Antonio Sierra Calderón

Expediente 1302/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1302/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Antonio Sierra Calderón
  • Antonio Sierra Calderón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovido por Antonio Sierra Calderón; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que, en el aludido auto se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que carece de relevancia documental y éste asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, con el que cumple el requerimiento que se le formuló en auto de veintitrés de julio del año en curso. Ahora bien, en el presente caso lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de llevar acabo el procedimiento de investigación dentro de la carpeta de investigación 404/2013. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión de llevar acabo el procedimiento de investigación dentro de la carpeta de investigación 404/2013. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de dicha autoridad en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar -víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación 404/2013, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto. Además, que sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, dejando sin eficacia la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Décima Época, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación 404/2013, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el citado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Sierra Calderón contra actos de la Agencia Novena de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Se exhorta a la parte quejosa para que, cuando les sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que considere necesario imponerse de autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que a parecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO....Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, con el que cumple el requerimiento que se le formuló en auto de veintitrés de julio del año en curso.Ahora bien, en el presente caso lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia.En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.De la lectura del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de llevar acabo el procedimiento de investigación dentro de la carpeta de investigación 404/2013.Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia.n el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión de llevar acabo el procedimiento de investigación dentro de la carpeta de investigación 404/2013.En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen:Ley de Amparo (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de dicha autoridad en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control.Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales.En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula:a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar -víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados.Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación 404/2013, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad.Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto.Además, que sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, dejando sin eficacia la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas.Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Décima Época, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto es el siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación 404/2013, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el citado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa.En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Sierra Calderón contra actos de la Agencia Novena de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Se exhorta a la parte quejosa para que, cuando les sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que considere necesario imponerse de autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que a parecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes en proveído de quince de julio del presente año; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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