los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios, del trabajo o incluso penales. Así, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando "afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo" protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, de "modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente". En consecuencia, es dable afirmar que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes dos notas distintivas: afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de tales supuestos, toda vez que al atender el contenido íntegro de la demanda que nos ocupa, se aprecia que el directamente agraviado acude a esta instancia constitucional reclamando substancialmente la omisión por parte de la autoridad responsable en dictar el laudo en el expediente laboral 830/2018 a pesar de que se citó para oír el laudo el nueve de mayo de dos mil veintidós, tal como lo afirma el propio quejoso, lo que estima es violatorio del artículo 17 Constitucional. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de prontitud y expedites en administración de justicia, dice lo siguiente: "Artículo 17.- ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela, como se apuntó, el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las determinaciones correspondientes sin dilaciones. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 130-2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribó a la conclusión en la que cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento aun cuando alegue violaciones cometidas al artículo 17 de la Ley Suprema, no pueden considerarse como ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de prosecución del trámite). En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso; lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar continuidad al procedimiento. De lo anterior, surgió la jurisprudencia 1a.-J. 7-2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, registro 2008884, que reza de la siguiente manera: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Asimismo, en lo conducente sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Tomando en cuenta los anteriores criterios emitidos por el máximo tribunal del país se tiene, que en el caso la demanda de amparo fue presentada el veintidós de junio de dos mil veintidós, y tomando en cuenta que el nueve de mayo de esta anualidad la autoridad responsable citó a la partes para oír laudo, es evidente que no se cumple con la temporalidad o plazo razonable que se requiere para estimar que existe una abierta dilación o paralización total por parte de la responsable en el dictado de dicha determinación; ya que solo han transcurrido treinta y un días, esto de acuerdo a los criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, pues para determinar si se incurrió en una abierta dilación o paralización se toma en consideración el tiempo transcurrido a partir de cuando se debió de emitir dicho acto, ya que una demora prolongada sin justificación puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos legales 8 y 17 constitucionales. Por lo que al solo haber transcurrido treinta y un días hábiles desde que se citó para oír el laudo en el juicio laboral, de manera razonable no es posible establecer que dicho plazo implique una abierta paralización del procedimiento, además de que debe tomarse en cuenta la complejidad del juicio, máxime que de acuerdo al artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, no ha transcurrido el lapso de cuarenta y cinco días y el quejoso no señala haber promovido ante la autoridad; por lo que no se considera que se afecten derechos fundamentales del aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a.-J. 48-2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. En mérito de los razonamientos expuesto lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por a Antonio Moreno Saldaman, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizado. Por otro lado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Servando Rosales Torres, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a Carlos Alberto Ledesma Martínez, por no contar con dicho registro y unicamente para oir y recibir notificaciones a Ariel Armando Cano Villegas y José Gael Ley Amador, por así haberlo solicitado. Reproducción electrónica. Como lo solicita la parte promovente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase a la parte promovente que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Antonio Guadalupe Terrones Quiroga421/2019
- Antonio Guillermo Basich Leija732/2023
- Antonio Heredia Ortiz75/2018
- Antonio Martinez Esquivel350/2021
- Antonio Mendez Noble283/2020
- Antonio Moreno Saldaman541/2022
- Antonio Niño Serrano30/2018
- Antonio Ramirez Garcia170/2018
- Antonio Ramos Martinez260/2020
- Antonio Vargas Salgado60/2020
- Apolonia Corral Enriquez210/2021
- Araceli Chicuan Ojeda997/2019