Antonio Pérez Leyva

Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1232/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Antonio Pérez Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1232/2022. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Antonio Pérez Leyva, reclama el acto siguiente: "LA ILEGAL, IPSO FACTO Y A MOTU PROPRIO ORDEN DE DETENCION FUERA DE TODA PULCRITUD JURIDICA EN MI CONTRA QUE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORA, PRETENDEN EJECUTAR AL MOMENTO EN QUE LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS SOLICITEN EL AUXILIO PREVENTIVO, SIMULANDO ILEGAL Y FALSA CONDUCTA DEL QUEJOSO PRESUMIENDOSE HECHOS DE VIOLENCIA MORAL, VERBAL, FISICA Y MATERIAL DE INDICIOS O EVIDENCIAS EN LUGAR TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS QUE EL HOY QUEJOSO NO HA COMETIDO NI COMETERA EN CONTRA DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL PRESENTE JUICIO NI EN LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MORELOS NÚMERO 22 Y/0 228 ENTRE LAS AVENIDA LIBERTAD Y 5 DE MAYO ZONA CENTRO EN TUXTEPEC, OAXACA, PROPIEDAD SUJETA AL JUICIO INTESTAMENTARIO EN EL EXPEDIENTE 436/1998 DEL INDICE DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTEPEC, OAXACA, PROPIEDAD DE LA QUE, LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ NO TIENE NI LA POSESION VIRTUAL NI DERIVADA NI DERECHO ALGUNO LEGAL QUE HACER VALER Y LA LICENCIADA ALEJANDRINA RONQUILLO REGULES QUE NO ES ABOGADA PATRONO EN EL CITADO JUICIO PARA IMPONERSE DE AUTOS SOLO AUTORIZADA PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y QUE NO TIENE PERSONALIDAD NI DERECHO ALGUNO LEGAL QUE HACER VALER EN LA PROPIEDAD SINO QUE ESTAN APODERADOS A TODAS LUCES JURIDICAS DE MANERA ILEGAL EN LA PRESUNCION DE ILICITOS DEL TIPO PENAL DE FRAUDE, DESPOJO, FALSIFICACION DE FIRMA Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y/0 PRIVADOS EN GENERAL, AMENAZAS, ILICITOS ESTOS PREVISTOS POR EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE OAXACA Y EN CONTRAPARTE EL HOY QUEJOSO ME APERSONO EN LA PROPIEDAD CITADA PORQUE COMO LICENCIADO EN DERECHO SOY EL ABOGADO PATRONO DE LA HEREDERA UNIVERSAL ASI RECONOCIDA JUDICIALMENTE EN EL JUICIO INTESTAMENTARIO EN COMENTO, MISMA HEREDERA QUE ME OTORGO UN PODER NOTARIAL VIGENTE PARA INTERVENIR MATERIALMENTE LA PROPIEDAD, SOLICITARLE A LA TERCERA INTERESADA LICENCIADA ALEJANDRINA RONQUILLO REGULES DESOCUPE UN INMUEBLE QUE OCUPA ILEGALMENTE EN LA MASA HEREDITARIA SIN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LEGALMENTE REQUISITADO Y CUBIERTO DERECHOS EN LA HACIENCA PUBLICA Y MENOS QUE CONTRATO ALGUNO CONSTE EN EL JUICIO INTESTAMENTARIO Y PARA QUE CON DICHO PODER NOTARIAL REALICE EL HOY QUEJOSO LOS CAMBIOS MATERIALES NECESARIOS EN LA PROPIEDAD Y EN TALES CIRCUNSTANCIAS JURIDICAS TODO LLAMADO DE AUXILIO A LAS ORDENADORAS Y EJECUTORAS EN LA PROPIEDAD QUE SE CITA POR PARTE DE LOS TERCEROS INTERESADOS, CARECEN DE LEGALIDAD JURIDICA PORQUE EN NINGUN MOMENTO SE ACTUALIZA CONDUCTA TIPICA DELICTUOSA EN FLAGRANCIA DEL HOY QUEJOSO NI EN LA PROPIEDAD MATERIAL NI A LOS TERCEROS INTERESADOS, YO NO ME QUEJO QUE LAS ORDENADORAS Y EJECUTORAS HAGAN ACTO DE PRESENCIA POR SI O POR INTERPOSITA AUTORIDAD EN LA PROPIEDAD CITADA CUANDO LOS TERCEROS INTERESADOS REQUIERAN EL AUXILIO EN LA PRESUNCION DE ILICITO ALGUNO DE MI PARTE PORQUE ES UN DEBER Y UNA OBLIGACION EN LA PRESUNCION DEL DELITO QUE LA FUERZA PUBLICA MUNICIPAL EN EL CASO QUE NOS OCUPA ACUDA A TODO LLAMADO DE AUXILIO DE LA CIUDADANIA EN EL SUPUESTO DE QUE SE ESTE COMETIENDO ALGUN DELITO PERO EN MI CASO COMO LO AFIRMO CATEGORICAMENTE LOS TERCEROS INTERESADOS NO TIENEN DERECHO ALGUNO QUE HACER VALER NI JURIDICA NI MATERIALMENTE EN LA PROPIEDAD QUE SE CITA Y EN CONTRAPARTE AL HOY QUEJOSO ME ASISTE EL DERECHO DE ACTUAR COMO ABOGADO PATRONO DE UNA HEREDERA UNIVERSAL DE LA PROPIEDAD Y DEL PODER NOTARIAL QUE LA MISMA HEREDERA ME HA OTORGADO COMO PODERDANTE PARA ACTUAR EN DICHA PROPIEDAD EN LOS TERMINOS DEL PODER NOTARIAL QUE EN COPIA CERTIFICADA EXHIBO CON LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES EN MI FAVOR Y EN CONTRA DE LAS ORDENADORAS Y EJECUTORAS, AUN MAS EN INDISTINTAS OCASIONES Y POR ESCRITO ME DIRIGI A LA AUTORIDAD EJECUTORA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VIAL, ESCRITOS QUE EN COPIAS SIMPLES ANEXO A LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS PARA ACREDITAR INDICIARIAMNTE MI DICHO HACIENDO SABER A LA AUTORIDAD EJECUTORA LA ILEGALIDAD DE LOS LLAMADOS DE AUXILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN L PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS Y MI DERECHO FUNDADO Y MOTIVADO LEGALMENTE PARA ACTUAR EN FORMA MATERIAL EN LA PROPIEDAD QUE SE CITA Y PORQUE DE EJECUTARSE EN MI CONTRA EL ACTO QUE RECLAMO SE VULNERARIA FLAGRANTEMENTE LOS NUMERALES 1, 5, 7 Y 8 QUE CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL MEXICANA EN MI FAVOR EN RELACION A MIS DERECHOS HUMANOS, EN DEDICARME A LA PROFESION Y TRABAJO QUE YO QUIERA SIEMPRE QUE SEA LICITA, A DIFUNDIR INFORMACION EN LA PROPIEDAD Y MI DERECHO DE PETICION". Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Antonio Pérez Leyva, porque en relación con el acto reclamado al Presidente Municipal, Regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, así como al Director de Seguridad Pública Municipal, y todos y cada uno de los elementos de la Policía Municipal, todos de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en la orden de detención que en un futuro pretendan ejecutar; se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El normativo inserto en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley que rige al juicio constitucional. Por su parte, el segundo precepto dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en cuyo caso, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Ahora, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La norma constitucional inserta instituye uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el principio de agravio personal y directo; por otro lado, en cuanto a las características del agravio para la procedencia del juicio constitucional debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder exista la seguridad de que le causará dicha afectación. El Alto Tribunal del país ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicando con el acto reclamado y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, porque en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de amparo ante el agravio personal y directo existente. