Antonio Manuel Valencia Fuentes

Expediente 509/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
509/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Antonio Manuel Valencia Fuentes
  • LUCERO GUADALUPE VALENCIA FUENTE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer el referido recurso; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2,86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales. Se ordena el archivo del presente expediente. Se declara que el presente expediente y los incidentes de suspensión, son susceptibles de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual rinde informe justificado, quien indica que es cierto el acto reclamado; sin embargo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintitrés de septiembre pasado dictó la respectiva sentencia dentro del juicio agrario 1075/2012 del índice del citado tribunal. Ahora, para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de la sentencia en comento. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del juicio agrario 1075/2012, el veintitrés de septiembre pasado, se dictó la sentencia correspondiente. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Ahora, conviene precisar que en la demanda de amparo, presentada el doce de agosto de dos mil quince, consta que la parte quejosa reclamó lo siguiente: "4.- Actos reclamados.- De la autoridad señalada como responsable reclamamos: LA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTOIRDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE DE DICTAR SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE AGRARIO NÚMERO 1075/2012, INSTRUIDO POR EL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NÚMERO 44 CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO. ESTE ACTO FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO.". Al respecto, del oficio y anexo de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que, en los autos del juicio agrario de origen, la autoridad responsable, el veintitrés de septiembre pasado dictó la sentencia correspondiente, en la que en sus puntos resolutivos determinó, entre otras cosas, lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO.- El actor ****, acreditó parcialmente sus prestaciones, por lo que resulta procedente transmitir en su calidad de sucesor legitimo los derechos agrarios que pertenecieron al extinto ejidatario *****, conforme a la Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras de fecha veintisiete de agosto de dos mil, celebrada en el ejido de "Santa Elena", Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo; de conformidad a lo expuesto y fundado en el considerando VI de la presente resolución. SEGUNDO.- Remítase copia debidamente certificada del presente fallo a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, debiendo de dar de baja al extinto ejidatario ******en el asiento registral de la Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras de fecha veintisiete de agosto de dos mil, y proceda dar de alta al mismo actor *******, con el carácter de ejidatario en el ejido "Santa Elena", Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo; lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 152 fracción I, de la normatividad agraria vigente. TERCERO.- Se declaran improcedentes las prestaciones reclamadas e ampliación de demanda por ******, en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del ejido "SANTA ELENA", Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo con base en lo razonado en considerando VI de la presente resolución. [.].". Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No se soslaya que en el apartado de "vistos" de la sentencia que se remite en copia certificada, se advierte: "VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente agrario número 1075/2013, promovido por *********, en contra de asamblea general del núcleo agrario denominado "SANTA ELENA", Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo." Esto es, que dicha sentencia corresponde al juicio 1075/2013; sin embargo, ello no es obstáculo para concluir que la sentencia de mérito en realidad se trata de la dictada en el juicio 1075/2012, ello, toda vez que dicho número se advierte del rubro de la sentencia citada, además que al rendir el informe justificado la autoridad responsable sostuvo que era cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio agrario 1075/2012, pero que la misma ya se había dictado en dicho juicio el veintitrés de septiembre de dos mil quince, y para tal efecto remitió copia certificada de dicho fallo. Ello, aunado a que los datos que refiere la parte quejosa en su apartado de antecedentes -en la demanda de amparo- son coincidentes con el contenido de la sentencia que se exhibe, a saber, fecha de presentación de la demanda [once de diciembre de dos mil doce], partes [****, ****, y Ejido "Santa Elena", municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo], de ahí que el señalamiento contenido en el apartado de vistos únicamente constituye una imprecisión en un digito, 1075/2013, siendo en realidad el expediente 1075/2012. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas del veintidós de octubre de dos mil quince. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el siete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual rinde informe justificado, quien indica que es cierto el acto reclamado; sin embargo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintitrés de septiembre pasado dictó la respectiva sentencia dentro del juicio agrario 1075/2012 del índice del citado tribunal. Ahora, para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de la sentencia en comento. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del juicio agrario 1075/2012, el veintitrés de septiembre pasado, se dictó la sentencia correspondiente. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Ahora, conviene precisar que en la demanda de amparo, presentada el doce de agosto de dos mil quince, consta que la parte quejosa reclamó lo siguiente: "4.- Actos reclamados.- De la autoridad señalada como responsable reclamamos: LA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTOIRDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE DE DICTAR SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE AGRARIO NÚMERO 1075/2012, INSTRUIDO POR EL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NÚMERO 44 CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO. ESTE ACTO FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO.". Al respecto, del oficio y anexo de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que, en los autos del juicio agrario de origen, la autoridad responsable, el veintitrés de septiembre pasado dictó la sentencia correspondiente, en la que en sus puntos resolutivos determinó, entre otras cosas, lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO.- El actor ****, acreditó parcialmente sus prestaciones, por lo que resulta procedente transmitir en su calidad de sucesor legitimo los derechos agrarios que pertenecieron al extinto ejidatario *****, conforme a la Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras de fecha veintisiete de agosto de dos mil, celebrada en el ejido de "Santa Elena", Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo; de conformidad a lo expuesto y fundado en el considerando VI de la presente resolución. SEGUNDO.- Remítase copia debidamente certificada del presente fallo a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, debiendo de dar de baja al extinto ejidatario ******en el asiento registral de la Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras de fecha veintisiete de agosto de dos mil, y proceda dar de alta al mismo actor *******, con el carácter de ejidatario en el ejido "Santa Elena", Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo; lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 152 fracción I, de la normatividad agraria vigente. TERCERO.- Se declaran improcedentes las prestaciones reclamadas e ampliación de demanda por ******, en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del ejido "SANTA ELENA", Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo con base en lo razonado en considerando VI de la presente resolución. [.].". Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No se soslaya que en el apartado de "vistos" de la sentencia que se remite en copia certificada, se advierte: "VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente agrario número 1075/2013, promovido por *********, en contra de asamblea general del núcleo agrario denominado "SANTA ELENA", Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo." Esto es, que dicha sentencia corresponde al juicio 1075/2013; sin embargo, ello no es obstáculo para concluir que la sentencia de mérito en realidad se trata de la dictada en el juicio 1075/2012, ello, toda vez que dicho número se advierte del rubro de la sentencia citada, además que al rendir el informe justificado la autoridad responsable sostuvo que era cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio agrario 1075/2012, pero que la misma ya se había dictado en dicho juicio el veintitrés de septiembre de dos mil quince, y para tal efecto remitió copia certificada de dicho fallo. Ello, aunado a que los datos que refiere la parte quejosa en su apartado de antecedentes -en la demanda de amparo- son coincidentes con el contenido de la sentencia que se exhibe, a saber, fecha de presentación de la demanda [once de diciembre de dos mil doce], partes [****, ****, y Ejido "Santa Elena", municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo], de ahí que el señalamiento contenido en el apartado de vistos únicamente constituye una imprecisión en un digito, 1075/2013, siendo en realidad el expediente 1075/2012. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas del veintidós de octubre de dos mil quince. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que feneció el término concedido al tercero interesado para que señalara domicilio en esta ciudad; por lo anterior se ordena que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se realicen por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veintidós de octubre del año en curso, para su celebración.

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