Antonio Ruíz Delgado
Expediente 283/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2022
Partes del expediente
- Antonio Ruíz Delgado
- Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA SERGIO ARTURO RIVERA GUTIÉRREZ, JORGE ALEJANDRO RIVERA GUTIÉRREZ, CLAUDIA ISABEL RIVERA GUTIÉRREZ, POR PROPIO DERECHO, el contenido de la sentencia de nueve de noviembre d dos mil veintiuno en cumplimiento al auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 496/2021, promovido por Sergio Arturo, Jorge Alejandro, Claudia Isabel, todos de apellidos Rivera Gutiérrez, por derecho propio; la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Rivera García, representada por su albacea; y, Marta Elena Ulloa Gómez, en su carácter de tutriz dativa de la menor heredera R.A.R.L.; contra los actos que reclama de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía de parte de la Sala responsable, los precitados quejosos; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridad responsable: Novena Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Acto reclamado: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 144/2020, por la cual revoca la determinación de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 444/2011, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, que resolvió el incidente de oposición del proyecto de partición y adjudicación de la masa hereditaria. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo 36/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por la cual dicha autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer el precitado juicio. El trece de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado tuvo por recibido el oficio 557, y anexos remitidos por el precitado Tribunal Colegiado, y se avocó al conocimiento de la demanda, misma que fue admitida, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se ordenó emplazar a Margarita López Gaytán, al agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco; y al agente social adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial de esta Entidad Federativa; se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio en todas sus etapas, el pasado veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco; por tratarse de un amparo en materia civil-familiar y reclamarse actos cuya ejecución material podría realizarse en el Estado de Jalisco, lugar en donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 144/2020, por la cual revoca la determinación de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 444/2011, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, que resolvió el incidente de oposición del proyecto de partición y adjudicación de la masa hereditaria. Por lo anterior, el estudio de dicho acto; esto es, su procedencia y en su caso, de fondo del juicio de amparo, será la materia de la presente determinación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada presidenta de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; al momento de rendir su informe justificado manifestó, que es cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora principalmente con los autos originales del toca 144/2020, de su índice, así como del juicio 444/2011, de origen y demás constancias remitidas; documentales a las que se les otorga valor pleno, al tener el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. No se soslaya que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado presentado por el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; empero, dicha autoridad no fue señalada como autoridad responsable en la presente instancia. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte, de oficio, alguna causa que haga improcedente este asunto, ni las partes invocaron diversa. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en analizar si es legal la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 144/2020, que resolvió el incidente de oposición del proyecto de partición y adjudicación de la masa hereditaria. II. Antecedente del acto reclamado. A fin de establecer lo suscitado en el toca 144/2020, y en el juicio 444/2011, de donde emana el acto que en esta vía se reclama, conviene señalar los siguientes antecedentes: Margarita López Gaytán, por derecho propio y en representación de su menor hija identificada con las iniciales R.A.R.L., mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil once, denunció la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Rivera García, con la conformidad de Sergio Arturo, Jorge Alejandro y Claudia Isabel, de apellidos Rivera Gutiérrez. El catorce de marzo de dos mil once, se admitió a trámite la denuncia presentada, radicándose con el número 444/2011, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Primera Partido Judicial del Estado de Jalisco; señalándose día y hora para llevar a cabo la junta de herederos; designándose a Martha Elena Ulloa Gómez, como tutor dativa de la citada menor. El catorce de julio de dos mil once, se llevó a cabo la lectura del testamento público abierto; se tuvo por aceptado y protestado el cargo de la tutriz dativa; se reconoció a Margarita López Gaytán, Sergio Arturo, Jorge Alejandro y Claudia Isabel, de apellidos Rivera Gutiérrez y, a la menor identificada con las iniciales R.A.R.L., como únicos y universales herederos a bienes de la sucesión; siendo legataria y albacea por disposición testamentaria la primera de los nombrados; sin embargo, ante sus manifestaciones se designó como albacea sustituto a Sergio Arturo, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Inconforme con dicha determinación, el once de octubre de dos mil once, se resolvió el toca 992/2011, con motivo del recurso de apelación interpuesto; modificando el proveído de catorce de julio, y designó a Margarita, como albacea de la sucesión testamentaria, al no actualizarse ningún supuesto que la ley contempla como impedimento para el ejercicio del albaceazgo. El veintinueve de mayo de dos mil trece, se dictó resolución interlocutoria en la que removió a Margarita, del cargo de albacea, previniéndose para que procesa a rendir la cuenta generada del albaceazgo. El cuatro de febrero de dos mil catorce, se reconoció y discernió a Sergio Arturo, el cargo de albacea de la sucesión testamentaria. El cuatro de noviembre de dos mil quince, en resolución interlocutoria, se declaró improcedente el incidente de oposición a la rendición de cuentas, y se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto del periodo del cinco de febrero al cuatro de agosto de dos mil catorce. El tres de agosto de dos mil dieciséis, se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto del periodo del cinco de febrero al cuatro de agosto de dos mil quince. