Antonio Pulido Garrido y Otros.
Expediente 1261/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Antonio Pulido Garrido y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por conducto de su delegada ***********, contra la resolución del veintitrés de febrero del año en curso, el cual registró con el número 184/2023, de su índice; de lo anterior, se adquiere conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Téngase a **********, en su carácter de delegada de la parte tercero interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución del veintitrés de febrero del año en curso, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, así como el original del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al Oficial Judicial "A", para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1261/2022-III, promovido por ********************, por derecho propio; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte tercero interesada, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la parte tercero interesada. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1261/2022-III; y R E S U L T A N D O: I. ********************, por derecho propio; demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. II. En proveído del veintisiete de octubre del año próximo pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 1261/2022-II, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; fracción II, del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se emitió por una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: La resolución del ********************dictada en el recurso de revisión ********************, que confirmó la diversa del ********************que puso fin al procedimiento de cumplimiento de sentencia en el expediente administrativo ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por cuanto hace a los quejosos ******************** TERCERO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en representación de esa sección a su cargo, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto combatido, por tanto, se tiene presuntivamente cierto. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el juicio administrativo ******************** y el recurso de revisión ********************. Lo cual, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, de la Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 153, con número de registro 394182, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" CUARTO. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, este Juzgado advierte que por cuanto hace al quejoso ********************se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, el último en sentido contrario. Lo anterior, toda vez que la resolución reclamada no constituye por cuanto hace a dicho quejoso, la última resolución en el procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en el juicio natural, puesto que la resolución reclamada del ********************dictada en el recurso de revisión ********************, que confirmó la diversa del ********************y que pone fin al procedimiento de cumplimiento de sentencia dictada en el expediente administrativo ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, únicamente se pronunció por cuanto hace a los quejosos ********************no así del peticionario de amparo ********************tal como se advierte del contenido de la resolución mencionada en último término (foja 1473 del tomo de pruebas). Al caso, cabe señalar en la parte conducente lo que establece el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en el que se prevé que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior es así, dado que la consecuencia de dicho acto consistiría en que el procedimiento de ejecución de sentencia continuará por sus etapas procesales, en el cual, se reitera, aún faltaría que se declare cumplida, o se establezca la imposibilidad que para ello se tenga, o se ordene el archivo definitivo. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, página 31, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Así, cuando el acto que se reclame se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable la tesis aislada número 2°.VIII/98, Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". De lo que se evidencia que, por cuanto hace al quejoso ********************con relación al acto reclamado en la presente instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley reglamentaria del juicio de amparo; por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento conforme al ordinal 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. QUINTO. En virtud que no se hace valer causa de improcedencia las partes o que este juzgador advierta de oficio, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado en congruencia con los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos, debido a que no es necesario transcribirlos, ya que no resulta una obligación para el juez de amparo, puesto que no existe precepto legal alguno que así lo establezca; ilustra lo anterior, la jurisprudencia J/129, consultable en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196477, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". De entre los conceptos de violación que se vierten en el ocurso inicial, se advierte uno que resulta fundado y suficiente, para conceder el amparo y protección solicitado; tal argumento se hace consistir en que la autoridad responsable, no aborda en su integridad el estudio de los agravios que hiciera valer el quejoso en el recurso de revisión en contra de la resolución