Antonio Ríos Jara
Expediente 351/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Ríos Jara
- Antonio Ríos Jara y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 351/2018-V. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Seguidamente la secretaría relacionó las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda (fojas 2 a 33), acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda (fojas 40 a 43); notificación a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado de la responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas el Secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por parte la quejosa, así como las diversas documentales que remitió la autoridad responsable anexas a su informe justificado y a su oficio presentado ante este juzgado el ocho de mayo de dos mil dieciocho. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por el Secretario, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto, con lo que se declaró cerrado el periodo de pruebas. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que realiza la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se da por concluida la etapa de desahogo de pruebas y alegatos y se ordena dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Doy Fe. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 351/2018-V, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Cárdenas, Carlos Eduardo Manuel Rodríguez Peniche y Antonio Ríos Jara, contra actos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Miguel Ángel Rodríguez Cárdenas, Carlos Eduardo Manuel Rodríguez Peniche y Antonio Ríos Jara, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, mismo que fue puesto oportunamente a la vista de las partes; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo aplicable, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto que reclaman es una norma de carácter general con ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Por lo que del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La expedición de los criterios de evaluación para el procedimiento de refrendo de la calidad de perito en construcción municipal, emitido en la Gaceta Municipal número 958, el catorce de febrero de dos mil dieciocho, por el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mérida, Yucatán. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por tanto, se debe tener por cierto. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. En el caso de forma oficiosa se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la norma reclamada requiere de un acto de aplicación para afectar la esfera jurídica de los quejosos y no se ha demostrado la existencia de dicho acto. En efecto, la procedencia del juicio de amparo contra normas generales requiere de la demostración del interés jurídico o bien, del interés legítimo del quejoso para reclamarlas. Tratándose de normas generales, la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado entre las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas. Las primeras vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Las segundas, por el contrario, afectan al demandante de amparo solamente en la medida en que se haya aplicado en su perjuicio la normatividad reclamada, a través de un acto concreto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este caso, los quejosos reclaman los criterios de evaluación para el procedimiento de refrendo de la calidad de perito en construcción municipal expedidos por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. En concepto de los demandantes de amparo, tales criterios constituyen una norma general de tipo autoaplicativa de carácter complejo, como se advierte de un análisis conjunto de aquellos en relación con el artículo sexto transitorio del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, ya que ambas normativas imponen de manera conjunta la carga para el perito en construcción municipal de realizar diversos actos ante la Dirección de Desarrollo Urbano, sin los cuales no se podrían realizar trámites a través medios electrónicos en un portal habilitado para tales efectos, específicamente las bases para la carta de aceptación para evaluación del cumplimiento de las obligaciones del perito, que resulta indispensable para determinar la viabilidad de su refrendo. Sin embargo, la apreciación de la parte quejosa no se comparte, sino que por el contrario, este juzgado advierte que la emisión y entrada en vigor de los criterios de evaluación reclamados no generan una afectación a la esfera jurídica de los quejosos en forma inmediata, sino que requieren de un acto posterior de aplicación, al caso, la negativa a acceder a la solicitud de refrendo. Esto es así, porque como aduce la parte quejosa, los criterios de evaluación están orientados a perfeccionar el procedimiento de refrendo del carácter de perito en construcción municipal; de tal forma que en conjunción con las disposiciones relativas del Reglamento de Construcciones de Mérida, entre ellas, el artículo 7 indicado por la quejosa, derivarán, en su momento, en la determinación sobre el refrendo o no de la calidad de perito municipal. Sin embargo, esa determinación administrativa no ha ocurrido, y lógicamente mucho menos se ha basado en la falta de cumplimiento de alguno de los criterios de evaluación indicados en la norma general impugnada y por esa razón por el momento quien demanda el amparo carece de interés jurídico en reclamar dichos criterios, ante la falta de un acto concreto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 73/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236 del Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." Como puede apreciarse del criterio de nuestro Alto Tribunal, las disposiciones de observancia general que establecen o modifican el marco jurídico que regula una actividad sujeta a una concesión, permiso o autorización, en cuanto establecen los requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de actos de esa naturaleza, tienen el carácter de heteroaplicativas, y por tanto, para reclamarlas válidamente en el juicio de amparo se requiere que el quejoso demuestre un acto concreto de aplicación. En este asunto es aplicable dicha tesis en la medida en que las normas del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, y la expedición de los criterios de evaluación que ahora se reclaman, están orientados a modificar el marco jurídico que regula la actividad de perito en construcción municipal, que está sujeta a la regulación y eventual refrendo por parte de la autoridad local. Por ello, si aún no se ha emitido la determinación que niegue el refrendo de la calidad de perito en construcción municipal, basada en el incumplimiento o deficiencia del perito en lo que se refiere a dichos criterios de evaluación, entonces no es posible afirmar válidamente que la norma general haya causado en la parte quejosa una afectación susceptible de ser reparada a través del cuestionamiento de la constitucionalidad en el juicio de amparo. También tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 129/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 1673, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuto rubro y texto son: "PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 47, 48, 54 Y 55 DE LA LEY RELATIVA SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. Los referidos dispositivos tienen como destinatarios a los interesados en obtener una licencia o permiso especial, así como de refrendo para efectos del expendio, venta o consumo de bebidas alcohólicas, quienes deberán satisfacer determinados requisitos para tal fin. Esa circunstancia revela que se trata de normas de naturaleza heteroaplicativa, en tanto los supuestos que contienen no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, sino que sus efectos se proyectan en el instante en que los interesados acuden ante la autoridad administrativa competente a efectuar la solicitud de expedición de la licencia o permiso especial, así como de refrendo, en su caso, es decir, su trascendencia precisa de un acto concreto de aplicación, en este caso, derivado de la actuación directa del particular." De ahí que si los criterios de evaluación reclamados no son de carácter autoaplicativo sino heteroaplicativo, y no se ha aplicado dicha normatividad en perjuicio de los quejosos, el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. En elemental congruencia, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer el juicio de garantías, como en el presente caso aconteció. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Quinto. Protección de datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73 a 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Cárdenas, Carlos Eduardo Manuel Rodríguez Peniche y Antonio Ríos Jara, en contra del acto y la autoridad responsable Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 383/2018-P1 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en doce fojas útiles el testimonio de resolución dictada en el toca número 63/2018, relativo al recurso de queja interpuesto por Carlos Eduardo González Flota autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 351/2018-V, de la cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita, declaró infundado dicho recurso. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por tanto, reanúdese el procedimiento en este asunto, fijándose como nueva hora y fecha para la audiencia constitucional las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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