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobaron las operaciones simples y extrajudiciales, el inventario y avaluó formulado por Sergio Arturo. El quince de enero de dos mil dieciocho, se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto de los periodos del cinco de agosto de dos mil quince al cuatro de agosto de dos mil dieciséis. El quince de marzo de dos mil dieciocho, se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto de los periodos del cinco de agosto de dos mil dieciséis al cuatro de agosto de dos mil diecisiete. El uno de junio de dos mil dieciséis, sic (dieciocho), se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto de los periodos del cinco de agosto de dos mil diecisiete al cuatro de agosto de dos mil dieciocho. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se aprobaron las cuentas rendidas por Sergio Arturo, respecto de los periodos del seis de febrero al seis de agosto de dos mil dieciocho. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el proyecto de participación y adjudicación de los bienes materia de la herencia inventariada; inconforme con el mismo el doce de diciembre de la citada anualidad, se admitió a trámite el incidente de oposición al proyecto presentado. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante resolución interlocutoria, se declaró infundado el incidente de oposición promovido en contra del proyecto de partición y adjudicación, promovido por Margarita, aprobando el mismo y ordenando la adjudicación de las cantidades y la acción mancomunada inventariadas. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el toca 144/2020, del índice de la Novena Sala responsable, revocando la interlocutoria reclamada. Resolución que corresponde al acto que en esta vía se reclama. III. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrimen los quejosos en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. Cierto, resulta innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objeto del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia por unificación en materia común 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." III. Decisión sobre la litis constitucional. Analizados los conceptos de violación hechos valer, se advierte que por una parte son inoperantes y, por otra, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Resulta inoperante el concepto de violación, mediante el cual la parte quejosa, establece que la Sala responsable, soslayó que no se demostró la existencia de la deuda con motivo de la celebración del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía fiduciaria, por Margarita López Gaytán, aquí tercera interesada, como acreditada y el de cujus Manuel Rivera García, en su carácter de obligado solidario; con Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, por $288,000.00 (doscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), contenido en la escritura pública 28,005 de veintiocho de marzo de dos mil siete, ante el Notario Público Cinco del municipio de Tlaquepaque, Jalisco; ni se condenó a la sucesión a dicha deuda antes del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que fue presentado el proyecto de liquidación, partición y adjudicación. Lo anterior es así, toda vez que la inoperancia surge en razón de que el tema planteado a través del concepto de violación, forma parte de la cosa juzgada, dentro del citado juicio sucesorio de origen. Cierto, como bien lo expuso la Sala responsable en su determinación, dicho tópico fue abordado al momento en que se resolvió la ejecutoria pronunciada en el toca 103/2018, determinando con claridad, que: De conformidad con los artículos 287 y 288 del Código Civil para el Estado de Jalisco, el régimen de sociedad conyugal consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y forman parte de este entre otros, los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes. Calidad que tiene el inmueble que se ubica en el edificio "A", departamento 11, ubicado en el nivel 1, de la calle Arco Valente, número 1084, de la Unidad Habitacional Arcos de Zapopan Uno, en Zapopan, Jalisco. Que con independencia de que no aparezca el nombre del autor de la herencia como acreditado en el contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria y sólo se indique que se le incorporó como obligado solidario, no debe pasarse por alto que el autor de la herencia contrajo matrimonio civil con Margarita López Gaytán, quienes decidieron que el régimen patrimonial que debían regir en dicha unión sería el de sociedad legal; de ahí, que se considere que los bienes que se adquieren a título oneroso por uno de los cónyuges forma parte de la sociedad legal que tienen constituida, ya que en la especie debe considerarse que dicho bien inmueble se adquirió a título oneroso, lo que en la especie se traduce en el contrato de apertura de crédito simple, con garantía fiduciaria, pues es precisamente dicho acto jurídico en razón del cual se adquirieron los derechos