Antonio Melchor Ruiz

Expediente 1015/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1015/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Melchor Ruiz
  • Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1015/2022, promovido por Antonio Melchor Ruíz; por alegada violación de los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden de descuento del 15% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, haberes, percepciones, salarios y demás emolumentos y recompensas, como miembro del ejército mexicano, decretada en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de controversia del orden familiar de alimentos número 1307/2022. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en Morelia, Michoacán, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Secretaria del Juzgado Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, lo anterior pues al rendir sus informes justificados reconocieron expresamente su existencia. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que integran el expediente 1307/2022, que acompañó la primera de las autoridades en cita junto con su informe justificado, las cuales cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora por lo que ve al Capitán Primero Pagador de la 21 Zona Militar con residencia en esta ciudad, ésta fue omisa en rendir su informe justificado como se advierte del acta que antecede, en consecuencia, se presume la certeza del acto de ejecución que se le atribuye, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ES IMPROCEDENTE REQUERIR POR SEGUNDA VEZ QUE SE RINDA. (ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, su omisión sólo da lugar a que se presuman ciertos los actos que se le reclaman, pero no a requerirla por segunda ocasión para que lo rinda, ya que el precepto citado no lo establece así". CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de oficio se advierte que respecto del acto atribuido a la licenciada Luz María de Lourdes Farfán, Secretaria Conciliadora del Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 5o, fracción II de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, el juicio de amparo procede contra actos emitidos por una autoridad, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, la licenciada Luz María de Lourdes Farfán, Secretaria Conciliadora del Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, no se ubica dentro de la hipótesis previstas por el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que sus funciones se circunscriben a autorizar, en su calidad de fedataria, sin imperio ni facultad decisoria, toda clase de acuerdos y resoluciones dictadas por los jueces en su carácter de titular y responsables de dicho órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al no estar investida de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, la licenciada Luz María de Lourdes Farfán, Secretaria Conciliadora del Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, considerado en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento del acto reclamado en el juicio de amparo respecto de la citada Secretaria Conciliadora del Juez Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o, fracción II, éste último, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos de juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Ahora, en cuanto a los actos atribuidos a las diversas autoridades responsables, este órgano de control constitucional de igual forma advierte de manera oficiosa la actualización de la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual éste es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento; y que también cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y de ningún modo dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de improcedencia se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso concreto, el quejoso Antonio Melchor Ruíz, señaló como acto reclamado: La orden de descuento del 15% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, haberes, percepciones, salarios y demás emolumentos y recompensas, como miembro del ejército mexicano, decretada en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de controversia del orden familiar de alimentos número 1307/2022. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, quedó sin efectos con motivo de la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, a través de la cual, se declaró fundada la excepción de cosa juzgada interpuesta por el aquí quejoso en los autos del juicio de controversia familiar de donde deriva el acto reclamado; determinación que culminó con los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO.- Fue procedente la substanciación de la Excepción de Cosa Juzgada, en donde el C. ANTONIO MELCHOR RUIZ, acreditó dicha Excepción. SEGUNDO.- Se decreta la CANCELACIÓN de la Pensión Alimenticia Provisional que fue fijada en la presente Controversia del Orden Familiar Alimentos, promovida por ALARCÓN RUIZ MIRIAM en contra de MELCHOR RUIZ ANTONIO, por el equivalente al QUINCE POR CIENTO MENSUAL, del suelo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que obtenga el C. ANTONIO MELCHOR RUIZ, a favor de la C. MIRIAM ALARCÓN GONZALEZ, por lo que, se deberá girar atento Oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, para que se sirva CANCELAR la Pensión Alimenticia Provisional ordenada mediante Oficio número 3790 de fecha quince de Agosto del año en curso. [.]." Bajo ese panorama, es evidente que el acto reclamado, consistente en la orden de descuento del 15% de los ingresos ordinarios y extraordinarios, haberes, percepciones, salarios y demás emolumentos y recompensas del aquí quejoso como miembro del ejército mexicano, decretada en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de controversia del orden familiar de alimentos número 1307/2022, quedó sin efectos con motivo de la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia provisional que había sido fijada en la citada controversia familiar promovida por Alarcón Ruiz Miriam en contra de Melchor Ruiz Antonio, por lo que se ordenó girar el oficio 5514 al Representante Legal de la Secretaria de la Defensa Nacional, para que cancelara la citada pensión alimenticia; con lo cual, la violación alegada en la presente controversia constitucional dejó de surtir sus efectos. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la autoridad ejecutora Capitán Primero Pagador de la 21 Zona Militar con residencia en la ciudad, toda vez que dicho acto de ejecución de igual forma dejó de surtir sus efectos. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1015/2022, promovido por Antonio Melchor Ruíz, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informes con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes con justificación que remiten el Juez y la Secretaria Conciliadora adscritos al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que exhibió la autoridad responsable Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. 3. Diferimiento anticipado. Vista la certificación de cuenta, para dar margen a que transcurra el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, y las partes se impongan de los informes justificados acordados en esta fecha, la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintitrés. 1. De la certificación de cuenta, se desprende que al rastrear la pieza de correspondencia acelerada "ESTAFETA" que contiene los oficios 34362/2022 y 34363/2022, a través de la página https://www.estafeta.com/Herramientas/ Rastreo, la cual cuenta con número de rastreo 2918872886, aparece que se entregó en veintinueve de noviembre del año en curso, por medio del cual se le requirió a las responsables Juez y Secretaria adscritos al Juzgado Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, para que remitiera copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, sin que a la fecha lo hayan realizado. Por otra parte, virtud a la certificación de cuenta, de la que se advierte que el personal de este Juzgado se comunicó al número telefónico 5591564997, correspondiente a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, quien transfirió la llamada al Juzgado Trigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, en donde Alejandro Chavarría, (quien dijo ser secretario particular del citado Juez) manifestó no haber recibido las comunicaciones oficiales que se le giraron dentro del citado juicio; pese a que de autos se advierten constancias de entrega. 2. Requerimiento constancias. Por tanto, este órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente las pruebas y actuaciones que se estime necesarias para la resolución del asunto, lo anterior, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. En virtud de loa anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a las citadas responsables para que en el término de veinticuatro horas, computado legalmente, remitan las constancias relativas al acto reclamado, esto es copia del juicio de controversia del orden familiar de alimentos número 1307/2022. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que, de no cumplir, les será impuesta de manera individual una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 2.2. Se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, para que de manera inmediata remita los oficios que deriven de la presente determinación, al correo juz.familiar38@tsjcdmx.gob.mx, solicitando el acuse respectivo. 3. Diferimiento anticipado. En ese sentido para dar margen a que las responsables remitan las constancias anteriormente descritas, la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en atención a su contenido, devuelve diligenciado el exhorto 5/2023, orden 15/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; con el emplazamiento de la tercera interesada ******************** Dese de baja la comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. 1.1 Efectivo apercibimiento. En ese orden de ideas, atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, le transcurrió en los términos asentados en la misma, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por tanto, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal le sean practicadas por medio de lista que será fijada en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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