Antonio Rodríguez Núñez
Expediente 2366/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
- Antonio Rodríguez Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Orden de destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente al haberse negado tanto la suspensión provisional, como la definitiva del escrito inicial de demanda y su ampliación, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a tres de marzo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el comunicado que remite el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que el cinco de enero de la presente anualidad, se dictó la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de la sociedad legal promovido por el aquí quejoso, ello en atención al acto atribuido en esta instancia; lo anterior, dado que en acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mfcs
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento al auto de quince de febrero de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil-mercantil y reclamarse un acto de autoridades residentes en la jurisdiccional territorial de este Juzgado de Distrito, toda vez que fue en este Distrito en donde se presentó la demanda. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Así, contrario a lo señalado por el tercero interesado en vía de alegatos, este Juzgador resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, y no así, el homólogo de la ciudad de México, como lo expone; lo anterior, es así, toda vez que este Juzgado, es quien previno a trámite la demanda, lo cual le finca competencia. Cierto, si bien la quejosa, no es parte en el juicio de origen, donde se llevó el emplazamiento y se trabó el embargo (diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve), lo cual daría competencia por la ejecución del acto reclamado, en virtud del lugar en donde se llevó a cabo la misma (Guadalajara, Jalisco); sin embargo, no debemos de pasar lo atinente a que la competencia en el presente asunto se rige en razón a prevención; esto es, La competencia se finca ante el Juez de Distrito que se presente la demanda, que en el caso fue este Juzgado, por cuestión de turno, como es patente en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, que obra en la misma. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, tenemos que el acto que se combate en el presente juicio de amparo, es: El embargo realizado sobre la marca "HELL & HEAVEN METAL FEST" y diseño y/o "HELL & HEAVEN", en la diligencia requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, llevada en el exhorto 151/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, formado con motivo de la existencia del juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México; y, La inscripción del embargo de la marca "HELL & HEAVEN METAL FEST" y diseño y/o "HELL & HEAVEN", en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Inexistencia del acto reclamado al instituto responsable. El Director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; al momento de rendir su informe de ley, negó que dicha autoridad haya tenido intervención dentro del procedimiento de origen; esto es la inscripción del embargo trabado sobre la marca HELL & HEAVEN METAL FEST" y diseño y/o "HELL & HEAVEN", ordenando en el juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de la Ciudad de México. Cierto, del contenido del precitado informe de ley se advierte que la autoridad responsable, al momento de emitir su informe indicó que dicho titular, de manera directa cumplió el requerimiento emitido por el juez de origen responsable, si no fue el diverso Subdirector Divisional de Servicios Legales Registrales e Indicaciones Geográficas, del precitado instituto quien lo realizó y quien forma parte de esta litis constitucional. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Aunado, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, con registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." Así, en atención a que la autoridad responsable negó la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado algún medio de prueba a fin de desvirtuar dicha negativa; en consecuencia, se sobresee el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63, de la ley de la materia. Existencia de los actos reclamado. El Juez Sexagésimo Quinto de la Ciudad de México; el Juez y Secretario ejecutor, ambos del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco; y el Subdirector Divisional de Servicios Legales Registrales a Indicaciones Geográficas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al momento de rendir sus informes de ley, aceptaron los actos que se les reclaman, lo que es suficiente para tenerlos por ciertos, en términos de la jurisprudencia 305 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo que se corrobora con la copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 1274/2014, allegada por la autoridad responsable ordenadora, así como con el oficio de ocho de octubre de dos mil diecinueve, firmado por el Subdirector responsable; a los que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte, de oficio, alguna causa que haga improcedente este asunto, ni las partes invocaron diversa. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si fue correcta la diligencia requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, llevada en el exhorto 151/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la que fue ordenada en el juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. II. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias certificadas del expediente de origen, las cuales al parecer se encuentran completas, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Edvard Billy Ramos Putkkuri, apoderado legal de Operadora de Centros de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, por escrito, demandó en la vía mercantil ejecutiva y en acción cambiaria directa a Concerttools, sociedad anónima de capital variable y Javier Castañeda Calvillo, el pago de la suerte principal e intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas. El siete de enero de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 1274/2018, del índice de la responsable y se previno a trámite la misma. El quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda presentada en la vía y forma propuesta; se instruyó al actuario para que requiriera a los demandados el pago de las cantidades reclamadas y accesorios, y de no hacerlo se le embarguen bienes suficientes para garantizarlos y hecho lo anterior los emplazara, para que en el término legal concedido, dieran contestación a la demanda presentada en su contra y opusieran las excepciones y defensas así como las pruebas que consideraran; ordenándose girar exhorto para que se llevara dicha diligencia, en atención a que el domicilio de los demandados se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado de origen. