Antonio Selem Hurtado de Mendoza

Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
429/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Antonio Selem Hurtado de Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente Antonio Selem Hurtado, por sí y en representación de su hija de iniciales M.S.G., interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de junio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos la constancia de correo electrónico con anexos, remitido por el Fiscal Regional de Justicia Zona Centro-Cosamaloapan, con sede en Cosamaloapan Veracruz. Atento al contenido de cuenta téngase a la autoridad oficiante, cumpliendo parcialmente el requerimiento efectuado en autos, toda vez que remitió los informes de colaboración solicitados al Fiscal General de la República y los Fiscales y Procuradores de las Entidades Federativas en donde solicitó informes de los oficios de colaboración para la búsqueda y localización de ********************, en los que se advierte, los siguientes oficios: FGEP/CGGDI/6345/2023, de veintiuno de abril del año en curso, remitido por el Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual solicita se le informe el trámite dado a la colaboración para la búsqueda, localización y detención de ********************. CM/0501/2023, de doce de mayo del año en curso, remitido por el Agente de Ministerio Público Federal Titular del Área de Exhortos y Colaboraciones Ministeriales de la Fiscalía General en San Luis Potosí, mediante el cual solicita informe sobre la atención o resolución emitida en la búsqueda, localización y detención de ********************. UAPS/0550/2023 firmado por el Supervisor de la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo de Chiapas con el que informa que el sistema estadístico que está a su cargo como lo es SIIE y JUSTICI@NET, no se localizó antecedente de ********************. Lo anterior lo acredita con las constancias remitidas adjuntas al oficio de mérito (fojas 351 a 353 tomo IV), de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales. Sin embargo, no remitió los oficios DQR/1284/2023, de doce de mayo del presente año, remitido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual informa que no se encontró registro de antecedente de ******************** y el diverso UAPS/1160/2023, de fecha doce de mayo del año en curso, remitido por el Supervisor de la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo de la Fiscalía General de la República de Colima, Colima, con el que informa que no se encontró registro de antecedente de ********************, como lo señaló en el oficio de cuenta, por tanto, requiérase al Fiscal Regional de Justicia zona Centro-Cosamaloapan, con sede en Cosamaloapan Veracruz, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se le transcribe este acuerdo, remita las constancias que refirió en el oficio que en esta data se recibe, así como también conforme reciba los informes de colaboración solicitados a las treinta y dos entidades federativas, en relación el oficio PM/DRZCC/028/2019, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, las remita de inmediato a este órgano jurisdiccional para acordar lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en autos el pasado trece de marzo del año en curso. En otro orden de ideas, del estado de autos se advierte que el pasado diecisiete de marzo del año en curso, se requirió al Delegado Regional de la Policía Ministerial zona Norte-Tuxpan, para que remita las constancias con las cuales acredite fehacientemente las gestiones realizadas para dar cumplimiento de la sentencia, toda vez que remitió oficio vía telegráfica FGE/DRZNTUX/PM/021/2020, mediante el cual describió las gestiones sin embargo, no remitió las constancias con las que lo acreditara, sin que a la fecha haya dado cumplimiento o informado sobre las gestiones realizadas para tal efecto, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte del acuse de recibo que obra en autos a foja 344 tomo IV. En ese tenor, previo a la imposición de la multa requiérase, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio en el que se le transcribe este acuerdo, de conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias con las que acredite que ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo o la imposibilidad que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se le impondrá multa citada en el auto de diecisiete de marzo del presente año. Además, de que en su caso, el presente expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Preceptos que prevén consecuencias y sanciones para el servidor público que incumpla o eluda el cumplimiento de una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, o no la haga cumplir; lo que se justifica en función de que, el desacato a la sentencia de amparo, implicaría burlar el sistema riguroso, ágil y concentrado que la Constitución Federal y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo. Lo anterior es así, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues todos los órganos jurisdiccionales están obligados a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial; circunstancia que únicamente se logra acatando los términos otorgados para llevar a cabo las actuaciones judiciales. Sirve de sustento, por el criterio que informa, la tesis número XIX.1º.2.K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro siguiente: "JUEZ DE DISTRITO OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 18 DE MAYO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual remite el expediente ********************/2023, de su índice, y dos copias del escrito de demanda. Ahora, del oficio de cuenta que contiene el proveído de doce de mayo del año en curso, se advierte que remite el aludido juicio formado con el original de demanda de amparo presentado por ********************, por sí y en representación de su hija de iniciales ********************, al considerarse legalmente incompetente para conocer de la misma, ya que el promovente reclama la falta de cumplimiento de las sentencias emitidas en el amparo