fideicomisarios que representan la posesión del inmueble antes descrito y en su momento el dominio respecto del mismo. Aunado a que acorde a lo previsto en el artículo 317 del Código Civil para el Estado de Jalisco, las deudas contraídas durante el matrimonio por uno de los socios con autorización del otro, son carga de la sociedad, supuesto en la especie que se encuentra actualizado, ya que si bien el autor de la herencia no tienen la calidad de acreditado, debe considerase efectuada su autorización para efecto de que la deuda forma parte del fondo social, pues concurrió al contrato de apertura de crédito con garantía fiduciaria como obligado solidario, esto es, adquirió obligación solidaria, respecto del pago del crédito que se consignó en dicho instrumento, lo que constituye su autorización para tal efecto. Así, lo anterior trae como consecuencia que se considere que respecto del monto de $44,538.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que como gastó detallo la cónyuge supérstite, sólo correspondan al autor de la herencia el 50% cincuenta por ciento de los mismos, esto es, la suma de $22,269.00 (veintidós mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por lo que deberá de atenderse de dicha manera en la rendición de cuentas. De lo anterior, resulta evidente que, contrario a lo señalado por la parte impetrante, lo relativo al 50% del precitado inmueble, ya fue materia de pronunciamiento dentro del juicio de origen, y si bien no consta en la rendición de cuenta que debía emitir la cónyuge supérstite Margarita López Gaytán; y no obra una determinación en la que se declare aprobada; lo cierto es que, dicha deuda al momento de ser analizada e incluida en la citada determinación, formó parte de la rendición de cuentas emitida, la que si bien se reprobó, esto fue únicamente en cuanto a la cantidad líquida mencionada, mas no respecto al rubro declarado, de ahí que sí debió haberse tomado en consideración. Máxime, si en contra de dicha determinación no se promovió el medio extraordinario para que fuera modificada o revocada, es que adquirió firmeza y de ahí el carácter de cosa juzgada, como acontece en el caso, teniendo validez los motivos y razones ahí expuestos. Tienen apoyo lo anterior en la jurisprudencia P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubor y contenido siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Por otra parte, también deviene inoperante el diverso concepto de violación emitido por la peticionaria, mediante el cual expone que la Sala responsable soslayó la existencia de un fondo de $169,398.03 (ciento sesenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional), con el cual se puede garantizar el 50% de la precitada deuda que le corresponde a la sucesión a bienes del de cujus, que asciende a la cantidad de $56,179.50 (cincuenta y seis mil ciento setenta y nueve mil pesos 50/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 3107, 3112 y 3120, del Código Civil para el Estado de Jalisco, lo anterior es así, ya que dicho argumento primeramente no formó parte de la litis del juicio de origen. Cierto, del análisis de las constancias que integran el juicio sucesorio, se advierte que dicha manifestación no fue propuesta al momento en que se presentó el proyecto de partición y adjudicación presentado, o bien, como vía de alegato, a fin de que la Sala responsable estuviera en posibilidad de atender dicha circunstancia y pronunciarse respecto a ella al momento de que resolvía el recurso de apelación. De ahí que, si lo aquí alegado de manera alguna fue introducido por los impetrantes, desde el juicio de origen, dichos argumentos no pudieron haber sido analizados por la Sala responsable, encontrándose impedido este Juzgador en realizar su análisis. Aunado a lo anterior, convienen indicar que no resulta acertado lo expuesto en el sentido de que, de conformidad con los artículos 3107, 3112 y 3120, del Código Civil para el Estado de Jalisco; la Sala responsable, estuviera en aptitud de establecer que en razón de la existencia del fondo de $169,398.03 (ciento sesenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional), se pudiera garantizar el 50% de la precitada deuda que le corresponde a la sucesión a bienes del de cujus, que asciende a la cantidad de $56,179.50 (cincuenta y seis mil ciento setenta y nueve mil pesos 50/100 moneda nacional); toda vez que como lo expuso la Sala responsable en la resolución reclamada, dicha deuda debe ser tomada en consideraciones en las operaciones de inventario y avaluó, al haber sido incluidas mediante la ejecutoria pronunciada por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el toca 103/2018. Pues de conformidad con los artículos 3098 al 3104 del Código Civil del Estado de Jalisco; es obligación de la albacea pagar primeramente las deudas mortuarias, una vez que se hayan pagado los gastos de rigurosa conservación u administración de la herencia, así como lo créditos alimenticios. De ahí que contrario a lo señalado por los impetrantes, del contenido de los artículos 3107, 3112 y 3120, del Código Civil para el Estado de Jalisco; de manera alguna se advierte que del fondo que corresponde a la masa hereditaria, una vez ordenada la partición de los bienes, se esté en aptitud de liquidar deudas mortuarias. En efecto, si bien del contenido del precitado artículo 3107, impone la obligación de que una vez concluido el inventario, no podrán pagar los legados sin haberse cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, por lo cual deberán de conservar los bienes los gravámenes especiales que tengan; de ahí que no resulte aplicable en razón de que dicha deuda como se indicó debe de formar parte del inventario; esto es, debe de liquidarse con anterioridad. Por su parte, el diverso numeral 3112 invocado, de manera alguna puede aplicarse, pues este señala