Antonio Pérez Oros
Expediente 950/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Pérez Oros
- Juez Primero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 950/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Antonio Pérez Oros, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Ello es así porque del análisis integral del escrito inicialde la demanda, de los antecedentes plasmados y de la constancia que adjunta como pruebas; se advierte que lo reclamado es la audiencia de remate de treinta de junio de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo ,mercantil 1154/2006 -del índice del juez responsable-, la cual se combate en esta instancia constitucional a través de la última resolución que el quejoso considera que es, consistente en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, donde se señaló fecha y hora para que el personal adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, se constituyera en el bien inmueble ubicado en la calle Galeana número 51 del poblado de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, con el objetivo de poner en posesión real y material a la contraparte del ahora quejoso, empero, de momento, no se autorizó el uso de las medidas de apremio para la debida desocupación, en razón de que no existe constancia -así lo señaló el Juez primigenio en el juicio de origen- de oposición por parte del ahora quejoso. Ahora, cabe destacar que el quejoso es la parte demandada en el juicio civil de origen, y que únicamente el juez de primer grado lleva a cabo actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ahí discutido; lo que se traduce que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la de ejecución, y que no le asiste el carácter de tercero extraño para que el presente juicio sea procedente en el caso concreto. Ante este escenario, esta autoridad federal estima que la demanda de amparo es notoriamente imporcedente, por lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate -como lo es en el caso concreto-, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, puesto que si bien es cierto que la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, alude que para efectos de la procedencia del juicio biinstancial tratándose del procedimiento de remate, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, también lo es que el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, donde se señaló fecha y hora para que el personal adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, se constituyera en el bien inmueble controvertido, con el objetivo de poner en posesión real y material a la contraparte del ahora quejoso, la autoridad responsable, de momento, no autorizó el uso de las medidas de apremio para la su cumplimiento, por lo que dicha determinación, no se considera como la última en el procedimiento de ejecución relativo. En efecto, el acuerdo en cita, contrario a lo afirmado por el quejoso, no puede ser catalogado como la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que por el momento, el Juez responsable al no autorizar las medidas de apremio para el cumplimiento de lo ventilado en el juicio 1154/2006, queda sujeto a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden y depende del resultado de la diligencia respectiva a lo que, necesariamente, recaerá otra determinación, como puede ser el lanzamiento forzoso con las medidas pertinentes para ello, decisión que sí implicaría la orden definitiva de entrega del inmueble rematado, contra lo cual sería procedente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018255, de rubro y texto siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE CON APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, SE DECRETARÁ EL LANZAMIENTO A SU COSTA, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.De conformidad con el artículo citado, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Al respecto, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal precisó que para los efectos indicados, el término última resolución comprende la que indistintamente ordena en forma definitiva otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en virtud de que la disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino como una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la resolución que ordena la entrega voluntaria del inmueble, con apercibimiento que, de no hacerlo, se decretará el lanzamiento a su costa, no puede ser catalogada como alguna de aquéllas, porque queda sujeta a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden y depende del resultado de la diligencia respectiva a lo que, necesariamente, recaerá otra determinación, como puede ser el lanzamiento forzoso con las medidas pertinentes, decisión que sí implicará la orden definitiva de entrega del inmueble rematado, contra la cual sería procedente el juicio de amparo, momento en el cual el impetrante podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que le hubieren dejado sin defensa y que hayan trascendido al resultado de la resolución reclamada." En tales condiciones se advierte que la orden de entrega del inmueble citado, decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de momento analizar la audiencia de remate de treinta de junio de dos mil diez, en razón de que el acuerdo considerado como la última resolución para que sea procedente el presente juicio constitucional, como ya se dijo no se trata de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA." Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Melgarejo Ortíz, ya que acreditó tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las diversas personas que señala por no contar con dicho registro. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de trece de noviembre de do smil dieciocho que en síntesis dice. Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 950/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Antonio Pérez Oros, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Ello es así porque del análisis integral del escrito inicialde la demanda, de los antecedentes plasmados y de la constancia que adjunta como pruebas; se advierte que lo reclamado es la audiencia de remate de treinta de junio de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo ,mercantil 1154/2006 -del índice del juez responsable-, la cual se combate en esta instancia constitucional a través de la última resolución que el quejoso considera que es, consistente en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, donde se señaló fecha y hora para que el personal adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, se constituyera en el bien inmueble ubicado en la calle Galeana número 51 del poblado de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, con el objetivo de poner en posesión real y material a la contraparte del ahora quejoso, empero, de momento, no se autorizó el uso de las medidas de apremio para la debida desocupación, en razón de que no existe constancia -así lo señaló el Juez primigenio en el juicio de origen- de oposición por parte del ahora quejoso. Ahora, cabe destacar que el quejoso es la parte demandada en el juicio civil de origen, y que únicamente el juez de primer grado lleva a cabo actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ahí discutido; lo que se traduce que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la de ejecución, y que no le asiste el carácter de tercero extraño para que el presente juicio sea procedente en el caso concreto. Ante este escenario, esta autoridad federal estima que la demanda de amparo es notoriamente imporcedente, por lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate -como lo es en el caso concreto-, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, puesto que si bien es cierto que la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, alude que para efectos de la procedencia del juicio biinstancial tratándose del procedimiento de remate, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, también lo es que el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, donde se señaló fecha y hora para que el personal adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, se constituyera en el bien inmueble controvertido, con el objetivo de poner en posesión real y material a la contraparte del ahora quejoso, la autoridad responsable, de momento, no autorizó el uso de las medidas de apremio para la su cumplimiento, por lo que dicha determinación, no se considera como la última en el procedimiento de ejecución relativo. En efecto, el acuerdo en cita, contrario a lo afirmado por el quejoso, no puede ser catalogado como la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que por el momento, el Juez responsable al no autorizar las medidas de apremio para el cumplimiento de lo ventilado en el juicio 1154/2006, queda sujeto a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden y depende del resultado de la diligencia respectiva a lo que, necesariamente, recaerá otra determinación, como puede ser el lanzamiento forzoso con las medidas pertinentes para ello, decisión que sí implicaría la orden definitiva de entrega del inmueble rematado, contra lo cual sería procedente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018255, de rubro y texto siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE CON APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, SE DECRETARÁ EL LANZAMIENTO A SU COSTA, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.De conformidad con el artículo citado, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Al respecto, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal precisó que para los efectos indicados, el término última resolución comprende la que indistintamente ordena en forma definitiva otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en virtud de que la disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino como una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la resolución que ordena la entrega voluntaria del inmueble, con apercibimiento que, de no hacerlo, se decretará el lanzamiento a su costa, no puede ser catalogada como alguna de aquéllas, porque queda sujeta a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden y depende del resultado de la diligencia respectiva a lo que, necesariamente, recaerá otra determinación, como puede ser el lanzamiento forzoso con las medidas pertinentes, decisión que sí implicará la orden definitiva de entrega del inmueble rematado, contra la cual sería procedente el juicio de amparo, momento en el cual el impetrante podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que le hubieren dejado sin defensa y que hayan trascendido al resultado de la resolución reclamada." En tales condiciones se advierte que la orden de entrega del inmueble citado, decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de momento analizar la audiencia de remate de treinta de junio de dos mil diez, en razón de que el acuerdo considerado como la última resolución para que sea procedente el presente juicio constitucional, como ya se dijo no se trata de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA." Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Melgarejo Ortíz, ya que acreditó tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las diversas personas que señala por no contar con dicho registro. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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