Antonio Valdez Martínez
Expediente 1413/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1413/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Antonio Valdez Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obra un anexo de pruebas exhibido por la parte quejosa; en términos artículo 18 párrafo primero del citado Acuerdo General requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger el citado documento, apercibiéndole que en caso contrario, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el juicio de amparo directo 754/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el cual contiene la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama de la Segunda Sala unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. Acúsese el recibo correspondiente. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1413/2021-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO De la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que en el capítulo del acto reclamado, los hace consistir en: En primer término, debe decirse que la demanda de derechos, debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del análisis integral de la demanda de derechos, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, tal como se precisó, en contra del acto reclamado consistente en la inadmisión del recurso de apelación promovido por el quejoso, mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 238/2021 y número único de la causa 12-2021-08575; sin embargo, dicho acto deriva de la emisión de las medidas de protección impuestas al aquí quejoso por la autoridad ministerial que conoce de la causa, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1º, fracción I, y 4º, del mismo ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal." "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor." Esto es así, en virtud de que si bien, por reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado en el sentido de establecer la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público, estableciendo de ese modo un control constitucional directo sobre las actuaciones de esa institución, relacionadas con la averiguación previa, tal impugnación sólo es factible entre otras hipótesis de excepción tratándose del no ejercicio y del desistimiento de la acción penal, pues conforme al citado precepto, la investigación y persecución de los delitos incumbe exclusivamente al Ministerio Público, luego, ninguna autoridad incluyendo las jurisdiccionales puede de ningún modo interferir en la investigación que de los delitos realice la representación social, por ser ésta, facultad exclusiva de dicha Institución. En efecto, el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer, segundo, tercer y cuarto párrafo, a la letra dicen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. (...) Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrá ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley (...)." De donde se desprende que por disposición del artículo 21 del ordenamiento legal en cita, el Estado otorga facultades a la representación social a efecto de que realice todas y cada una de las diligencias tendientes a esclarecer los hechos constitutivos de delitos, lo que implica allegarse de medios probatorios para ese fin. Bajo ese contexto, debe decirse que la quejosa se duele de las medidas de protección decretadas en su contra por la autoridad ministerial que conoce de la carpeta 12-2021-08575, actuación que deriva del artículo 21 constitucional, que como órganos investigadores los faculta para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y así, estar en posibilidad de ejercer la acción penal, en cumplimiento a lo establecido en el numeral antes invocado máxime que esta es una medida de protección para la posible parte agraviada; por tanto el desahogo de las actuaciones que llevan a cabo los órganos investigadores responsables, no causan daño o perjuicio a los ahora quejosos, ya que en estas no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos del inculpado, pues será en todo caso hasta después de la consignación de la indagatoria, es decir, del ejercicio de la acción penal cuando se afectaría la esfera jurídica de la quejosa, en el caso de que el juez del proceso conceda la petición planteada por lo que el amparo en que se impugna la integración o determinación de la indagatoria, aunado a que las medas de protección se hicieron consistir en las establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones I, II, III, V y VI, que establecen: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; (.) V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; (.)." Por lo que resulta improcedente, para lo anterior, sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Parte -2, Enero a Junio de 1990, página 689, la cual es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como también la tesis correspondiente a la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, página 264, la cual es del rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Por lo que dicha medida de protección al ser una medida y orden de emergencia, por haberse cometido en agravio de la víctima María de Lourdes Salinas Soriano, no viola el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior y posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que prevé la obligación para la autoridad judicial de no librar orden de aprehensión, sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. Ello es así, pues las medidas y órdenes de protección no tienen la finalidad de aprehender a quien se considera probable responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez para que se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son actos de urgente aplicación en función del interés superior de los menores, entre otras; además, porque no sólo puede dictarlas el Ministerio Público o un juez penal sino también uno en materia civil o familiar; de ahí que las medidas y órdenes que prevén los numerales de referencia no tienen porqué dictarse bajo las condiciones y los requisitos que establece dicho precepto constitucional para la orden de aprehensión, pues el objeto y la finalidad de las dos figuras son completamente distintas. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y en términos restringidos a las demás personas autorizadas en el escrito de demanda, por no contar con registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal y a las demás personas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Antonio Sanchez Muñoz1036/2018
- Antonio Santillan Vazquez645/2017
- Antonio Tlallixco Rodríguez986/2020
- Antonio Tlallixco Rodriguez1239/2018
- Antonio Trejo Olvera1892/2023
- Antonio Valdez Martínez1460/2021
- Antonio Valencia Islas1279/2015
- Antonio Zamora Godinez50/2019
- Antonio Zamora Godinez669/2022
- Antonio Zongua Maye1921/2022
- Anuar Gonzalez Romero1539/2014
- Apolinar Angeles Salas1421/2014