que, si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, le entregara esos bienes, siempre que garantice suficientemente responder por los gastos y cargas de la herencia, en la porción que le corresponda; cierto, el precitado numeral expone la obligación de entregar los bienes al legatario, el cual deberá de responder de los gastos y cargas que genere; así resulta claro, que de manera alguna dicho numeral obliga al legatario a la liquidación de la deuda del bien, como lo hacen ver los peticionario, si no a los gastos y cargas generados, como pudiera ser en casos de bienes inmuebles, los servicios que tiene (agua, luz, gas, mantenimiento) o bien las obligaciones tributarias que existen respecto al mismo. Asimismo, tampoco es aplicable el diverso arábico 3120, el cual dispone que de los gastos de partición se rebajaran del fondo común, salvo aquellos que en particular correspondan al interés particular de los herederos o legatarios, con motivo de su haber; ya que el precitado establece que serán los gastos de partición los que se pueden, deducir del fondo; mas no así, la deuda mortuaria, que se analiza, con motivo del crédito respecto al inmueble ubicado en el edificio "A", departamento 11, ubicado en el nivel 1, de la calle Arco Valente, número 1084, de la Unidad Habitacional Arcos de Zapopan Uno, en Zapopan, Jalisco. Asimismo, resulta inoperante el argumento emitido por la sucesión quejosa, por el cual refiere que la Ad quem responsable en la resolución reclamada, no precisó quien es RARL, ya que no existe alguna heredera con dicho nombre en la sucesión a bienes de Manuel Rivera García; dicha inoperancia radica en que con dicha afirmación de manera alguna contraviene la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 191572, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada.". De ahí, que si el silogismo plasmado se sustenta en que en la precitada determinación, no se hace la precisión de a quien se refiere cuando se citan las iniciales RARL, dado que no existe dentro de la masa hereditaria persona alguna con ese nombre; empero, dicha afirmación sólo corresponde a una omisión intrascendente por parte de la responsable en aclarar que se trata de la menor, pero de manera alguna combate alguna parte de la determinación emitida; máxime que en la resolución reclamada sí se establece el vínculo respectivo, y la no precisión del nombre de la menor obedece a aspectos de protección a su identidad. Lo anterior es así, si tomamos en consideración que en los asuntos en que se encuentran vinculados derechos de una menor de edad, ante la eventual necesidad de citar su nombre, las autoridades únicamente insertan sus iniciales al momento de hacerse referencia a ellos, como se ha realizado en la presente determinación, ello, conforme con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de los Niños, artículo 40, punto 2 fracción VIII, de la Convención Americana de los Derechos de los Niños, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en sus cánones 13 fracción XVII, 76, 77 y 79. En ese sentido, si el precitado argumento no ataca de manera directa, alguna de las consideraciones realizadas en la resolución reclamada, deviene inoperante el mismo. Por otra parte, a fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, conviene señalar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.[.]" El precepto legal transcrito contiene el derecho fundamental de seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, debiéndose entender por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión; y es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Entonces, acorde con lo expuesto, en toda resolución a fin de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración para demostrar dichos extremos. En otras palabras, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. Luego, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación, que debe hacer la autoridad, entre la norma general fundatoria y el caso específico en el cual va a operar o surtir sus efectos. Ilustra esto último, la jurisprudencia 73 de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo III, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que enseguida se transcribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la diversa jurisprudencia 338, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 227, de rubro y texto siguientes: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal." Entonces, el acto reclamado debe cumplir con los siguientes lineamientos: 1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2. Que provenga de autoridad competente; y; 3. Que los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Así las cosas, el primero de los presupuestos mencionados, implica la certeza de que el afectado pueda conocer de qué autoridad proviene el acto; certeza que se adquiere con la elaboración del documento y la firma de quien lo emitió, requisito que origina una relación directa entre lo expresado en el escrito y su emisor, y que desde luego implica que el firmante acepta expresamente el contenido de la resolución; requisito con el que cumple cabalmente la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, pues fue por escrito y tiene la firma de los magistrados y secretario de acuerdos adscrito. El segundo de los requisitos, consiste en que el acto provenga de autoridad habilitada constitucional o legalmente y que tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo; el que igualmente se encuentra satisfecho, toda vez que la determinación que se tilda de ilegal, fue emitida por una autoridad judicial, competente de conformidad con la fracción I, del artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de una interlocutoria que resuelve el proyecto de partición y adjudicación de la herencia, en términos del artículo 933 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Finalmente, el