Antonio Sanchez Enriquez

Expediente 824/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 52 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Sanchez Enriquez
  • Cesar Alberto Barbosa Navarro
  • ANTONIO SANCHEZ ENRIQUEZ y Otros.
  • CESAR ALBERTO BARBOSA NAVARRO y Otros.
  • Red Univercom, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 824/2021-IV, el testimonio de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal en el incidente de inejecución de sentencia 3/2023. Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del incidente de inejecución de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, glósense las constancias originales que obran en el cuaderno formado con motivo de la remisión de los autos y destrúyanse las copias que obran en dicho cuaderno; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido del testimonio que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 824/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado". Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. En términos de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 17, en relación con el 14 del citado Acuerdo General, debido a que el treinta de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria de veinticinco de julio siguiente, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir del día en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Se agrega promoción. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por medio del cual transcribe el auto dictado el nueve de enero del año en curso, dentro del incidente de inejecución de sentencia 3/2023 de su índice, del que se desprende la admisión a trámite de la solicitud de verificación de la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Titular de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, rinde informe respecto del requerimiento ordenado en el auto de mérito, el cual será tomado en consideración al momento de resolver lo correspondiente a la imposibilidad de cumplimiento que aducen tener las autoridades responsables. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que ya transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que realizara manifestaciones y de estimarlo necesario exhibiera constancias de su parte, relativas a la imposibilidad a que se refieren las autoridades responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se hace efectivo el apercibimiento. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto de veintiuno de octubre del año en curso y este juzgado procede a pronunciarse en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, a resolver lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el caso, la imposibilidad planteada por las responsables. Pronunciamiento respecto de la imposibilidad planteada por las autoridades responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria. Con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a resolver de plano, si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o bien, si existe o no imposibilidad para que las autoridades responsables dén cumplimiento al fallo protector pronunciado en el expediente en que se actúa. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K, de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo II, a fojas 1739, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." De los dispositivos 193, párrafo cuarto y 196, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo se colige que, una vez que se reciba el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido el plazo otorgado, con el desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará una determinación fundada y motivada en la que declare si la sentencia fue o no acatada, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Cuando se estime que la sentencia no fue cumplida, no se acató totalmente o correctamente o resulta imposible su cumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, siguiendo para ello las reglas a que se contrae el artículo 193 de la Ley de Amparo. 1. Antecedentes. Ahora bien, a efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1 El treinta de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: "1. Las autoridades responsables, concluyan de inmediato el trámite de expedición del título profesional que acredite respecto al quejoso ********************, el grado académico de Licenciado en Derecho y, en caso de que sea necesaria alguna documentación, deberán hacerlo de igual manera -de inmediato- del conocimiento de la universidad responsable y al interesado, a efecto de que lo subsanen. En la inteligencia que de no dar cuenta en breve término de esa omisión, se deberá entregar el trámite concluido, para que así la persona moral educativa esté en posibilidades de expedir el solicitado documento. 2. Una vez hecho lo anterior, la dependencia gubernamental, deberá proporcionar a la autoridad educativa respectiva todos los elementos legales para inscribir y registrar dicho título, únicamente en caso de que la normativa educativa aplicable así lo permita. Resta informar que los efectos del fallo constitucional que comprenden en forma extensiva a cualquier autoridad que conforme a sus funciones, grado competencial y acorde a la estructura orgánica dentro del Sistema Educativo Nacional o Estatal de San Luis Potosí, deba dar cabal cumplimiento a lo aquí sustentado, lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo." 1.2. En proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a las autoridades responsables, a fin de que comunicaran el cumplimiento respectivo. 2. Informes sobre el cumplimiento. Mediante oficios recibidos el veintiocho de julio, dos y diecinueve de agosto, nueve, veinte, veintiséis, veintisiete y veintinueve de septiembre, veinte de octubre, todos de dos mil veintidós, así como el escrito de cuenta, las autoridades, Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Coordinador de Profesiones, Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, rindieron sus informes respectivos, aduciendo la imposibilidad que ahora se analiza. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2. 4.- Vista a la parte quejosa. En ese sentido, mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, este juzgado ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que realizara manifestaciones respecto del sentido de la imposibilidad que adujeron las autoridades, a fin de que, de estimarlo necesario, exhibiera constancias de su parte, relativas a dicha imposibilidad, sin que de autos se advierta que así lo haya realizado. 5. Determinación sobre la imposibilidad. Así las cosas, se procede a determinar que existe una imposibilidad material para que la responsable pueda dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de que las diversas autoridades tanto responsables como las vinculadas al cumplimiento del fallo protector, afirmaron en sus respectivos informes: -Que el certificado de bachillerato ******************** de diez de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del área Económico-Administrativa a nombre del quejoso ********************, supuestamente expedido por la Dirección General del Bachillerato y la Dirección de Sistemas Abiertos, carece de validez. -Que no se cuenta con registro de que ********************, signante del documento exhibido por el quejoso, haya fungido como director de sistemas abiertos; -Que realizada una búsqueda en los archivos académicos físicos y electrónicos a cargo de la Dirección de Sistemas Abiertos, no se localizaron antecedentes académicos, ni de expedición de certificado alguno a favor del quejoso ********************, por tanto, se identificó que al referido quejoso, no se le ha expedido documento alguno de certificación de preparatoria abierta. En ese contexto, como lo refiere el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el certificado de mérito es un documento indispensable que el quejoso debe acreditar de manera fehaciente, para que dicha secretaría expida a su favor el título electrónico requerido y con ello, estar en posibilidades de dar cumplimiento al fallo protector. Además, no obstante de haber sido requerido el quejoso por este juzgado, no acreditó con documentos o pruebas suficientes la autenticidad del referido certificado. Siendo las anteriores razones y circunstancias ajenas a la voluntad de las autoridades obligadas al cumplimiento, por las cuales les deviene imposible dar cumplimiento a la ejecutoria de garantías. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo se declara que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Lo anterior, sin soslayar las manifestaciones vertidas por el aludido quejoso en su escrito recibido en este juzgado el nueve de agosto del presente año, en el sentido de que afirma haber dado cabal cumplimiento en tiempo y forma a todos y cada uno de los requisitos que le fueron solicitados por la autoridad responsable para la expedición de su título profesional, y que la autoridad no puede declarar su certificado de bachillerato como inválido; pues con dichos argumentos, el quejoso no acredita la autenticidad del documento en cuestión, el cual como se dijo, es indispensable para que la responsable se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a la tutela constitucional. Esto es, si bien es cierto que el quejoso cumplió con su parte de exhibir documentos ante la responsable para la expedición de su título, ello no fue posible en virtud de que no acreditó la autenticidad del certificado de preparatoria, en virtud de los diversos informes, ya precisados, rendidos por las autoridades responsables y vinculadas para efectos del cumplimiento. 6. Remisión de los autos al Tribunal Colegiado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo último, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, y una vez que transcurra el plazo señalado en el numeral 202 de la citada Ley, se ordena remitir el juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para que determine lo conducente a la imposibilidad decretada de plano; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Recepción de pieza postal. Agréguese a los autos la pieza postal de cuenta mediante la cual se advierte que al Administrador de Correos de esta ciudad, no le fue posible entregar el oficio 31337/2022 dirigido al TITULAR O ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MÉXICO, por el que se le hizo del conocimiento la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio; lo anterior, en virtud de la leyenda "Cambio de Domicilio". En consecuencia, remítase nuevamente dicha comunicación, al domicilio correcto. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y cúmplase.

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