del ********************que tiene por cumplida la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en específico al señalar que fue omisa en contestar el agravio que hiciera valer en el sentido que resulta ilegal la resolución controvertida en el recurso, ya que la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el ********************, ya había realizado la cuantificación, acuerdo que había quedado firme por no existir medio de defensa que hubiera determinado lo contrario a ello, además que la contraria no hizo valer recurso, con lo que se señala se transgrede en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos en la ley, en forma completa e imparcial. Lo antes precisado, resulta fundado, ya que de la lectura del acto reclamado (fojas 1519 a 1531del tomo de pruebas), la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dejó de verter la contestación correspondiente a uno de los agravios que hicieran valer en el recurso de revisión los quejosos ********************argumento, que la autoridad responsable destacó en la propia la resolución, mismo que se hace consistir en: - " Que como se puede advertirse, la responsable en fecha ********************, había realizado la cuantificación que debía cubrirse a los impetrantes, en donde se plasmaron de manera clara las cantidades que debía la autoridad administrativa por concepto de pago de haberes y demás prestaciones; acuerdo de fecha ********************, que había quedado firme al no existir determinación contrario a ello, además que la contraria no hizo valer medio de defensa en el que se opusiera a dichas cantidades, y en donde se hubiera ordenado modificación alguna, sin embargo, el ********************la Tercera Sala responsable, determina conforme al numeral 15 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, realizar una supuesta regularización, cuando lo cierto es, que realiza una revocación del acuerdo de fecha ********************" Asimismo, la autoridad responsable una vez que realizó la relación de agravios, como el destacado en el párrafo que antecede, abordó el análisis de diversos, los que declaró infundados y por tanto confirmó la resolución recurrida del ********************que tiene por cumplida la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; sin embargo, en su contenido, se omite el estudio del argumento antes precisado y que hicieran valer los quejosos ********************en contra de la resolución recurrida; y en cuya resolución en esencia se advierte lo siguiente: Destaca lo establecido en el auto de ********************, en el que refiere que se realizaron operaciones aritméticas tomando en cuenta diversas constancias, a efecto de dar cumplimiento a la condena impuesta a las responsables. Establece que en auto del ********************se regularizó el diverso del ********************, por el A quo, en el que ajustó las cantidades que las enjuiciadas debían pagar a los accionantes del juicio natural, lo que atendió al hecho que la condena a cumplimentar atiende desde el momento en que se concretó la separación hasta el dictado de la sentencia que resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio natural y que la primer cuantificación incurrió en exceso. Considera acertado que la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, haya invocado para regularizar el auto del ********************, el artículo 15 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para subsanar las irregularidades, sin que ello implique que haya revocado su propia determinación. No niega que la juzgadora realizó una nueva cuantificación, lo que ocurrió, dado que en el primer cómputo se excedió al tomar en cuenta un año más en su cuantificación. Que, con la regularización realizada, el fin perseguido es que se subsane toda omisión o error involuntario para el sólo efecto de regularizar el proceso o procedimiento. Argumenta que el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé que la Sala Regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia y si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma, por lo que considera acertado que se haya regularizado el auto del ********************, en el que se efectuó un cálculo incorrecto. Por otra parte procedió a destacar que conforme a la sentencia dictada en el juicio natural, se realizó por parte de las autoridades demandadas la exhibición de diversas documentales y títulos valor a favor de los quejosos, así como, atento al cobro correspondiente y acciones realizadas por las autoridades enjuiciadas consideró que se dio cumplimiento a la ejecutoria correspondiente y por tanto confirmó el proveído recurrido. Así, de lo antes precisado, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, al momento de emitir la resolución con relación al recurso de revisión, dejó de verter la contestación puntual al argumento destacado en párrafos precedentes y, que hicieran valer los aquí quejosos ********************en contra de la resolución del ********************que tiene por cumplida la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; es decir, la autoridad inobservó el principio de congruencia externa que debe regir en toda clase de resoluciones, mismo que estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con lo efectivamente demandado, el cual se encuentra íntimamente ligado al principio de exhaustividad, ya que debe darse contestación en su integridad a lo solicitado; lo anterior, con independencia de su eficacia o no para los fines que fueron propuestos. Por lo que, si la autoridad al momento de dictar la resolución que por