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve , se radicó el exhorto girado bajo el ordinal 151/2019, del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y se ordenó su diligenciación. El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el secretario ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en el exhorto 151/2019, llevo a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que ante la falta de pago de la suerte principal y accesorio, y ante la falta de señalamiento de bienes por la demandada, ante el señalamiento de la actora embargó "la marca denominada "Hell & Heaven Metal Fest" y/o "Hell & Heaven" el diseño y todos los derechos inherentes al mismo". Determinación que constituye el acto reclamado en la presente contienda constitucional. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recibió el oficio 3202, signado por el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México; mediante el cual se ordenó se inscribiera el embargo trabado, sobre la marca denominada "Hell & Heaven Metal Fest" y/o "Hell & Heaven" y todos los derechos inherentes a la misma, así como cualquier otra en que sea titular la demandada "Concerttools", sociedad anónima de capital variable. El ocho de octubre de dos mil diecinueve , se tuvo a Carlos Andrés Alcaráz Márquez, en su carácter de administrador general de "Concerttools", sociedad anónima de capital variable, contestando la demanda instaurada en su contra y oponiendo excepciones y defensas; con la cual se dio vista a la parte actora. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora, aquí tercera, desahogando la vista dada, respecto de las excepciones y defensas opuestas la demandada "Concerttools", sociedad anónima de capital variable. III. Conceptos de violación. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala, emitida en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". IV. Decisión sobre la litis constitucional. Es fundado y suficiente el concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, para conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa; por el cual manifiesta que es ilegal el embargo realizado en contra de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y Diseño, la cual es de su propiedad dentro de un juicio en el que no figura como parte, respecto del cual se le pretende privar; es decir, la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento que dio origen a los actos reclamados. Ahora bien, a fin de sustentar lo fundado de tal motivo de inconformidad, deviene oportuno imponerse del contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dispone textualmente lo siguiente: "ARTÍCULO 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.[.]". El precepto constitucional en su párrafo transcrito, consagra el derecho fundamental de audiencia, como principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del Poder Público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así pues, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. Resulta aplicable a lo hasta aquí expuesto, la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, tomo II, diciembre de 2005, Materias Constitucional y Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De la jurisprudencia transcrita, se destaca que el derecho de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la vida, la libertad y sus propiedades y, en general de todos sus derechos. Por lo anterior, resulta necesario precisar que para los efectos del juicio de protección de derechos fundamentales, por "persona extraña al juicio", debemos entender que es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, a la que se le conoce como "persona extra al juicio por equiparación". Al respecto, se invoca la jurisprudencia que ha sido sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 56, tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso, la quejosa reclama en esta instancia constitucional el embargo practicado dentro del exhorto 151/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, formado con motivo del juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, comunicación en la que el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el embargo de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño, de la cual aduce su propiedad, y sus consecuencias, a saber, la inscripción del embargo trabado. Así, como se indicó, en la especie se encuentra acreditada plenamente la existencia de los actos reclamados, toda vez que en el juicio de origen se llevó a cabo el embargo sobre la totalidad de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño. Ahora bien, para acreditar la propiedad que aduce tener, la solicitante de la protección constitucional exhibió en el presente juicio, el oficio sin número, de treinta de julio de dos mil diecinueve, firmado electrónicamente por José Alberto Monjaras Osorio, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que hace constar que en dicha data y mediante No. 324790/2019, quedó inscrita la transmisión de derechos a favor de la quejosa y José Luis Alva Briceño, respecto de la marca 1948390, como se ilustra a continuación. Comunicado, emitido con motivo del convenio celebrado entre Javier Castañeda Calvillo y José Luis Alva Briceño, copropietarios de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño (clase 41), con número de registro 1948390, a fin de transmitir derechos a favor de Miriam Castañeda Calvillo, en un 68.50% (sesenta y ocho punto cincuenta por ciento), de la citada marca, de quince de mayo de dos mil diecinueve, como se precisa en la Cláusula Primera, como se ilustra a continuación. (.) Documentos, que se encuentran contenidos en el expediente de la marca registrada 1948390, mismo que fue remitido por la autoridad de propiedad intelectual responsable, en un disco compacto, donde certificó que los documentos en formato PDF, corresponden de manera fiel a las contenidas en el precitado expediente. Probatoria, a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia de la firma