tercero de los requisitos de legalidad, consistente en la exigencia de fundamentación, es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer la autoridad mediante el acto que emita, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación, como se indicó, se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar; presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre circunstancias que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Desde luego, se insiste, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. En ese orden de ideas, se concluye que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 144/2020, del índice de la Sala responsable, la que de manera sintética estableció lo siguiente: Determinó que resultaba fundado el concepto de violación hecho valer por la recurrente, aquí tercera interesada; en el sentido de que no obstante que la deuda de la masa hereditaria, respecto de crédito en el que el de cujus participó, no hubieran sido parte de las operaciones de inventario y avalúo aprobadas el veinte de septiembre de dos mil diecisiete; ello no es suficiente para que se apruebe el proyecto de partición propuesto; toda vez que en la resolución emitida en el toca 103/2018, emitida por la Séptima Sala, se determinó la existencia de una carga de la sucesión, en un 50%, con motivo del contrato de crédito bancario celebrado por Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple y la cónyuge supérstite (en dónde el de cujus actuó en calidad de obligado solidario), aun y cuando no hubiera sido inventariado; siendo desacertado lo resuelto por el Juez de instancia, en aprobar el proyecto de partición y adjudicación, al no haberse resuelto si existe una carga para la sucesión derivada del referido crédito para adquirir una inmueble. Agregó que al no haberse resuelto en torno a los alcances de esa parte de la herencia la cual fue reconocida en diversa resolución; pues debe tomarse en consideración los artículos 3098 al 3104 del Código Civil para el Estado de Jalisco, que señalan que concluido y aprobado en inventario, el albacea procederá a la liquidación de la herencia, en donde serán pagadas primeramente las deudas mortuarias, después se pagarán los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios que pueden también ser cubiertos antes de la formación del inventario y enseguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles, entendiéndose como tales las contraídas por el autor de la herencia, independientemente de su última disposición, y de las que es responsable con sus bienes; declarando improcedente aprobar la partición y adjudicación de los bienes que fueron inventariados, al no haber resuelto en el mismo o de manera previa, respecto de las obligaciones contraídas por la sociedad que formó el de cujus con la ahora cónyuge supérstite, siendo procedente el declarar fundado el incidente de oposición, y por ende reprobar el mismo. Estableció que también resultaba procedente revocar el fallo impugnado, al vulnerar con ello los derechos humanos de la adolecente identificada con las iniciales R.A.R.L., ya que al momento de resolver en torno a la partición y adjudicación, no se atendió al interés superior de la niñez, que en todo momento debe prevalecer. Explicó que en la resolución emitida en el toca 103/2018, emitida por la Séptima Sala, el quince de junio de dos mil dieciocho, se estableció que el artículo 2984 del código civil estatal, es claro en precisar que la masa hereditaria está afectada en forma preferente al pago de los alimentos, como en el caso para la citada adolescente, el cual resulta necesario se tramite de forma independiente, sin que a la fecha exista constancia de ello; por lo que dicha omisión también resulta un obstáculo para llevar a cabo la aprobación del proyecto, al estar precisamente afectada la masa hereditaria al pago de alimentos, de lo contrario se estaría dejando en franco estado de indefensión a la citada adolescente, por omisiones imputables a aquellas personas que en términos del artículo 2988, del citado ordenamiento, tienen acción para pedir y asegurar los alimentos a su nombre. Añadió que se conminaba a la tutriz Martha Elena Ulloa Gómez, a fin de entable las acciones legales pertinentes a favor de la adolecente identificada con las iniciales R.A:R.L., para asegurar los alimentos que le corresponden por parte de la sucesión afecta, ordenándose dar vista al agente de la Procuraduría Social de la adscripción, así como al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, para que vigilen y en su caso promuevan lo que en derecho corresponda. Expuesto lo anterior, resulta necesario establecer lo atinente al principio del interés superior del menor, en atención a que fue el tema abordado por la Sala responsable, en la determinación que en esta vía se reclama. Así, del contenido de los artículos 4o, Constitucional; 3° y 4° de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2°, fracción I y 4°, fracción I de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, en concordancia con los diversos preceptos 3°, 4, 9° y 12°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen el interés superior de los menores como principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercutan en la vida de aquéllos. Dicho principio obliga a que en toda controversia en que se encuentre involucrado un menor, el juzgador observe, por sobre todas las cosas, el bienestar de los infantes, anteponiéndolo al interés de cualquier adulto involucrado en la contienda, incluso, supliendo en su provecho la queja deficiente. Así, en el sistema jurídico mexicano el concepto del interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En efecto, las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos todos esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En ese contexto, en toda contienda en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, deberá resolverse atendiendo a un principio básico: el interés superior del niño. De lo anterior es plausible estimar que cuando en un procedimiento, cualquiera que éste sea, se dicten providencias, sin importar su sentido o naturaleza, los tribunales deben atender al interés superior del niño como una consideración de carácter primordial, así como a vigilar el respeto a los derechos humanos de los infantes. Por su parte, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en los artículos 2705, 2984, y 2988, establecen lo siguiente: "Artículo 2705.