Antonio Sánchez Bermudez
Expediente 1135/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/06/2016
Partes del expediente
- Antonio Sánchez Bermudez
Actuaciones
- Principal
Visto; intégrese al presente asunto, el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada ; mediante el cual se apersona al presente asunto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de mérito, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a y a las diversas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten ser licenciados en derecho. Asimismo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos, procurando que en su entrega no se distraigan las funciones sustantivas del personal de este Juzgado, teniéndosele como autorizados para recibir las aludidas copias a las personas que en su ocurso señala...II
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente; toda vez que dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se aperturaron dos tomos de pruebas consistentes las actuaciones del expediente 85/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil en Querétaro, así como el Toca Civil 800/2016 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro; en consecuencia, devuélvanse las constancias referidas a la Sala Civil precisada, y solicítese el acuse de recibo, en el término de tres días contados a partir de la legal notificación, apercibida que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, se hará acreedora a una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente de conformidad con los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo...II
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 30/05/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 27/05/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo directo civil 443/2016 promovida por ANTONIO SÁNCHEZ BERMÚDEZ, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, así como el expediente 85/2015, el toca civil 800/2016 que tiene glosado el cuaderno de apelación 26/2016, dos informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial de Querétaro y el oficio 2089/2016 signado por este último, dos constancias de emplazamiento, un juego de copias certificadas, luego de que en proveído de doce de mayo del presente año, ese Tribunal declinó competencia para conocer de la demanda de mérito a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro en turno, por ende, este Juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente y con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1135/2016-II y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca civil 800/2016, en la confirma el auto de diecinueve de febrero del presente año, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dentro del juicio sumario civil 85/2015. ANTECEDENTES Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente determinación conviene citar los hechos o abstenciones que refiere el promovente en el capítulo correspondiente y de los anexos que remite el Tribunal declinante: Demetria Cruz Pérez, instauró juicio sumario sobre terminación de contrato de arrendamiento, en contra de Antonio Sánchez Bermúdez, demanda que se radicó el nueve de febrero de dos mil quince, bajo el número de expediente 85/2015 ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, ordenando el emplazamiento del demandado. Emplazado que fue el demandado, oponiendo sus excepciones y defesas, se admitieron los medios de pruebas ofrecidos por las partes y se señaló fecha para que tuviera verificativo el desahogo de declaración de parte a cargo de la actora. Llegada la fecha señalada las partes por voluntad propia llegaron a convenio, por lo que el juez responsable proveyó dar por concluido el juicio y dado que en el mismo no contiene cláusula contraria a derecho le dio el carácter de sentencia ejecutoriada. Así las cosas, en auto de seis de enero del presente año, atendiendo al escrito presentado por la parte actora, se dio vista al demandado para que acreditara encontrarse al corriente en el cumplimiento del convenio de veinte de marzo de dos mil quince, con el apercibimiento de ser omiso se procedería a la ejecución forzosa del referido convenio. El diecinueve de febrero de la presente anualidad, atendiendo al escrito de la parte actora, que desvirtúa el dicho del demandado y niega haber llegado a un acuerdo con el mismo, y no habiendo demostrado su dicho el hoy quejoso, el juez Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, procedió a ordenar la ejecución forzosa del convenio ordenando al Actuario constituirse en el domicilio objeto de la Litis y procediera al lanzamiento de las personas y objetos que se encontraren en el mismo. Inconforme con dicha determinación el demandado Antonio Sánchez Bermúdez, interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala civil del tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, bajo el número de toca civil 800/2016, el cual se resolvió el trece de abril de año en curso, que en su tercero punto resolutivo confirma el auto impugnado de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el juez responsable. Siendo dicha resolución la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo. Así, en el caso, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Al respecto se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 con número de registro 178405, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en página 1331, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2001, Tomo XIV, Materia Civil, Novena Época, visible en la página 34, de rubro y texto siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Luego, si en el caso a estudio la parte quejosa acude al juicio de amparo pretendiendo reclamar la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca civil 800/2016, en la confirma el auto de diecinueve de febrero del presente año, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dentro del juicio sumario civil 85/2015 y se ordena el lanzamiento del quejoso del inmueble objeto de la litis, lo anterior es evidentemente no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, la que tiene por cumplida dicha determinación, sino sólo representa una actuación judicial para hacer eficaz y definitiva la resolución. Atendiendo a lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el citado normativo, el mismo resulta improcedente, actualizándose de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 107, fracción IV del propio ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la tesis 1ª./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible a página 75, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abenjail Porras Ochoa y Mauricio Chávez Chávez y a los diversos que menciona en términos del artículo 24 de la citada ley, hasta en tanto acrediten ser licenciados en derecho y por así haberlo solicitado la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. TOMO DE PRUEBA Se ordena formar dos tomos de pruebas con las actuaciones del expediente 85/2015 y el toca civil 800/2016 que tiene glosado el cuaderno de apelación 26/2016, para que quede a disposición de las partes, en la secretaría de este juzgado para su consulta. NOTIFICACION PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente..II
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de once de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su tercer punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *******por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades en los términos siguientes: ".I. Atento al principio de relatividad de las sentencias que rige los juicios de amparo, para el efecto de que no se aplique en perjuicio de la parte quejosa el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016 dieciséis, durante el lapso de su vigencia. II. Atento a la protección constitucional concedida, deberá restituirse a la parte quejosa la cantidad que por el Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, pagó en el recibo oficial número Z-6712866, de doce de enero de dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, en cantidad de $2, 083.51 (dos mil ochenta y tres pesos 51/100 moneda nacional)." Por auto de siete de abril de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. Mediante oficio SF/CNF/4206/2015, recibido por este juzgado el once de mayo de dos mil dieciséis, la Coordinadora de Normatividad Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de dicha dependencia, el cheque número 0031252, por la cantidad de $2,083.51 (DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL), expedido a su nombre. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que desincorporó de la parte quejosa el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2016 y reintegró la cantidad enterada en aplicación de la contribución referida, por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, misma que asciende a la cifra de $2,083.51 (DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL), según obra en el recibo Z-6712866, de doce de enero de dos mil dieciséis, contenida en el cheque número 0031252, expedido a favor de la parte quejosa, con lo cual, es inconcuso que la ejecutoria de mérito fue acatada en su totalidad, sin excesos ni defectos, por ende, se DECLARA CUMPLIDA la misma, acorde con lo estatuido en el párrafo segundo del invocado numeral 196. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...i
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