electrónica, la cual en términos del artículo 69-C, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo dota con tal carácter; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. Debe indicarse que si bien el citado documento, no contiene la firma autógrafa y sello oficial en el documento; también lo es, que ello no le resta valor, dado que contiene la firma electrónica, que garantiza la integridad del documento, produciendo los mismo efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, de ahí que debe de concederse el mismo valor probatorio; lo anterior, en razón de que la firma electrónica avanzada está vinculada a un certificado expedido por una competente, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria, en el que constan los datos del registro respectivo. Así, es que a partir la expedición del citado oficio obtiene plena certeza de que la ahora peticionaria de amparo adquirió los derechos de la marca embargada en el juicio de origen, esto es, a partir del treinta de julio de dos mil diecinueve; lo cual es anterior a la fecha de la diligencia de embargo practicado dentro del exhorto 151/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, formado con motivo del juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se llevó a cabo el embargo de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño. En atención a las consideraciones precedentes, se concluye que los actos que por esta vía se combaten son violatorios de los derechos fundamentales de la solicitante de la tutela constitucional, toda vez que se llevó a cabo el embargo y su inscripción respecto de una marca de la cual es titular, en un 68.50% (sesenta y ocho punto cincuenta por ciento); como se advierte del convenio de transmisión de derechos celebrado el quince de mayo de dos mli diecinueve; ello, dentro de un juicio del cual no forma parte, esto es, sin que haya tenido intervención alguna; todo lo cual afecta de manera directa el derecho de propiedad que ostenta respecto del bien inmueble que se describe en el contrato de compraventa que celebró con la parte demandada en el procedimiento de origen. En ese sentido, y de las pruebas aportadas resulta evidente que si la marca fue adquirida el quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante un convenio de transmisión de derechos, celebrado entre Javier Castañeda Calvillo, aquí tercero interesado; y Miriam Castañeda Cavillo, aquí quejosa; e inscrita ante el Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográfica, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el treinta de julio de dos mil diecinueve, a favor de la impetrante y José Luis Alva Briceño; es inconcuso que es copropietaria del 68.50% (sesenta y ocho punto cincuenta por ciento) de la marca embargada, atributo que se encontraba "presente" al momento en que tuvo verificativo el acto reclamado. Situación con la que se infringe en perjuicio de la parte quejosa, el derecho de audiencia contenida en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, dado que el embargo e inscripción efectuados en el expediente mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, respecto de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño, con registro 1948390, misma que es en un 68.50% propiedad de la aquí quejosa, se efectuaron respecto la totalidad de la propiedad; pues así se desprende de la diligencia de embargo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, y del registro de embargo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio folio 239535, contenida en el disco compacto, remitido por la precitada autoridad. Por ende, le asiste razón jurídica a la quejosa cuando alega que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucional, el que se traduce en que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesión o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, a efecto de respetar su prerrogativa de audiencia previa, ya que de otra forma se traduciría, en una violación directo a un derecho sustantivo. No se soslaya la manifestación realiza por el tercero interesado, en el sentido de que resulta legal el embargo realizado por la autoridad responsable, en virtud de la existencia de la carta convenio de trece de enero de dos mil diecisiete, celebrada entre Concerttools, sociedad anónima de capital variable, representada por Carlos Andrés Alcaraz Márquez, y Operadora Centros de Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, aquí tercera interesada, mediante la cual se garantizó la titularidad de todos y cada uno de los derechos respecto de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño, la cual se llevó ante notario público. Sin embargo, ello no es una razón suficiente para sostener la legalidad del acto que se reclama; toda vez, que como se indicó en la presente determinación, quedó acreditado que la aquí quejosa, es propietaria en un 68.50% (sesenta y ocho punto cincuenta por ciento) de la marca embargada, cuando menos desde el treinta de julio de dos mil diecinueve, en que se emitió el oficio firmado electrónicamente por José Alberto Monjaras Osorio, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde hizo constar que en dicha data y mediante No. 324790/2019, quedó inscrita la transmisión de derechos a favor de la quejosa y José Luis Alva Briceño, respecto de la marca 1948390. De ahí que si de autos quedo demostrado que, el 68.50% de la propiedad de la marca adquirida, fue adquirida con antelación a la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mi diecinueve, realizada por el secretario ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en el exhorto 151/2019, resulta ilegal la misma, en atención a las consideraciones establecidas en el cuerpo de la presente resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Concesión que se hace extensiva respecto de la inscripción del embargo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." En virtud de lo anterior, se hace innecesario realizar el estudio del resto de los conceptos de violación, pues el motivo de inconformidad ponderado con anterioridad, es suficiente para otorgar a la peticionaria de amparo la protección de la Justicia Federal, en virtud de que no alcanzaría un beneficio mayo al alcanzar si se examinan los conceptos de violación relacionados con diversos actos reclamados. VI. