Antonio Silverio Lugardo
Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/12/2021
Partes del expediente
- Antonio Silverio Lugardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Calificación de cumplimiento. Vista la cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las acciones emprendidas por la responsable en atención a la sentencia dictada en autos; por tanto, resulta procedente se realice la calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de dos de agosto de dos mil veintiuno, en lo que interesa, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se hace necesario precisar los efectos de la concesión del amparo a que se refiere el considerando precedente de este fallo, esto es, la Legislatura del Estado de Querétaro, deberá: a) Dejar insubsistente el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se concedió pensión por vejez al quejoso ................... b) Emitir otro en el que reitere el otorgamiento de la pensión por vejez y aplique el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro, y por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, que en su cláusula quinta, establece que se requieren veinticinco años de servicio para efecto de obtener el noventa y dos por ciento (92%) por concepto de pensión por vejez, de su salario diario, atendiendo a que el trabajador quejoso rebasa los veinticuatro años con seis meses y un día, para que le sea considerada una antigüedad de veinticinco años. c) De ser el caso, deberá ordenar que se cubra a la parte quejosa las diferencias que se actualicen en su favor con motivo de la determinación que emita en términos del inciso que antecede. [.]." El cinco de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio agregado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Legislatura del Estado de Querétaro, informando que dejó insubsistente el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se concedió pensión por vejez al quejoso ................., y emitió otro en el cual se le concedió el 92% de sueldo mensual que percibía; mismo que fue publicado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del Estado de Querétaro. Finalmente por auto de seis de diciembre del año en curso, se tuvo al Presidente Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, informando que a partir del cinco de noviembre del año en curso, se hizo el ajuste correspondiente de la pensión del trabajador; y que previo a ello, a esa fecha se había cubierto el monto correspondiente al cien por ciento del sueldo correspondiente. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte el cumplimiento al fallo protector. Sin que la parte quejosa se opusiera o realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, titulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." II. Archivo y destino del expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, mediante el cual, remite las constancias con las que considera dar cumplimiento al fallo protector. II. Vista. Ahora, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito y su anexo, así como con el oficio agregado en auto dieciséis de noviembre del año en curso, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. I. Agrega oficio. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado en representación de la Legislatura del Estado de Querétaro, en atención a su contenido y considerado allega el acuse de recibido del "DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. ........... presentado ante la Secretaría de Gobierno del Estado, para su publicación, se provee lo siguiente: II. Requerimiento. En aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, así como al Presidente Municipal de Tequisquiapan, Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, realicen lo siguiente: El Gobernador deberá informar a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. El Presidente de Tequisquiapan, deberá informar si con el aumento de la pensión por vejez otorgada al quejoso en el citado dictamen, se generó excedente a su favor, y de ser así deberá cubrirlo. En la inteligencia que dichas autoridades deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Asimismo, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./j. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. en ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Otras consideraciones. Cabe precisar que en caso de que se actualice cantidad a favor del quejoso, se deberá realizar a través de título valor que expida la autoridad exactora, mismo que podrá ser entregado a la parte quejosa, o sus autorizados; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "NO NEGOCIABLE" O "PARA ABONO A CUENTA" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Notifíquese; y por oficio a las autoridades vinculadas al cumplimiento.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintiuno. I. Ejecutoria. Vista la cuenta, se advierte que las partes legitimadas no impugnaron la sentencia terminada de engrosar el dos de agosto del año en curso, en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. II. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, cumplan con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
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