Antonio Pablo López Santiago

Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
567/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Antonio Pablo López Santiago
  • ANTONIO PABLO LÓPEZ SANTIAGO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 567/2019, promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, La parte quejosa reclama de Agente de Policía Municipal y Comandante de la Policía Municipal, ambos de San José Zaragoza, Yucuhiti, Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, la orden y ejecución material de cerrar el acceso que tiene hacia el previo que aduce tiene en posesión. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Antonio Pablo López Santiago, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridades responsables ordenadoras al Agente de Policía Municipal y Comandante de la Policía Municipal, ambos de San José Zaragoza, Yucuhiti, Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, como acto reclamado: la orden y ejecución material de cerrar el acceso que tiene hacia el previo que aduce tiene en posesión. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y se registró con el número 567/2019. Inconforme con la sentencia emitida en este juicio de amparo, el disidente del amparo Antonio Pablo López Santiago, interpuso recurso de revisión remitiéndose los autos al tribunal de alzada para la substanciación del medio impugnativo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El pasado veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ordenando la reposición del procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, para los efectos siguientes: Dejar insubsistente la sentencia recurrida. Ordenar reponer el procedimiento en el juicio de amparo, con el objeto de que el juez federal recabe un informe tanto del comisariado como el del Síndico municipal, de San José Zaragoza, Yucuhiti, distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, sobre los hechos en que se sustenta la demanda de amparo, con el objeto de verifica la existencia del acto reclamado. Hecho lo anterior, se continúe por sus demás etapa procesales y en su oportunidad, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que el este juzgado está facultado para, si fuera el caso, recabar la información necesaria para resolver, si la información recaba así lo exigiera. Con base a lo anterior, se requirió a las autoridades responsables y el pasado veintitrés de julio del año en curso, se tuvo al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, rindiendo su informe respectivo. Con independencia a lo señalado en el párrafo que antecede el veintiséis de junio del presente año, se requirió al impetrante del amparo, para que manifestara en relación al acto reprochado a las autoridades responsables, de lo cual quedó notificado el veinticuatro de junio siguiente, esto es, conforme a los lineamientos establecidos por el tribunal de alzada, sin que hiciera manifestación alguna. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado en este juicio de amparo, como ya se adelantó en esta sentencia, lo constituye la orden de cerrar el acceso que tiene hacia el solar que aduce tiene en posesión. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El agente y comandante de la Policía, ambos de Zaragoza Yucuhiti, Tlaxiaco al momento de rendir sus informes negaron los actos reclamados, sin que el quejoso hubiese desvirtuado dicha negativa. Ello, es así ya que del material probatorio que exhibió el impetrante del amparo son insuficientes para desvirtuar dicha negativa, ya que lo único que prueba es la posesión de derechos agrarios del paraje denominado "media cuesta" de la comunidad de San José Zaragoza, municipio de Santa María Yucuhiti, Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca y un permiso para la apertura de camino de una brecha, otorgada por el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, sin que ello implique que este juzgado asevere que nunca haya ha existido el cierre de la brecha que quejoso reclama; sin embargo, como se dice, las pruebas que exhibió para acreditar resultan insuficientes para acreditar, que al momento que se dicta la presente sentencia, esa brecha se encuentre cerrada. Situación que se corrobora del informe ordenado por el tribunal de alzada al ordenar la reposición del procedimiento de este juicio de amparo, esto es, para que el efecto de que el Comisariado así como el Síndico Municipal, ambos de San José Zaragoza, municipio de Santa María Yucuhiti, Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, informaran en relación a los hechos denunciados por el que quejoso en su demanda de amparo, así como el resultado de la reunión que sostuvieron con el agente de policía de esa misma población, mediante el cual, el primero de ellos, hizo del conocimiento lo siguiente: Que desconoce el resultado de la reunión de mérito, al ser una integración diferente a la de esa época; sin embargo, informa que el camino que conduce a la parcela del quejoso Antonio Pablo López Santiago no se encuentra cerrado y tiene el libre acceso por lo que tiene el libre tránsito o acceso a la vía en controversia. Asu vez, remitió Escrito del disiente del amparo Antonio Pablo López Santiago, dirigido a los representantes del órgano agrario oficina de bienes comunales de Santa María Yacuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, del que se advierte que exonera a los representantes del dicho órgano agrario al Presidente de Bienes Comunales y al Presidente del Consejo de Vigilancia, renunciando por voluntad propia a la demanda entablada contra el citado órgano. De lo anterior se tiene que el referido comisariado en el que hace constar que la parcela del quejoso Antonio Pablo López Santiago no se encuentra cerrado y tiene el libre acceso o tránsito a la vía en controversia, así como el escrito dirigido por el disidente del amparo a los representantes del órgano agrario oficina de bienes comunales de Santa María Yacuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, del que se aprecia que exonera a los representantes del dicho órgano agrario al Presidente de Bienes Comunales y al Presidente del Consejo de Vigilancia, renunciando por voluntad propia a la demanda entablada contra el citado órgano. De ahí que, se reitera que del material probatorio que obra en autos, lo único que en su caso se puede acreditar, es la ubicación y la posesión del predio que defiende, el permiso para la apertura de una brecha de camino, y la denuncia por parte del quejoso de hechos posiblemente constitutivos de un delito (lo cual constituye otro tipo de estudio), pero con ninguna de ellas se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, en el sentido de tener, en este momento, por cierto el acto reclamado consistente en el cierre del acceso hacia el solar que hace referencia. De lo anterior, se advierte que válidamente se puede llegar a la conclusión que, al momento de dictar la presente, el cierre de la brecha de camino que el quejoso reclama, es inexistente. Máxime que de los informes rendidos por las autoridades responsables agente y comandante, ambas de la agencia de Policía de Zaragoza, Yucuhiti, Taxiaco, equivalen a una confesión sobre la inexistencia del acto, por lo que, resultaría en su perjuicio el haber negado la verdad del acto que aquí se les reclama o expresarlo como inexistente para que se sobresee el juicio e insistir con posterioridad en la emisión del mismo, conllevaría eventualmente a hacerse acreedores a alguna de las consecuencias jurídicas previstas por la ley de amparo, para las autoridades que no se conduzcan con verdad en sus informe como son, entre otros, prisión de tres a nueve años y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, conforme a lo establecido en el artículo 262 de la Ley de Amparo que al efecto refiere: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." En esa línea de pensamiento, ante la inexistencia de los actos reclamado lo procedente es sobreseer el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que existe la necesidad de esperar el informe que por su parte debía rendir el Síndico Municipal, ambos de San José Zaragoza, municipio de Santa María Yucuhiti, Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, pues independientemente de que informe el resultado de la reunión para abordar la problemática del quejoso, lo cierto es que tal y como lo informó el comisario de referencia, en la actualidad, la brecha de camino que solicitó el quejoso, se encuentra libre y sin obstáculos para su tránsito, así que partiendo de esa premisa este juzgado considera innecesario, que obre en autos dicho informe. Por otra parte, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la representante social adscrita, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." De lo anterior, conlleva a reiterar lo señalado en esta determinación, es decir, sobreseer en el juicio de amparo, atendiendo la inexistencia del acto reclamado. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el apartado II de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y los anexos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Comisariado de Bienes Comunales de ********************, Tlaxiaco, Oaxaca, en cumplimiento al requerimiento formulado el pasado veintiséis de febrero del año en curso, informan que no tienen conocimiento que este encerrado el acceso a la parcela y casa habitación que se ubica en el paraje denominado "********************" de la comunidad de ********************, municipio de ********************, Distrito Judicial de ******************** Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexan, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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