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes en la sucesión." Artículo 2984.- La masa hereditaria está afectada en forma preferente al pago de los alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: I. A los descendientes menores de dieciocho años; (.) Artículo 2988.- El derecho de alimentos a que se refiere este capítulo se rige por las siguientes bases: I. No es renunciable; II. No puede ser objeto de transacción; III. La pensión alimenticia se fijará y asegurará en los siguientes términos: a) Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista. Pero si al haber concluido la educación secundaria y antes de alcanzar la mayoría de edad están estudiando una carrera a nivel licenciatura, tienen el derecho a recibir alimentos hasta que obtengan el título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción; b) La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital al beneficiario para su establecimiento o para el ejercicio del oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado; c) Tienen acción para pedir y asegurar los alimentos: 1) El acreedor alimentario; 2) El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; 3) El tutor del acreedor alimentario; 4) Los demás parientes del acreedor, sin limitación de grado en línea recta o dentro del tercer grado en la línea colateral; 5) El procurador de la familia; y 6) El Agente de la Procuraduría Social; y d) El aseguramiento podrá consistir, en fianza, prenda, hipoteca, o depósito de dinero; IV. La pensión alimentaria por ningún motivo podrá exceder de los productos de la porción y en caso de sucesión intestada correspondería al que tenga derecho a dicha pensión; ni será menor de la mitad de dichos productos; V. Si el testador hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su designación cualquiera que sea siempre que no sea inferior al mínimo antes señalado; y VI. No le son aplicables a los alimentos debidos por sucesión las disposiciones del libro segundo, título quinto, capítulo II de este código. (.) Del contenido de los citados numerales, se pone de manifiesto que es una obligación en forma preferente el pago de alimentos, entre otros a los descendientes menores de dieciocho años, persistiendo dicha obligación siempre y cuando estudie una carrera a nivel licenciatura, hasta que obtengan el título correspondiente, si dichos estudios los realiza normalmente y sin interrupción. En ese sentido, contrario a lo señalado por los peticionarios, con la determinación realizada por el Ad quem, de manera alguna contraviene lo dispuesto por los artículos 423 y 443, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al introducir a la litis procesal, el derecho de alimentos a favor de la menor heredera R.A.R.L., los cuales no se encontraban previstos como parte de las deudas de la sucesión. Añaden, que aun y cuando la fracción I, del artículo 2984 del ya citado ordenamiento, prevé el pago de los alimentos a los descendientes menores de dieciocho años; sin embargo, operan los casos de excepción contenidos en los citados arábigos 2985 y 2986, que hacen la cesación de la obligación de alimentos a favor de la menor, ya que, de conformidad con el artículo 434 del código sustantivo civil, dicha obligación alimentaria corresponde en un 50%, a ambos padres, y no sólo a uno de ellos; sin que la sucesión, se encuentre obligada a proporcionarlos toda vez que la madre de la citada menor, se encuentra en posibilidad de proporcionárselos, aplicando así la excepción prevista en el artículo 2985, contenida en el precitado ordenamiento, dado que la cónyuge supérstite, madre y pariente de la menor, tienen bienes propios y suficientes para proporcionar los alimentos, máxime que los bienes que tienen son mayores a los que recibirá el resto de los coherederos universales de la sucesión. Indican que no existe dicha obligación, dado que la citada menor al ser coheredera de la sucesión, al ser titular, beneficiaria o propietaria de una quinta parte de la masa hereditaria, por tanto aplica también el segundo caso de excepción previsto en el diverso numeral 2986, al establecer que no existe dicha obligación a las personas que tengan bienes. Dichas afirmaciones resultan infundadas, en atención a que, como previamente se indicó, en los autos del juicio sucesorio de origen se encuentra involucrada la menor identificada con las iniciales R.A.R.L., de ahí que los juzgadores en el ámbito de su competencia legal, se encuentran obligados a asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la nuestra Suprema Corte, de contenido y rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." En ese sentido, si de conformidad con los citados numerales 2705, 2984, y 2988, impone a la sucesión la obligación en forma preferente del pago de alimentos, de manera alguna la Sala introdujo un elemento ajeno a la litis e incorporarlo como una carga para la sucesión; pues no se puede soslayar, el contenido de los arábigos 3099 al 3104, del código sustantivo civil local; los cuales exponen el orden de liquidación de las deudas con el caudal hereditario; debiendo primeramente pagarse las deudas mortuarias, que comprenden los gastos funerarios y los generados por la última enfermedad del autor