indirecto ********************, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz y el amparo en revisión ********************del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que conllevaron a que el dieciocho de abril del año en curso, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en la ciudad de Veracruz, determinara el levantamiento de la medida de protección y otorgara la salida del país de la menor de iniciales ******************** en los autos del expediente ********************/0018-IV, por lo que dichos actos tendrán ejecución material en la jurisdicción de los juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad; en consecuencia, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Por tanto, fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, el promovente, en el apartado de actos reclamados, señala como tales los siguientes: ".Del Juez 10° a) LA INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL AMPARO INDIRECTO ********************, emitida por el Juzgado 3° de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz. b) LA INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL AMPARO EN REVISIÓN ********************emitida por el H. Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz." Y, bajo protesta de decir verdad, expone como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: "1. El antecesor Juez 10º de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar Maestro ********************, quien en fecha 8 de octubre del año 2022, negó el incidente de levantamiento de la medida de protección solicitada por ********************. Fundando y motivando la improcedencia del recurso de revocación presentada por la tercera interesada, en la sentencia del expediente ********************-IX, del índice del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en la ciudad de Boca del Rio, EN DONDE LE FUE NEGADA LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE PROTECCION. Inconforme ********************, interpuso un Amparo en Revisión mismo que cayó ante el H. Segundo Tribunal en materia Civil del Séptimo Circuito, mismo confirma la sentencia emitida por el juez 3° de distrito, quien CONFIRMA QUE MI HIJA NO PUEDA SALIR DEL PAÍS, HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL JUICIO DE ORIGEN." "2. Es necesario hacer de su conocimiento que la señora ******************** no combatió la resolución dictada en fecha 8 de octubre del año 2022, sino que espero el momento de la remoción del Juez familiar Maestro ********************, y al llegar el nuevo Juez de nombre ********************, LA SEÑORA ******************** LE REALIZA UNA SOLICITUD, argumentando que en el año 2021, ya le habían concedido la salida de la menor siendo esto completamente falso ya que le fue negada LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE PROTECCION, sin embargo el juez en plena inejecución de amparo en fecha 18 de abril del año 2023, le otorga a la señora ******************** la salida del país de mi menor hija situación que fue debidamente combatida por el suscrito, pero el juez en un COMPLETO ABUSO DE AUTORIDAD, SIN VIGILAR EL INTERES SUPERIOR DE MI MENOR HIJA LA EXPONE A UN PELIGRO INMINENTE DE QUE SI SU SEÑORA MADRE LA TRASLADA A OTRO PAÍS MI MENOR HIJA YA NO REGRESE, DEJANDOLA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSION." Entonces, en el particular, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último arábigo a contrario sentido. El texto de esos numerales es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En efecto, este órgano de control constitucional advierte que la causal de improcedencia antes señalada recoge el principio del "efecto útil del amparo" y establece la inejercitabilidad de la acción de amparo, consistente en que aunque se tramitara el juicio de protección de derechos fundamentales, existiría imposibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria. La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso admitir el amparo, atento a que no podrían concretarse los efectos de la concesión de un fallo protector y, por ende, no se restituiría al quejoso en el pleno goce de los derechos humanos vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio del quejoso. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de ésta, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En este orden de ideas, se debe precisar que el juicio de amparo indirecto ********************, del índice de este Juzgado fue promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con las iniciales ********************, en contra de la interlocutoria de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, en el juicio ordinario civil de guarda y custodia registrado bajo el número de expediente ********************/2018, por medio de cual declaró improcedente el incidente de levantamiento de medida de protección promovido por dicha quejosa con la finalidad de que su menor hija pueda salir del territorio nacional; controvertido constitucional en el que el aquí promovente tuvo el carácter de tercero interesado, y en el que se dictó sentencia de sobreseimiento; determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en su expediente de amparo en revisión ********************Lo cual constituye un hecho notorio para el que suscribe, por tratarse de juicio de amparo radicado en el juzgado a mi cargo, en términos del artículo 88 el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin necesidad de que aquí obre copia certificada de lo ahí actuado, en términos de la jurisprudencia por contradicción número 103/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Entonces, en la especie el impetrante acude a esta vía constitucional reclamando la inejecución de ambas determinaciones (sentencia emitida por este juzgador y la dictada por el citado Tribunal Colegiado), ya que refiere que la autoridad responsable, al haber autorizado la salida del país de la menor de edad, incumplió con lo en ellas resuelto. No obstante, contrario a lo señalado por el quejoso, se evidencia que en el caso concreto no podría otorgársele