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para efectos de que el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México: Deje insubsistente la parte condigna del embargo realizado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del exhorto 151/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, formado con motivo del juicio mercantil ejecutivo 1274/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, respetando el 68.50% (sesenta y ocho punto cincuenta por ciento) de la marca embargada, que defiende la parte quejosa en el presente juicio; y, Como consecuencia de lo anterior, ordene la cancelación de la inscripción de dicha traba, respecto de la marca "Hell & Heaven Metal Fest" y el Diseño, con registro 1948390. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, en virtud de que su actuar resulta ser una consecuencia legal del acto de origen y no reclamarse por vicios propios. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 103 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Quinta Época, del Apéndice de 1995 Tomo VI, visible en la página: 67, que reza: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional.". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75 y 217, todos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra el acto que reclamó de la autoridad precisada en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Miriam Castañeda Calvillo, contra el diverso acto que reclamó a las autoridades responsables, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante Erika María Sánchez Pérez, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Antonio Rodríguez Núñez, solicitó la suspensión contra la autoridad y por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. SEGUNDO. Apertura del incidente. Previo cumplimiento a prevención, por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera en el plazo de cuarenta y ocho horas informe previo; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. TERCERO. Interposición de ampliación de demanda. Mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computado, manifestara si era su deseo ampliar su escrito inicial de demanda por la participación de la diversa autoridad denominada Juez Cuarto Auxiliar Especial en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. CUARTO. Interposición de ampliación de demanda. Atento a lo anterior, en actuación de veinte de enero de la anualidad en curso, se tuvo a la parte impetrante de amparo pretendiendo cumplir dicha encomienda; sin embargo, se ordenó requerirle por la aclaración de su ocurso de la ampliación de demanda, al haber mezclado autoridades y actos entre sí; por lo que se le hizo saber que contaba con un término restante de siete días hábiles para presentar su ocurso aclaratorio. QUINTO. Admisión de la ampliación de demanda. Previo cumplimiento a prevención, mediante actuación de tres de febrero de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la ampliación de demanda que se hizo valer y, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se emitió el pronunciamiento de la suspensión provisional únicamente por el acto atribuido al Juez Cuarto Auxiliar Especial en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; se le requirió para que rindiera en el plazo de cuarenta y ocho horas su informe previo; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. Del análisis acucioso del escrito de ampliación de demanda, se desprende que el peticionario de amparo, reclama: ".IV.- AMPLIACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS: La negativa del Juez Cuarto Auxiliar especializado en materia Familiar del este Partido Judicial para dictar en el expediente 259/05 sentencia interlocutoria que resuelva sobre el incidente de liquidación de bienes no obstante que con fecha 22 de marzo de 2021 se dictó acuerdo por el Juez Tercero Familiar en el que se ordena traer los autos a la vista para dicta la sentencia correspondiente y le fueron turnados los autos para tal fin, y a la fecha no ha sido dictada." Sin embargo, es menester precisar que la parte quejosa solicita la medida cautelar, para el siguiente efecto: ".VII - CAPITULO DE SUSPENSIÓN.- Es procedente y así lo solicito se me conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados, para efecto de que se dicte en el término establecido en nuestra Legislación Procesal Civil la sentencia interlocutoria que fue citada el día 22 de marzo de 2021." De ahí que no se emita pronunciamiento diverso alguno en cuanto a las consecuencias del acto reprochado, sin que ello contravenga las disposiciones previstas en el numeral 128 de la Ley de Amparo. Sirve para justificar lo anterior, aplicado por analogía, en la jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS" TERCERO. Inexistencia del acto. La autoridad responsable Juez Cuarto Auxiliar Especial en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, manifestó que no era cierto el acto que se le reprochó al rendir su informe previo. Ahora bien, no pasa desapercibido para el suscrito juzgador que la responsable de referencia fue omisa en remitir copia certificada de las actuaciones que pudieran sustentar su dicho; sin embargo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la búsqueda que se realizó en la página de internet correspondiente al Boletín Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Estado de Jalisco, de la que se pudo destacar que por actuación de catorce de enero de dos mil veintidós en el juicio 259/2005 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se tuvieron por recibidas las constancias del asunto de referencia, así como la resolución emitida por el Juez Cuarto Auxiliar Especializado en Materia de Familiar de dicha localidad, correspondiente al incidente de liquidación de bienes ahí planteado. Tal y como lo ilustra la siguiente imagen con supresión de datos personales: Lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, al no advertirse la existencia del acto que la parte quejosa le reprocha a la aquí responsable; lo procedente es negar la suspensión definitiva, al carecer de materia para decretar un estudio. Cobra aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial número VI.2º.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 133, tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y tenor siguiente: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 356, del tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Antonio Rodríguez Núñez, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.RAAG/DCSR/jc
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