Antonio Santillan Vazquez

Expediente 645/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 44 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
645/2017
Año
2017
Actuaciones
44
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Antonio Santillan Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en virtud de que en proveído de once de diciembre del año en curso causo estado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y en específico la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo . En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Antonio Santillán Vázquez, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Glósense los cuadernos incidentales al presente juicio y hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo vigente, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal y el duplicado del incidente de suspensión son destruibles, mientras que el original es depurable. Notifíquese.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, registrado con el número de control interno 21007 y anexo consistente en copia certificada de la continuación de audiencia inicial del uno de noviembre del año en curso, en el que se vinculó a proceso a la parte quejosa Antonio Santillán Vázquez, por el delito de extorsión cometido en agravio de Carlos Alberto Aguirre Romero. Documental a las que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que el quejoso Antonio Santillán Vázquez, señaló como autoridades responsables al Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa I Adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV Adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa II Adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa III Adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Extorsiones con Detenido, Adscrita a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, en el Estado de Hidalgo y como actos reclamados, la orden de aprehensión, Presentación y/o Comparecencia librada en su contra y su ejecución, respectivamente. Posteriormente, dado que el Procurador General de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado por cuanto a su ejecución, informando, que lo es en acatamiento a lo ordenado por la Juez Penal de Control de Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en auto de ocho de junio actual, se requirió a la parte quejosa a efecto de que si era su deseo ampliar su demanda y señalar al Juez en mención como autoridad responsable; por tanto en veintiuno de junio del año en curso, se tuvo al Juez de Control como autoridad responsable. Por su parte, el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto de ejecución que se le atribuye, pues al efecto señaló que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, giró orden de aprehensión en contra del quejoso Antonio Santillán Vázquez, por el delito de extorsión cometido en agravio de Carlos Alberto Aguirre Romero, en la causa penal 192/2017 de su índice, lo que hace evidente la ejecución de dicha orden, reclamada al Agente de la Policía Investigadora. Entonces, si el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la orden de aprehensión librada treinta y uno de mayo del año en curso, en contra del promovente de amparo, por el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, quien el uno de noviembre del año cursante, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, como probable responsable del delito de extorsión, en la causa penal 192/2017 de su índice, es evidente que ha cambiado su situación jurídica; actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El artículo transcrito establece que cuando se promueva un juicio de amparo, cuyo acto emane de un procedimiento judicial, se considerarán consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en éste, si hubiera un cambio de situación jurídica, pues no podría analizarse el acto combatido, sin afectar esa nueva situación. Ello es así, ya que todo proceso está formado por una serie de pasos precisados en las legislaciones aplicables, algunos están íntimamente vinculados con el siguiente, pues no se puede emitir el segundo, sin cumplir con los requisitos del primero, mientras que otros pueden gozar de autonomía, en virtud de que la emisión de éstos no afecta los anteriores. Entonces, conforme a lo anterior, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional Luego, si el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, primeramente libró orden de aprehensión en contra de Antonio Santillán Vázquez, como probable responsable del delito de extorsión, en la causa penal 192/2017 y el uno de noviembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, actualizando con ello un cambio su situación jurídica. Circunstancia que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal; máxime que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar la presente determinación. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente. ". NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, registrado con el número de control interno 21007 y anexo consistente en copia certificada de la continuación de audiencia inicial del uno de noviembre del año en curso, en el que se vinculó a proceso a la parte quejosa Antonio Santillán Vázquez, por el delito de extorsión cometido en agravio de Carlos Alberto Aguirre Romero. Documental a las que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que el quejoso Antonio Santillán Vázquez, señaló como autoridades responsables al Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa I Adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV Adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa II Adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa III Adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en el Estado de Hidalgo y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Extorsiones con Detenido, Adscrita a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, en el Estado de Hidalgo y como actos reclamados, la orden de aprehensión, Presentación y/o Comparecencia librada en su contra y su ejecución, respectivamente. Posteriormente, dado que el Procurador General de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado por cuanto a su ejecución, informando, que lo es en acatamiento a lo ordenado por la Juez Penal de Control de Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en auto de ocho de junio actual, se requirió a la parte quejosa a efecto de que si era su deseo ampliar su demanda y señalar al Juez en mención como autoridad responsable; por tanto en veintiuno de junio del año en curso, se tuvo al Juez de Control como autoridad responsable. Por su parte, el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto de ejecución que se le atribuye, pues al efecto señaló que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, giró orden de aprehensión en contra del quejoso Antonio Santillán Vázquez, por el delito de extorsión cometido en agravio de Carlos Alberto Aguirre Romero, en la causa penal 192/2017 de su índice, lo que hace evidente la ejecución de dicha orden, reclamada al Agente de la Policía Investigadora. Entonces, si el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la orden de aprehensión librada treinta y uno de mayo del año en curso, en contra del promovente de amparo, por el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, quien el uno de noviembre del año cursante, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, como probable responsable del delito de extorsión, en la causa penal 192/2017 de su índice, es evidente que ha cambiado su situación jurídica; actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El artículo transcrito establece que cuando se promueva un juicio de amparo, cuyo acto emane de un procedimiento judicial, se considerarán consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en éste, si hubiera un cambio de situación jurídica, pues no podría analizarse el acto combatido, sin afectar esa nueva situación. Ello es así, ya que todo proceso está formado por una serie de pasos precisados en las legislaciones aplicables, algunos están íntimamente vinculados con el siguiente, pues no se puede emitir el segundo, sin cumplir con los requisitos del primero, mientras que otros pueden gozar de autonomía, en virtud de que la emisión de éstos no afecta los anteriores. Entonces, conforme a lo anterior, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional Luego, si el Juez Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, primeramente libró orden de aprehensión en contra de Antonio Santillán Vázquez, como probable responsable del delito de extorsión, en la causa penal 192/2017 y el uno de noviembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, actualizando con ello un cambio su situación jurídica. Circunstancia que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal; máxime que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar la presente determinación. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado CILIANY ÁLVAREZ AYALA, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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