la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se ejecutaran tales "sentencias de amparo", pues al haberse decretado el sobreseimiento en el referido juicio constitucional, que fue confirmado por el tribunal de alzada, no existe ejecución alguna que cumplir, pues dicha "ejecución" solo es propia de las sentencias en las que conceden la protección federal, para los efectos estipulados en el invocado numeral 77 de la ley reglamentaria en aplicación, mas no de las que sobreseen, porque en estas no se estudia el fondo del asunto. En ese sentido, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el sentido de que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos humanos, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues, la sentencia protectora, además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción. Explica el alto tribunal, que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, antes de efectuar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe anticiparse sobre cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis relativo, si, de antemano, se prevé que la restitución en el goce de los derechos humanos violados resultaría nugatoria o inclusive, en perjuicio del quejoso. Así, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales o legales, o incluso, de otras circunstancias jurídicas que impliquen la inobservancia de derechos otorgados, reconocidos o negados por órganos jurisdiccionales en otros procedimientos; pues, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por un lado, no debe romper con otros principios del juicio de amparo y, por otro, tiene que ser real y eficaz y no ilusorio o perjudicial al quejoso. En esa virtud, si en el referido juicio constitucional no se concedió la protección de la justicia federal, resulta evidentemente que los actos que reclama no traen aparejada ejecución alguna. Por la razón jurídica que contiene, se cita la jurisprudencia 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197245, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". De tal manera que con la tramitación de este juicio de protección de derechos fundamentales no existe posibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de los derechos humanos vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la parte quejosa. Con independencia de lo anterior, el juicio de amparo indirecto no es la vía idónea para dolerse de un eventual incumplimiento o inejecución de sentencias pronunciadas en un diverso juicio constitucional; por tanto, se estima que incluso en el supuesto de que la autoridad responsable incumpliera o inobservara lo resuelto en sentencias de amparo pronunciadas en otros sumarios de derechos humanos, el juicio de amparo indirecto promovido con la intención de que se acataran esas primigenias sentencias sería improcedente, al actualizarse la causal de inejercitabilidad de la acción de amparo que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 196 y 197 de la Ley de Amparo, por ser estos últimos dispositivos los que regulan el trámite inherente al incumplimiento o inejecución de la sentencias. Ahora, este juzgador no inadvierte que el quejoso expresa a su vez su inconformidad respecto de la determinación emitida por el actual Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en los autos del expediente ********************/2018, en la que autorizó la salida de la menor identificada con las iniciales ******************** del territorio mexicano (a petición de su progenitora). Sin embargo, se estima conveniente señalar que también resulta un hecho notorio para quien aquí suscribe que en el diverso juicio de amparo ********************/2023, promovido igualmente por el aquí quejoso, señaló como uno de los actos reclamados la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitida por el mencionado Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en los autos del expediente ********************/2018, en la que reencausó el recurso de revocación que interpuso contra el auto en el que se autorizó la salida de la menor identificada con las iniciales ******************** del territorio mexicano (a petición de su progenitora). Por tanto, al margen de que en la demanda no señaló expresamente tal auto como reclamado, lo relevante es que contra el mismo la parte quejosa ya interpuso un medio de impugnación, y que esa inconformidad se encuentra subjudice hasta en tanto se determine lo conducente respecto del recurso mencionado; en la inteligencia de que, en todo caso, de no resultarle favorable la resolución correspondiente, tendría la opción de combatirlo a través del medio de defensa respectivo. Finalmente, no se omite mencionar que si bien el quejoso expresa que promueve esta instancia constitucional por sí y en representación de su menor hija, del análisis integral de la demanda se aprecia que su pretensión resulta personal e individual, relacionada con su derecho de convivencia con la referida menor, al considerar que se vería obstaculizado con la autorización a que ésta pueda viajar al extranjero; de tal manera que el presente asunto se entenderá promovido únicamente por ******************** Mendoza, por derecho propio. En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921, registro digital 174737, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMIICLIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en el escrito de demanda y por autorizados, con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Seguridad Pública. AUTORIZACIÓN PARA ACCESAR AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CON USUARIO De igual forma, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al promovente el acceso y consulta del expediente electrónico vía internet, con número de usuario ********************, por lo que se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar lo para que pueda accesar y consultar vía internet en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio al Juez declinante. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.YNJR/avh*

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