Antonio Torres Méndez
Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Antonio Torres Méndez
- ANTONIO TORRES MÉNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez, con cuatro copias que se acompañan, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco y otras autoridades; la cual se estima deviene improcedente, atentos a lo siguiente: Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, como ya se precisó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta. Esto es, la demanda de amparo evidencia causa indudable y notoria de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto, únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio, cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo, la parte quejosa, sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente, lo cual se distingue de una afectación formal, un derecho sustantivo protegido, de naturaleza distinta a los derechos adjetivos, por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados en juicio natural no tienen sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de veinticuatro de junio del año actual, emitida en el expediente 426/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, en la que, de forma determinante se declaró que existe conexidad de causas, respecto del juicio radicado en el mismo Tribunal responsable, bajo el expediente 517/2020; sin embargo, esa determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en el juicio natural, pues no afecta derechos sustantivos de los quejosos para que pueda impugnarse a través del juicio de amparo "indirecto" Lo anterior es así, porque existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre, que tutelan la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. En efecto, la determinación que constituye el acto reclamado, no puede considerarse violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, ya que únicamente conmina a las partes a la continuación del juicio en la etapa procesal correspondiente, por lo que siendo así, las posibles violaciones procesales en todo caso podrán ser superadas al dictarse sentencia, pues de obtener un fallo favorable quedará superada, caso contrario podrá combatir la decisión adversa en amparo directo, que al efecto se promueva en contra de la sentencia. Máxime, que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueven Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez, con cuatro copias que se acompañan, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco y otras autoridades; la cual se estima deviene improcedente, atentos a lo siguiente: Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, como ya se precisó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta. Esto es, la demanda de amparo evidencia causa indudable y notoria de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto, únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio, cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo, la parte quejosa, sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente, lo cual se distingue de una afectación formal, un derecho sustantivo protegido, de naturaleza distinta a los derechos adjetivos, por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados en juicio natural no tienen sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de veinticuatro de junio del año actual, emitida en el expediente 426/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, en la que, de forma determinante se declaró que existe conexidad de causas, respecto del juicio radicado en el mismo Tribunal responsable, bajo el expediente 517/2020; sin embargo, esa determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en el juicio natural, pues no afecta derechos sustantivos de los quejosos para que pueda impugnarse a través del juicio de amparo "indirecto" Lo anterior es así, porque existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre, que tutelan la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. En efecto, la determinación que constituye el acto reclamado, no puede considerarse violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, ya que únicamente conmina a las partes a la continuación del juicio en la etapa procesal correspondiente, por lo que siendo así, las posibles violaciones procesales en todo caso podrán ser superadas al dictarse sentencia, pues de obtener un fallo favorable quedará superada, caso contrario podrá combatir la decisión adversa en amparo directo, que al efecto se promueva en contra de la sentencia. Máxime, que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueven Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez, con cuatro copias que se acompañan, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco y otras autoridades; la cual se estima deviene improcedente, atentos a lo siguiente: Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, como ya se precisó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta. Esto es, la demanda de amparo evidencia causa indudable y notoria de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto, únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio, cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo, la parte quejosa, sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente, lo cual se distingue de una afectación formal, un derecho sustantivo protegido, de naturaleza distinta a los derechos adjetivos, por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados en juicio natural no tienen sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de veinticuatro de junio del año actual, emitida en el expediente 426/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, en la que, de forma determinante se declaró que existe conexidad de causas, respecto del juicio radicado en el mismo Tribunal responsable, bajo el expediente 517/2020; sin embargo, esa determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en el juicio natural, pues no afecta derechos sustantivos de los quejosos para que pueda impugnarse a través del juicio de amparo "indirecto" Lo anterior es así, porque existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre, que tutelan la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. En efecto, la determinación que constituye el acto reclamado, no puede considerarse violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, ya que únicamente conmina a las partes a la continuación del juicio en la etapa procesal correspondiente, por lo que siendo así, las posibles violaciones procesales en todo caso podrán ser superadas al dictarse sentencia, pues de obtener un fallo favorable quedará superada, caso contrario podrá combatir la decisión adversa en amparo directo, que al efecto se promueva en contra de la sentencia. Máxime, que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueven Antonio, Juana, J. Natividad, Ma. Félix, J. Guadalupe y Ma. Carmen, todos, de apellidos Torres Méndez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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