de la herencia; en segundo lugar, los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia; así como los créditos alimenticios; y después las deudas hereditarias que fueren contraídas por el autor, y de las que es responsable con sus bienes, independientemente de su última disposición. Así, contrario a lo señalado por los agraviados, de manera alguna la Sala responsable introdujo una carga a la sucesión, por el contrario, introdujo una obligación legal que se omitió rendir, la cual, como se advierte es de liquidación predominante; pues ello radica en la necedad inminente de otorgar los alimentos de manera continua y permanente, sin que pudiera aplazarse su satisfacción hasta que culmine el juicio sucesorio; no obstante que refieran que los alimentos corresponden a un 50% cincuenta por ciento, a cada padre; también lo es que dicha determinación de manera alguna fijó una cantidad liquida, si no, determinó no aprobar el proyecto planteado, en razón a que debía incluirse como deuda los alimentos que debe recibir la menor identificada con las iniciales R.A.R.L., máxime de las constancias que integran dicho expediente, al menos desde el dos mil once en que se inició el mismo, se desconoce si dicho rubro ha sido cubierto o exigido a la masa hereditaria, en otra vía. Asimismo, resulta infundado el argumento, por el cual refieren que no resulta procedente el otorgamiento de los alimentos introducidos por la responsable; en virtud de que se actualizan los supuestos de excepción contenidos en los arábigos 2985 y 2986 del código civil local de esta Entidad federativa, lo que hace que cese la obligación de otorgar alimentos a favor de la menor. Cierto el contenido de los precitados dispositivos, es del tenor siguiente: "Artículo 2985.- No hay obligación de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los parientes más próximos en grado." "Artículo 2986.- No hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes; pero si teniéndolos, su producto no iguala a la pensión que debería corresponderles, la obligación se reducirá a lo que falte para completarla." Del contenido de los citados artículos, efectivamente se advierten dos excepciones para que la masa hereditaria no se encuentre afectada, con motivo de los alimentos, esto es, en razón de que si quien deba recibirlos, no tiene la posibilidad de obtenerlos de sus parientes más próximos en grado; y, cuando quien deba de recibirlos tenga bienes, siempre y cuando su producto no sea igual a la pensión que le corresponde, de ser así la obligación corresponderá complementarla. Sin embargo, se estima que dichos dispositivos no resultan aplicables al caso, ya que si bien el primer de ellos expone que no existe dicha obligación, si quien los necesita tiene parientes próximos en grado, quien se los proporcione; empero, no debemos soslayar que como bien lo expone la parte agraviada, el artículo 434 del código sustantivo civil del estado, obliga a ambos padres a otorgarlos, de ahí que legalmente corresponde el 50% de la manutención de la menor; aunado a ello, si bien es cierto que la menor, es acreedora a una quinta parte de la masa hereditaria, sin embargo, de manera alguna se encuentra acreditado que dicha porción es equivalente a la pensión otorgada a la infanta, de ahí que no puede aplicarse pues no se ha acreditado ello, máxime que, de igual forma, dicha afirmación no fue expuesta de manera alguna dentro del juicio de origen. Cabe señalar que el derecho de alimentos se adquiere desde que se tienen certeza de la concepción y, específicamente, desde ese momento debe ser tutelado; por tanto, establecer limitaciones en el derecho interno, cuya razonabilidad no se encuentra claramente justificada, implica una restricción al derecho humano de alimentos que no se armoniza con la aplicación del principio pro persona, en relación con el interés superior del menor. Así, negar el derecho de alimentos a un menor con base en dichos preceptos legales, viola la naturaleza y fin de los alimentos, analizados a la luz del interés superior del menor, lo cual atenta contra artículo el 1o de la Constitución, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a proteger y garantizar los derechos humanos. Tiene apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.9 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y contenido siguiente: "ALIMENTOS. PROCEDE OTORGARLOS, AUN CUANDO ESTÉ EN TRÁMITE EL JUICIO SUCESORIO EN EL QUE LA SOLICITANTE FUE RECONOCIDA COMO HEREDERA SI SE ENCUENTRA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. No es obstáculo que la impetrante de alimentos se encuentre en uso de sus facultades, no esté discapacitada físicamente, ni sea menor de edad, para que proceda la acción de alimentos, pues deben tomarse en consideración también otras circunstancias personales en que se encuentre, como las de edad avanzada, o estado de salud que le impidan trabajar y la coloquen en grado de vulnerabilidad; tampoco es óbice que la acreedora de alimentos tenga el carácter de heredera en el juicio de la sucesión intestamentaria demandada, pues la necesidad de alimentos es continua y permanente, razón por la que no puede aplazarse su satisfacción, hasta que culmine el citado juicio sucesorio." Finalmente, también resulta infundado el diverso motivo por el cual exponen que la resolución reclamada, en la que conmina a la tutriz dativa, para que realice y entable las acciones legales pertinentes a favor de la menor coheredera, con la finalidad de que se determine y en su caso se fijen y se aseguren los alimentos que le corresponden por parte de la sucesión testamentaria, lesionando sus derechos jurídicos, ya que siempre se ha velado por los derechos y el interés superior de la citada; máxime que la demanda de alimentos en contra de la sucesión, ya fue presentada por la madre de la menor, aquí tercera interesada, la cual fue admitida el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1759/2019, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Cierto, los artículos 648, 686 del Código Civil para el Estado de Jalisco, estable: "Artículo 648.