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En esa línea, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de los efectos del acto reclamado. En ese sentido, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad con su actuar cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éstos sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, porque el artículo 6 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique o afecte a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el amparo. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que existen actos futuros e inciertos porque su realización está sujeta a meras eventualidades y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica al promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5 de la ley de la materia exige como condición para que pueda promoverse el medio extraordinario de defensa. Es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Ahora bien, en los antecedentes de la escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso señala que en el Juzgado Primero de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, se tramita el juicio intestamentario 436/1998, en el que aduce, dentro de la masa hereditaria se encuentra un bien inmueble ubicado en calle Morelos número 22 y/o 228 entre las Avenidas Libertad y 5 de Mayo, Zona Centro en Tuxtepec, Oaxaca, que sin contrato de arrendamiento ocupa Alejandra Ronquillo Régules; de la misma forma, refiere tener reconocida la personalidad de abogado patrono de la heredera universal reconocida en ese asunto, y que le fueron otorgadas las facultades para requerir a la ocupante del domicilio, la desocupación del bien, situación que pretende realizar en un futuro, por lo que teme que al momento de realizar la desocupación que refiere, a petición de la ocupante, se hagan presentes las autoridades municipales antes referidas para detenerlo sin fundamento legal alguno. De lo anterior, se advierte que en el caso en concreto, el justiciable Antonio Pérez Leyva, reclama de la autoridades señaladas como responsables la orden de detención que pretendan, en un futuro) ejecutar al momento en que los terceros interesados soliciten el auxilio preventivo, simulando ilegal y falsa conducta del quejoso presumiéndose hechos de violencia moral, verbal, física y material de indicios o evidencias en lugar, tiempo y circunstancias que el quejoso no ha cometido ni cometerá en contra de los terceros interesados ni en la propiedad ubicada en calle Morelos número 22 y/o 228 entre las Avenidas Libertad y 5 de Mayo, Zona Centro en Tuxtepec, Oaxaca, propiedad sujeta al juicio intestamentario en el expediente 436/1998, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. Ahora, este órgano jurisdiccional estima que las actuaciones impugnadas son actos futuros de realización incierta, porque hasta este momento no se tiene la certeza que las autoridades responsables hayan dictado orden de detención contra el quejoso, porque esa determinación está condicionada a que los terceros interesados lo soliciten, así como que las responsables decidan llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a emitir esa determinación. Tal situación revela que no existe la plena certeza que las responsables dictarán orden de detención contra el quejoso, por lo que es insuficiente para estimar que en el futuro inmediato se librará contra el quejoso orden de detención, porque está condicionado a que los terceros interesados lo soliciten, así como que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se vaya a dictar orden de detención contra Antonio Pérez Leyva. En ese contexto, es válido sostener que el acto reclamado es de carácter futuro e incierto, basta la sola lectura de la demanda para saber con exactitud que no puede concretarse en agravio del justiciable esa actuación con meras aseveraciones. Así, es inconcuso que las actuaciones combatidas se tratan de actos cuya realización resultan ser futuras e inciertas y, por ende, hasta la data en la que se presentó la demanda no pueden ocasionar al promovente algún agravio personal y directo que lo legitime para ejercer la acción de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y el diverso 6 de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral". También es preciso invocar la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de contenido: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En esos términos, al actualizarse la hipótesis prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Antonio Pérez Leyva, contra los actos combatidos al Presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Finalmente, precisa señalar que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al quejoso, porque en el momento en el que tenga noticia cierta de los actos que señalaron estarán en aptitud de ejercer su derecho de defensa frente a esas actuaciones a través del medio ordinario o extraordinario que estimen conveniente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo previsto por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Téngase como autorizado del promovente en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada su cédula profesional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente."

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