Antonio Rodriguez Villanueva
Expediente 790/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/06/2018
Partes del expediente
- Antonio Rodriguez Villanueva
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 31 a 36), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *************, por derecho propio, sin que dicho impetrante lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. De conformidad en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega para los efectos legales procedentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 314/2018-III, número de orden 406/2018-III, de su índice estadístico, formado con motivo del diverso 98/2018-VI, número de orden 207/2018, derivado del presente juicio de amparo, en el cual se advierte que la autoridad oficiante, remite las constancias de notificación al quejoso Antonio Rodríguez Villanueva, respecto del proveído de veintinueve de mayo del año en curso. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja dicha comunicación oficial En tales condiciones, se tiene por debidamente notificado al quejoso Antonio Rodríguez Villanueva, respecto del proveído de veintinueve de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ******************, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, incluyendo los anexos que adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase al impetrante, copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos para debida constancia legal; asimismo, se tiene por autorizada a la persona que refiere en su escrito de cuenta, para los efectos que precisa. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio *************************** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Toluca, Estado de México, y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 790/2018-VI. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1. J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, el suscrito interpreta que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión por parte de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Ocho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Toluca, Estado de México y del Fiscal General de Justicia del Estado de México, de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, relativa a la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04, en la cual el quejoso tiene el carácter de denunciante; concerniente a que se recaben diversos datos de prueba en dicha indagatoria. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Ahora bien, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Federal "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De lo transcrito tenemos que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión de dar contestación a la petición del quejoso formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control, quien podría analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la prosecución de la investigación y persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público como en el caso, de dar contestación a la petición del quejoso formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04. A su vez, el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público como en el caso, de dar contestación a la petición del quejoso formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04, relacionada con la prosecución de la investigación, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño, tal y como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 233/2017. En esas condiciones, se considera que la parte agraviada debió impugnar la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable de dar contestación a su petición formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control que decida en definitiva sobre la omisión de dar contestación a la petición del quejoso formulada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación con NUC: TOL/FSP/SPO/107/076617/18/04 NIC: SFP/SPO/00/MPI/ 000/00289/18/04, atribuida a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Ocho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Toluca, Estado de México y al Fiscal General de Justicia del Estado de México, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse un acto de omisión por parte del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichas omisiones, como en el caso, de dar contestación a la petición formulada por el quejoso relacionada con la prosecución de la investigación y persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. " "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el quejoso debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al quejoso de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Por otra parte, y toda vez que el domicilio del quejoso Antonio Rodríguez Villanueva, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; con apoyo en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en: Avenida Alfredo de Mazo, número 35, accesoria dos, colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En busca del citado quejoso Antonio Rodríguez Villanueva, y le notifique la presente determinación, y de igual modo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Rodríguez Porcayo, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a la restante persona que menciona en su escrito de cuenta, por no estar registrada su cédula profesional en dicho Sistema. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Oscar Olivas García que autoriza, firma y da fe.
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