- La tutela dativa tiene lugar: I. Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima; II. Cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su cargo y no hay ningún pariente de los designados en el artículo 636; III. Cuando es designada por persona mayor de edad en instrumento público, para el caso en que se le declare estado de incapacidad; y I V. En los demás casos establecidos por la ley. Artículo 686.- El tutor está obligado: I. A la custodia del incapacitado; II. A destinar los recursos del incapacitado para procurar su buen estado de salud física y psíquica, así como a la prevención de enfermedades y en su caso a la recuperación de niveles de salud universalmente aceptados; III. A realizar formal inventario debidamente circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio del incapacitado, dentro del término que el juez designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad, el término para formar el inventario no podrá ser mayor de tres meses; IV. A administrar el caudal de los incapacitados; El pupilo será consultado para los actos importantes de la administración, cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis años; pero la falta de consulta no surte efectos contra tercero. La administración de los bienes que el pupilo menor ha adquirido con su trabajo, le corresponde a él y no al tutor; V. A representar al incapacitado en juicio y fuera de él, en todos los actos civiles con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales; y VI. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no puede hacer sin ella. "Artículo 687.- Los gastos de alimentación y educación del menor deben regularse de manera que nada necesario le falte, según sus condiciones y posibilidades económicas. De la interpretación sistemática de los citados artículos, podemos advertir que en el caso iniciarse un juicio sucesorio, en el que se encuentre involucrado un menor y no hay un tutor testamentario, ni persona a quien conforme a la ley le corresponda la tutela legítima; se le designará un tutor dativo, dicho cargo tienen como finalidad la representación en los juicios de carácter civil, con excepción del matrimonio, reconocimiento de hijos, testamento y otros estrictamente personales; pudiendo pedir autorización judicial para todo lo legalmente que no puede hacer sin ella. De autos se advierte que la madre tiene el carácter de coheredera, quien puede tener intereses contrarios con su menor hija, tanto así, que le fue nombrada una tutor dativa, en ese tenor, es acertado que dicha tutora es la persona correcta para ejercer el juicio de alimentos corresponde al tutor dativo, pues es a cargo de quien se encuentra tutelados los derechos de la menor y quien puede ejercer los mismos ante las instituciones judiciales. Cierto, del contenido de los dispositivos transcritos, se advierte que la función de la tutor dativa, es preserva y hacer valer primeramente, los medios de defensa oportunos en el juicio sucesorio en el que fue nombrado y aceptado el cargo; así como para ejercer todas aquellas acciones legales que le competen a fin de garantizar el interés superior del menor; con las propias restricciones legales ahí contenidas; pudiendo en el caso solicitar mediante una determinación judicial las que considere pertinentes. En ese sentido, si el Ad quem, ante la prevalencia que tiene el derecho de alimentos que debe recibir la menor y, tomando en consideración que cuando menos desde dos mil once, en que se inició el juicio, no se había otorgado o garantizado; es que válidamente instruyó a la tutora dativa, para que ejerza dicha controversia y de esta forma, sujetar a la masa hereditaria al pago de las mismas, a fin de satisfacer las necesidades básicas como alimentación, salud física y emocional, entre otras; es notorio que dicho mandato debe de acatarse en aras del interés superior del menor, lo que hace las veces de un mandato judicial; máxime no existe una limitación legal que le impida realizar dicha gestión, a favor de su tutelada. De ahí, que en las apuntadas condiciones, y ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer en contra de la resolución que en esta vía se reclama, procede negar el amparo y protección solicitados. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Arturo, Jorge Alejandro, Claudia Isabel, todos de apellidos Rivera Gutiérrez, por derecho propio; la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Rivera García, representada por su albacea; y, Marta Elena Ulloa Gómez, en su carácter de tutriz dativa de la menor heredera R.A.R.L.; contra el acto que reclaman de la autoridad precisada en el considerando segundo de la presente sentencia, por los motivos y para los efectos establecidos en el penúltimo considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. La Secretaria de Relaciones Exteriores Informa. Téngase por recibido el oficio que remite la Jefa de Departamento de Impedimentos Administrativos, adscrita a la Secretaria de Relaciones Exteriores, atento a su contenido informa en cumplimiento a lo ordenado en oficio 3815/2022 giró oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores informando que las causas que dieron origen a la restricción de sustracción del menor han dejado de subsistir y por tanto se determinó procedente la baja del impedimento J-315882. Se toma nota y se acusa de recibo. En consecuencia, se toma nota de lo informado por la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes; y como lo solicita la autoridad responsable, acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.
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