Antonio Parra Jiménez
Expediente 321/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Antonio Parra Jiménez
- Delegado en Quintana roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el sobre devuelto por la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, que contiene el oficio ***, dirigido al Delegado en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con residencia en Cancún, Quintana Roo; que contiene la leyenda "Cambio de dom". En ese contexto, en aras de una pronta administración de justicia, reexpídase el oficio *** a la dirección correcta de la autoridad.
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 38 a 41), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran la cédula de notificación y acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, ambos con sellos en original y firmas autógrafas, documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger el documento de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto.
- Principal
AVISO.Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 38 a 41), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran la cédula de notificación y acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, ambos con sellos en original y firmas autógrafas, documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger el documento de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada en el Estado de Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del oficio de designación número PFPA/1/4C.26.1/203/15, de uno de marzo de dos mil quince, de la resolución de cierre número 0193/2017 de quince de junio de dos mil diecisiete y la cedula de notificación personal de veinte de los corrientes, estas últimas emitidas en el expediente administrativo PFPA/29.3/2C.27.5/0089-16. A las documentales que anexan al oficio de cuenta, se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer su demanda laboral y de notificar ésta a las partes, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, de los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: ""La OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A MI MEMORIAL DE 3 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, REALIZADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PFPA/29.3/2C.27.5/0089-16, CON EL CUAL ENTRE OTRAS SITUACIONES SOLICITO SE ENTRÉ AL ESTUDIO DEL INCIDENTE DE NULIDAD Y DETERMINE EL INICIO O CIERRE DE DICHO EXPEDIENTE"." Así, del análisis de las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que por resolución de cierre número 0193/2017 de quince de junio de dos mil diecisiete emitida en el expediente administrativo PFPA/29.3/2C.27.5/0089-16, se acordó se pronunció respecto al escrito presentado por el quejoso el tres de marzo de dos mil diecisiete, misma que se notificó al promovente el veinte de junio del año en curso, tal como se acredita de la cédula de notificación personal. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la Delegada en el Estado de Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en la resolución de cierre número 0193/2017, de quince de junio de dos mil diecisiete, se pronunció sobre el escrito presentado por el quejoso, así como que el veinte de los corrientes se llevó a cabo la notificación de dicha resolución de manera personal, en segundo lugar, al haber proveído respecto al escrito de tres de marzo de dos mil diecisiete y realizar su notificación, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado César Octavio Meza Ojeda, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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