Antonio Tadeo Hernández
Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Tadeo Hernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían la parte quejosa, tercera interesada, y autoridades responsables, a fin de recurrir la sentencia definitiva, en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Estado de autos. Ahora, el estado de autos revela que por acuerdo de treinta de marzo pasado, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo administrativo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 2.1. Vista cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, con lo anterior, así como con el contenido del auto de doce de abril pasado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; personalmente y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Durán Arreguín, apoderado legal de Antonio Tadeo Hernández, carácter que se le reconoce en términos de la carta poder que exhibe, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 671/2022. 1.2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario laboral 446/2020, en la que declina la competencia del asunto a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. 1.2.2. Desechamiento de la demanda de amparo. En relación con lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, el hecho de que la autoridad responsable se haya declarado legalmente incompetente para conocer del juicio ordinario laboral promovido por el ahora quejoso para declinar dicha competencia a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, no es de los actos que se consideren que tengan una ejecución irreparable, puesto que aún no se sabe si la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia, resuelve si la acepta o no, y sólo en el primer caso, podrá considerarse definitivo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DE DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO CUANDO NO ES DEFINITIVA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 217, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, Y LA JURISPRUDENCIA P./J. 17/2015 (10a.). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", interpretó el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En este contexto, en sentido contrario, conforme a dicha jurisprudencia debe entenderse que cuando el acto reclamado no es definitivo, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia referida, que fijó el alcance del supuesto de procedencia mencionado en el artículo 107, fracción VIII citado." Entonces, con base en la jurisprudencia que precede, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación de declinar o inhibir competencia, cuando no es definitivo, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. Máxime que, el quejoso podrá presentar el juicio de derechos humanos una vez que, en su caso, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado, acepte la competencia planteada por la autoridad responsable. 1.3. Por tanto, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoria su improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia. 1.4. Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener por señalando domicilio y autorizados, pues sería contradictorio a lo ya argumentado, relativo a que no existe instancia de parte agraviada.
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