Antonio Toranzo Noriega
Expediente 955/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Antonio Toranzo Noriega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio, la cual causó ejecutoria por auto de cuatro de noviembre del año en curso, este expediente es susceptible de depuración; lo anterior deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE AGREGA ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA Y VISTOS LOS AUTOS, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, con sede en esta ciudad, al que acompaña el original del acuse del oficio OM/DRL-881-19, así como constancia de notificación de trece de noviembre de dos mil diecinueve, con lo que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de los mismos; en la inteligencia de que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento a la sentencia.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, conforme a los lineamientos señalados en la misma. Para tal efecto, es menester precisar que el quince de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de forma inmediata, diera contestación integral a la petición del aquí quejoso, contenida en su escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ya sea negando la petición, porque ésta no fuere procedente o bien accediendo a lo solicitado por ser procedente y la hiciera del conocimiento del promovente. Luego, con fecha veintiocho de octubre del año en curso, se recibió por parte del Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, el oficio OM/DRL/798-19, al que acompañó acta de notificación y acuse del diverso OM/DRL-797/19, dirigido al aquí quejoso; sin embargo se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Así, en proveído de cuatro de noviembre del presente año, causó ejecutoria del aludido fallo, ordenándose dar vista con el cumplimiento informado por la autoridad responsable. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable como cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desprende que con fecha veintiuno de octubre del año en curso, emitió el oficio OM/DRL-797/19, dirigido a la parte quejosa Antonio Toranzo Noriega, el cual fue recibido por éste en fecha veinticinco del mismo mes y año, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: ".En atención a su escrito de fecha 11 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita se le expida hoja de servicios por parte de esta dependencia, me permito señalar que a efectos de lo que solicita debe dirigirse a la Dirección de Pensiones del Estado; esto por ser un trámite personal, además para el caso que solicita se menciona que de ser realizado el trámite ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del orden Federal, no siendo dicho trámite ante la instancias estatales."(sic) Bajo ese sentido, la autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, realizó manifestaciones en el sentido de no estar conforme con el cumplimiento informado por la responsable, en los términos siguientes: ".con los documentos que exhibe la autoridad responsable no acredita el cumplimiento de la sentencia, pues se limita a señalar que a efecto de lo que solicita debe 'dirigirse a la Dirección de Pensiones del Estado, esto por ser un trámite personal', sin fundar ni motivar porque compete a dicha Dirección otorgar la hoja única de servicios, siendo indispensable que funde y motive su respuesta, y que además sea congruente con lo solicitado, pues el quejoso en su petición claramente expuso que fue solicita (sic) la hoja única de servicios porque laboró para diversas Secretarías del Gobierno del estado de San Luis Potosí. Y es un hecho notorio y evidente que la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí otorga pensiones, no hojas únicas de servicio, y ello se advierte del artículo 2, fracción II, de la ley de(sic) Ley de pensiones y prestaciones sociales para los trabajadores al servicio del estado de San Luis Potosí." "Por lo que debe aclararse a la autoridad responsable que el quejoso solicita la expedición de su hoja única de servicios, aquella que contiene el periodo de años cotizados como trabajador del Gobierno del estado de San Luis Potosí, y no le está pidiendo una pensión; y en todo caso, si la autoridad responsable insiste en que el quejoso envíe su petición a la referida Dirección, debe fundar y motivar porque (sic) dicha dependencia resulta competente para emitir la hoja única de servicios. Igual consideración procede en contra de la respuesta que emite en el segundo sentido de que el trámite debe realizarse ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues se reitera, el quejoso no le está pidiendo a la responsable una pensión, sino una hoja única de servicios." Atento a lo anterior, no deben perderse de vista los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, los cuales quedaron asentados en la ejecutoria, como a continuación se plasman: ".la protección de la justicia federal se concede para que la autoridad responsable Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de forma inmediata, dé contestación integral a la petición de la aquí quejoso (sic), contenida en su escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ya sea negando la petición, porque ésta no es procedente o bien, accediendo a lo solicitado por ser procedente y la haga del conocimiento del promovente." Por tanto, si bien la responsable dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito que le presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, argumentando que ello le corresponde a la Dirección de Pensiones, no se desprende fundamento alguno citado por dicha autoridad, para determinar la no procedencia o negativa a entregar la hoja de servicio solicitada, en estricto apego a la ejecutoria de amparo; en virtud de lo anterior, este juzgado estima que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida. Y en consecuencia, requiérase nuevamente al Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, debiendo remitir las constancias respectivas con las que acredite que dio respuesta al quejoso de manera congruente, completa, y sobre todo, de manera fundada y motivada. Resulta aplicable la Jurisprudencia invocada por la parte quejosa, publicada con registro 2015181, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10a.), Página: 1738, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, segundo párrafo, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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