Antonio Selem Hurtado de Mendoza
Expediente 418/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Selem Hurtado de Mendoza
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Antonio Selem Hurtado Mendoza, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de mayo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ******************** perito en materia de antropología social. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado por auto de tres de mayo pasado, en el que se le requirió justificar la solicitud de copias certificadas de diversas autoridades a fin de emitir su dictamen; por lo que al efecto se provee; Requiérase al Registro Agrario Nacional en Veracruz, con residencia en Xalapa, así como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Veracruz, Veracruz, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Bienestar, ambos con residencia en Ciudad de México, y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con sede en Xalapa, Veracruz para que en el término de tres días, remitan la información y las copias certificadas que a continuación se detallan; Del Registro Agrario Nacional en Veracruz, residente en Xalapa: Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar: De la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR): Con el apercibimiento para las autoridades requeridas, de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se les impondrá individualmente una multa de cincuenta unidades de medida y su actualización, lo que equivale a ********************, lo que resulta de multiplicar ******************** por cincuenta, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la ocursante, se suspende el término de diez días para el desahogo de la referida pericial, hasta en tanto obre en su totalidad la información y documentación solicitada...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO 12/05/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Vista la demanda de amparo presentada por Antonio Selem Hurtado Mendoza, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 418/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano...Entonces, en el particular, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último arábigo a contrario sentido... Entonces, en la especie el impetrante acude a esta vía constitucional reclamando la inejecución de ambas determinaciones (sentencia emitida por este juzgador y la dictada por el citado Tribunal Colegiado), ya que refiere que la autoridad responsable, al haber autorizado la salida del país de la menor de edad, incumplió con lo en ellas resuelto. No obstante, contrario a lo señalado por el quejoso, se evidencia que en el caso concreto no podría otorgársele la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se ejecutaran tales "sentencias de amparo", pues al haberse decretado el sobreseimiento en el referido juicio constitucional, que fue confirmado por la Superioridad, no existe ejecución alguna que cumplir, pues dicha "ejecución" solo es propia de las sentencias en las que conceden la protección federal, para los efectos estipulados en el invocado numeral 77 de la ley reglamentaria en aplicación, mas no de las que sobreseen, porque en estas no se estudia el fondo del asunto...En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales...
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