Antonio Ortiz Cortes

Expediente 1247/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1247/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Ortiz Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1247/2023-IV, promovido por *******, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1247/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad. II. En proveído del veintiocho de septiembre pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1247/2023-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de abstención de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación presentado ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Tercero. En principio, es menester destacar que los actos omisivos, en atención a su naturaleza jurídica, implican una abstención o no hacer de la autoridad responsable. Por ello, para estar en aptitud de determinar su certeza o inexistencia, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad a fin de establecer si existe o no la obligación de actuar en la forma que indica la peticionaria del amparo; pues de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea que cualquier omisión reclamada fuera cierta, sin que se considere la exigencia objetiva de que debe obrar en un sentido específico. En efecto, omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Dicha tesis tiene el rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Además, la carga de la prueba de esos actos, por regla general, corresponde a la autoridad responsable, pues en el supuesto de que tenga conocimiento de un acto previo, solicitud o petición, está obligada a actuar, y si no lo hace, se traduce en una abstención de realizar sus actividades conforme a sus atribuciones legales. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA". Así el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que no es el órgano facultado para emitir el dictamen de pensión solicitado el veintitrés de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dado que no es jurídicamente posible atribuir a dicha autoridad la omisión reclamada por el quejoso, pues no está dentro de sus facultades realizar el dictamen correspondiente. Cuarto. El Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, al rendir el informe justificado a nombre de la autoridad responsable, Presidente del Comité de Pensiones del propio instituto, aceptó su existencia, por tanto se tiene por cierto. Quinto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, al rendir su informe justificado en representación del Presidente del Comité de Pensiones del propio instituto hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XX así como el numeral 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte quejosa estaba en aptitud de promover juicio contencioso administrativo, previó a acudir al juicio de amparo; lo cual se estima infundado. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción deben acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión en la que incurre la autoridad responsable al no emitir el dictamen de pensión por jubilación presentado ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de las responsables. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. Sexto. Se procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones, porque en la Ley de Amparo no existe artículo que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En lo conceptos de violación del quejoso sostiene sustancialmente: Que la responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8o. Constitucional, en relación con el 73 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al omitir dar respuesta a su solicitud de pensión, no obstante que el segundo precepto en comento le otorga a la autoridad un plazo de treinta días para que resuelva sobre la procedencia de una pensión, sin que así lo haya hecho. Destaca, que su solicitud fue presentada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, sin que se hubiera dado respuesta a su petición, por lo que resulta evidente que han transcurrido en exceso más de treinta días para que la autoridad se pronunciara al respecto. Previamente, al estudio correspondiente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los numerales 68 y 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente (.)" "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales: I. Solicitud de pensión debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público. III. Comprobantes de sueldo de los últimos ocho meses laborados, en el caso de que el servidor público haya mantenido durante sus últimos tres años el mismo nivel y rango; o los comprobantes del sueldo de los últimos tres años, cuando durante dicho plazo haya cambiado su nivel y rango o cuando sus percepciones correspondan a horas clase. En caso de no contar con los comprobantes de sueldo a que hace referencia el párrafo anterior, la Institución Pública podrá emitir una certificación con la información que tenga registrada en sus archivos, la cual deberá contener el sueldo sujeto a cotización desglosado tanto de percepciones y deducciones percibido durante el periodo en que se ubique el servidor público. Se considerará como último sueldo cotizado aquél que se encuentre en los registros presentados ante el Instituto. Sólo en caso de no haber sido enterados dichos registros, se considerarán los comprobantes de pago expedidos por la Institución Pública; y IV. Certificación expedida por la Institución Pública en la que se establezca el tiempo de servicio aportado con base al sueldo sujeto a cotización, el desglose del nivel y rango de los últimos tres años y los permisos sin goce de sueldo otorgados; con excepción de aquellas Instituciones Públicas que en las nóminas que presentan ante el Instituto contemplen estos registros." "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Los anteriores preceptos regulan el procedimiento que se debe seguir para acceder a una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual inicia con la presentación de una solicitud, mediante los formatos establecidos por el Instituto, adjuntando los diversos requisitos documentales enlistados. Asimismo, se advierte que cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, en el entendido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la solicitud. De igual forma, los anteriores preceptos prevén un plazo máximo de treinta días para que el gobernado obtenga una respuesta a su solicitud de otorgamiento de pensión, la cual estará disponible en la unidad administrativa donde se inició el trámite. Destacado lo anterior, se estima esencialmente fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, pues la omisión en que ha incurrido la autoridad al no dar respuesta a la solicitud de pensión dentro del plazo que la legislación aplicable prevé para tal efecto, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Pues la violación que acusa el quejoso se vincula con los actos del procedimiento regulado al tenor de los numerales previamente transcritos, en los cuales se establece un parámetro temporal para el ejercicio de las facultades de la autoridad. Al respecto, importa resaltar que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional, implica que, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, como en el caso acontece, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra manera no se entendería el porqué de su establecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 772. Registro: 2015154, de rubro: "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. " Por lo anterior, si el ordenamiento que rige el otorgamiento de pensiones por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece una serie de pasos y requisitos a seguir, sujetando la actuación de la autoridad a un límite temporal, es inconcuso que ésta se encuentra obligada a actuar dentro del plazo establecido, por lo que al no hacerlo, se vulnera en perjuicio de la impetrante el derecho a la justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional en su vertiente al respeto de los plazos establecidos por el legislador para la actuación de las autoridades administrativas. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en términos del artículo 75, párrafo segundo del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la responsable asegura que existe una excepción al plazo de treinta días para dar respuesta a la solicitud de pensión, cuando se trate de aquellas que, por su Naturaleza, requieran de mayor tiempo para su resolución. Lo anterior, pues la autoridad no esboza razón o motivo alguno inherente a la naturaleza intrínseca del escrito en cuestión, que le haya impedido pronunciarse dentro del plazo de treinta días establecido en la legislación aplicable, aunado a que tampoco acredita que se hubiere prevenido al quejoso en términos de la citada porción normativa; sino que argumenta que su actuar se debe a la sobre carga de trabajo, lo que en modo alguno puede justificar la violación de derechos advertida. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a *********, para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (por conducto del servidor público competente), dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión del quejoso ********, presentada el veintitrés de junio de dos mil veintidós. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos expuestos en tercer considerando de esta resolución. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM en representación de las siguientes autoridades, rindiendo su respectivo informe justificado. 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y; 2. Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de seguridad Social del Estado de México y Municipios. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que designa y como domicilio el que indica. Finalmente, ténganse por autorizados a los usuarios que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A", a efecto de que realice los registros convenientes Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Téngase al apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otros, informando las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo requerido en autos. Ahora, como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de cuarenta y ocho horas legalmente computados, a efecto de dar el cumplimiento a lo requerido en autos; en el entendido de que subsiste el apercibimiento con que se le previno para el caso de incumplimiento. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Jueza Cuarto Civil de Ecatepec, con residencia en Coacalco, México, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la misiva de cuenta, dese vista a las partes, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica al quejoso y a los tercero interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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