esta vía se reclama, dejó de abordar el estudio de la totalidad de los agravios planteados en el recurso de revocación, resulta evidente que la resolución reclamada es violatoria del derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Ilustra a lo anterior, la tesis con número registro178560, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1397, del rubro y texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La administración de justicia que como derecho público subjetivo establece el artículo 17 constitucional, se ve cada vez más distante por los siguientes motivos: A. El gran cúmulo de asuntos que día con día ingresan para su resolución a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; B. Los extensos planteamientos que formulan las partes, apoyadas por la modernidad de las computadoras, que si bien han venido a representar herramientas valiosas de trabajo, generan el inconveniente de que esa facilidad se utilice para prolongar textos que abultan tales planteamientos, y que deben atenderse ya sin facilidad, pues con las transcripciones que el estilo de las sentencias exige, y con la dificultad que implica dar respuesta a esa extensa diversidad de alegaciones, se provoca que también los fallos se tornen extensos; C. La tendencia a convertir las resoluciones judiciales en tratados teóricos de derecho, olvidando que la academia (la teoría) corresponde a las universidades, mientras que la función propia de los órganos del Estado encargados de la administración de justicia es precisamente esa, la de administrar justicia, donde la técnica debe estar al servicio de ésta; D. La exigencia de que se trate de manera expresa absolutamente todos los tópicos plasmados por las partes, renglón a renglón, punto a punto, a pesar de que muchos de ellos no revelen una seria intención de defensa, sino abrir un abanico de posibilidades para ver cuál prospera, con el grave riesgo para el juzgador de incurrir en alguna omisión que potencionalmente puede generar la promoción de queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuya rendición de informe y atención genera a su vez más carga de trabajo y consumo de tiempo, factor fatal que se vuelve en contra. Por lo tanto, las partes en sus planteamientos y los tribunales en sus sentencias deben dar las pautas para buscar el valor justicia, es decir, no debe caerse en el extremo de que absolutamente todo quede escrito, sin mayor esfuerzo del intelecto para llegar al punto final, pues como lo apuntó el ilustre Barón de Montesquieu, no se trata de hacer leer sino de hacer pensar [recurrir a la "retórica" en su sentido fino (argumentar para justificar y convencer) y no peyorativo (hablar por hablar o escribir por escribir)], lo que implica entonces, que los fallos deben dictarse para resolver litigios, hacer justicia, atender los planteamientos serios de las partes, razonar para justificar y convencer, y para hacer pensar, no para hacer leer, de manera que agotando esos extremos, pueda afirmarse que se cumplen a cabalidad los principios de exhaustividad y congruencia correlativos a la satisfacción del servicio público de administración de justicia." En consecuencia, procede declarar su inconstitucionalidad y conceder la protección de la Justicia Federal solicitada. Al tenor de la violación formal que se destacó, no se prejuzga sobre el fondo del asunto, sino sólo se destaca el vicio formal que en torno a la motivación se encuentra afectado el acto reclamado. Esta consideración se efectúa, dado que precisamente ante la transgresión al principio de congruencia y, por ende, a la garantía de legalidad, no resulta procedente emitir pronunciamiento de fondo, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo a la autoridad responsable en torno a lo omitido; además de que esas violaciones, en todo caso, serán objeto de análisis del nuevo acto que emita la autoridad responsable. Encuentra apoyo lo expresado, en la jurisprudencia cuatrocientos nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice dos mil, Tomo VI, Común, página trescientos cincuenta y tres, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común." En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ********************por propio derecho, para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: Deje insubsistente la resolución del ********************dictada en el recurso de revisión ********************, de su índice, que confirmó la diversa emitida el ********************en el expediente administrativo ********************, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, contestar de manera detallada y puntual a cada una de las manifestaciones que formuló el quejoso en el recurso de revisión y que omitió dar respuesta. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************por derecho propio, contra el acto reclamado en el presente juicio, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************por propio derecho, contra el acto reclamado y autoridad precisados en el segundo considerando de esta sentencia, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesada. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. .
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído del diecisiete de enero pasado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a la autoridad tercera interesada con el informe justificado rendido en autos; en consecuencia, toda vez que el término a que alude dicho numeral se encuentra transcurriendo, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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