Antonio Rocha Reyes

Expediente 746/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
746/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Antonio Rocha Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA IV. Del estado procesal del presente juicio de amparo se advierte que se encuentra totalmente concluido; por tanto, mediante oficio respectivo, devuélvase a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado; para los efectos legales procedentes, teniendo como acuse de recibo el oficio por el cual se entregue. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que el proveído dictado en el presente juicio de amparo, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Devuélvase a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, las constancias que remitió al presente juicio consistentes en: copias certificadas del expediente laboral J.1/127/2011. Finalmente se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA IV. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A LA LETRA DICE:Se tiene por recibido el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por el cual, en cumplimiento a lo requerido el veintiséis de los cursantes (foja 29), exhibe copia certificada de la interlocutoria de diecinueve del mes y año en curso, verificada en el expediente laboral J.1/127/2011, de su índice, determinación de la que destaca que se emitió interlocutoria con relación a la reposición de autos decretada en el juicio natural de mérito y se fijó fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, en la que se recibirá la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopia, grafometria y documentoscopia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y se tiene por cumplido el requerimiento de mérito. Ahora bien, ponderando el contenido de las constancias exhibidas junto al de cuenta, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que la parte agraviada acude a instar la acción constitucional señalando como acto reclamado la omisión o retardo de la responsable para desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopia, grafometría y documentoscopia, ofrecidas en el expediente laboral J.1/127/2011, pero además en el apartado correspondiente a conceptos de violación sostiene que se fijó como fecha para el desahogo del medios de convicción el treinta y uno de agosto de la anualidad en curso. Sin embargo, las copias certificadas que anexa la autoridad responsable al oficio que se atiende revelan que la autoridad responsable se ha pronunciado en relación al desahogo del medio de convicción aludido y señaló para su desahogo las trece horas del tres de julio de la anualidad que transcurre; en ese tenor, el suscrito estima que la omisión o retardo reclamados, ya no existen en realidad y, en consecuencia de ello no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no haber derecho humano que reparar. Máxime que las constancias remitidas, merecen eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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