Antonio Salinas Galaviz

Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
816/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Antonio Salinas Galaviz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno. Ahora bien, visto el contenido del oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar los actos reclamados que se advierten de la lectura íntegra de la demanda, concluyendo que consisten en la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir acuerdo conforme al escrito presentado en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación de origen. Ahora, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno, remitió copia certificada de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CDI/PGJE/SLP/14102/2016, de la que se desprende que se acordó lo peticionado por la parte quejosa; de lo que se colige que, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, pero antes del dictado de la sentencia en este juicio constitucional, la responsable puso a disposición de la parte quejosa las copias solicitadas en escrito recibido en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". En ese tenor, al quedar acreditada la causa de improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que la cesación de efectos se relaciona con una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia, 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el precepto 61, fracción XXI, en concordancia con el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno. Ahora bien, visto el contenido del oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar los actos reclamados que se advierten de la lectura íntegra de la demanda, concluyendo que consisten en la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir acuerdo conforme al escrito presentado en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación de origen. Ahora, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno, remitió copia certificada de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CDI/PGJE/SLP/14102/2016, de la que se desprende que se acordó lo peticionado por la parte quejosa; de lo que se colige que, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, pero antes del dictado de la sentencia en este juicio constitucional, la responsable puso a disposición de la parte quejosa las copias solicitadas en escrito recibido en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". En ese tenor, al quedar acreditada la causa de improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que la cesación de efectos se relaciona con una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia, 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el precepto 61, fracción XXI, en concordancia con el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Trámite Común Mesa Uno, mediante el cual remite copia simple de la notificación personal hecha al quejoso el siete de diciembre del año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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