Antonio Sarabia Pérez

Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
277/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Antonio Sarabia Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión dentro del término legal contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto la parte quejosa, ya que fue ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Hágase las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las quince horas con cuarenta minutos treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-277/2021, promovido por Antonio Sarabia Pérez, por conducto de sus apoderados jurídicos; contra actos de: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Por el acto que se hace consistir en: - La omisión de dictar el acuerdo admisión o desechamiento de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 4B-1433/2019. El licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Martín Sergio García Pineda, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda, auto admisorio de siete de abril de dos mil veintiuno Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción La omisión de dictar el acuerdo admisión o desechamiento de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 4B-1433/2019. Cierto El acuerdo que lo tuvo por recibido y las documentales que acompañó al informe. De igual forma, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló alegatos. Aviso de cambio de titular: Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado. A continuación, se declara la apertura del PERÍODO DE PRUEBAS y dentro de la etapa de admisión o desechamiento, el secretario hace constar: Que obran las que la parte quejosa exhibió en su escrito de demanda y las que la junta responsable adjuntó al informe; a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Se abre el PERÍODO DE ALEGATOS, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el Juez acuerda: Se tiene por perdido su derecho en alegar. Acto seguido, procede dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II277/2021; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado, Antonio Sarabia Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Por el acto que se hace consistir en: - La omisión de dictar el acuerdo admisión o desechamiento de pruebas y notificar a las partes actos derivados del expediente ordinario número 4B-1433/2019. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 55, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente y de que éste no vea obstaculizado el acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: - La omisión de dictar el acuerdo admisión o desechamiento de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 4B-1433/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama, sin embargo, que en proveído dictado el veinte de abril de dos mil veintiuno, emitió el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas y notificó a las partes dicho auto; de lo que se corrobora la omisión reclamada, dado que el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda (seis de abril de dos mil veintiuno); documentales que adjuntó a su informe; cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que se advierte de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar el alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."1 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar el acuerdo admisión o desechamiento de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 4B-1433/2019, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, se desprende que en fecha de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitió el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas y notificó a las partes dicho auto Del contexto que antecede se advierte que en efecto se actualiza la referida causal de improcedencia invocada, toda vez que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -seis de abril de dos mil veintiuno-, dado que la responsable el veinte de abril pasado, emitió el acuerdo de admsión y desechamiento de pruebas y notificó a las partes dicho auto. Por tanto, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter omiso, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya resolvió el juicio laboral subyacente. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 3 En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".4 Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor trascendencia, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada; es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".5 Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonio Sarabia Pérez, respecto del acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, autoridades responsable

  3. Principal

    Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por rindiendo el informe justificado a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, por tanto, el término de ocho días concedido para que se imponga del contenido del mismo, transcurrirá del siete al dieciocho de los actuales. Diferimiento Consecuentemente, a fin de que la litis quede debidamente integrada y no se violen las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las quince horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo del año en curso, para su verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto y agregarse en el expediente físico.

  4. Principal

    Informe justificado Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo y actuaria de su adscripción, por el cual rinden informe justificado y reconoce como cierto el acto reclamado por la parte quejosa; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de las autoridades responsables que rinde informe justificado en el apartado anterior, la documental consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio 4B-1433/2019, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto y agregarse en el expediente físico.

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