ANTONIO PADILLA DUARTE y Otros.

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • ANTONIO PADILLA DUARTE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual hace del conocimiento que confirma el acuerdo de incompetencia emitido por este órgano jurisdiccional, y se asume el conocimiento de la competencia planteada y admite la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, apoderado jurídico del quejoso Mauricio René Padilla Ureña. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro respectivo. 2. ARCHIVO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. 3. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, Agréguese los escritos del quejoso Antonio Padilla Duarte, por su propio derecho y en cuanto mandatario jurídico de Mauricio René Padilla Ureña, en su atención, se le tiene señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en la calle Horizonte, número 1772, colonia Lomas del Valle y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Yépez Aguilar y Ana Lizbeth Yépez Morales, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, como lo solicita dicho quejoso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que refiere, previo recibo que de su entrega se recabe en autos y téngase como autorizados para recibirlas a las personas que señala en el ocurso que se provee. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del oficio 12566/2019, con el que se remitió el original del cuaderno de amparo en que se actúa, boleta de turno y de la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, por sí y en cuanto apoderado de Mauricio René Padilla Ureña, del auto de diecinueve de junio pasado, así como cinco copias de la demanda, quedando registrado bajo el número de amparo directo 502/2019; asimismo, hace del conocimiento que se reservó acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, cumpla con el requerimiento que se le formuló; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en relación a la copia de la demanda que se adjunta en el oficio de cuenta, en dos juegos, devuélvanse a la Superioridad, para lo que a bien tenga proveer. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, por sí y en cuanto apoderado jurídico de Mauricio René Padilla Ureña, como lo acredita con la copia cotejada del poder notarial que acompaña, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 313/2019-P. 2. INCOMPETENCIA. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: Los artículos 170 fracción I y 179 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Ahora, de los preceptos invocados se aprecia que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo del cual es competente para conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de once de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en que se negó la admisión del recurso de apelación que interpuso en contra del proveído de cinco de junio pasado, que no admitió a trámite la tercería excluyente de dominio que intentó, dentro del juicio sumarísimo civil 254/2017, sobre cumplimiento de contrato, promovido por José Jiménez Ureña en contra de Mauricio René Padilla Ureña, determinación que constituye una resolución que pone fin al asunto planteado, sin decidirlo en lo principal. Así las cosas, el auto de once de junio de dos mil diecinueve, reclamado por el quejoso, es materia de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un auto que pone fin al juicio en lo principal, salvo mejor ponderación de dicho Tribunal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara de plano carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, por sí y en cuanto apoderado jurídico de Mauricio René Padilla Ureña, por lo que, se ordena remitir la demanda y anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, para lo que a bien tenga determinar, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sobre el particular, cabe citar la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de epígrafe: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Además, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J.1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley en cita, a Moisés Estrada García por contar con cédula registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Estrada Pérez, Rafael Hernández Ortíz, María Araceli Carrillo Suárez, Andrea Zaragoza González, Claudia Ruiz Chávez y Brian Cortez Ayala, por no contar con cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz."Uruapan, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, por sí y en cuanto apoderado jurídico de Mauricio René Padilla Ureña, como lo acredita con la copia cotejada del poder notarial que acompaña, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 313/2019-P. 2. INCOMPETENCIA. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: Los artículos 170 fracción I y 179 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Ahora, de los preceptos invocados se aprecia que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo del cual es competente para conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de once de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en que se negó la admisión del recurso de apelación que interpuso en contra del proveído de cinco de junio pasado, que no admitió a trámite la tercería excluyente de dominio que intentó, dentro del juicio sumarísimo civil 254/2017, sobre cumplimiento de contrato, promovido por José Jiménez Ureña en contra de Mauricio René Padilla Ureña, determinación que constituye una resolución que pone fin al asunto planteado, sin decidirlo en lo principal. Así las cosas, el auto de once de junio de dos mil diecinueve, reclamado por el quejoso, es materia de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un auto que pone fin al juicio en lo principal, salvo mejor ponderación de dicho Tribunal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara de plano carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonio Padilla Duarte, por sí y en cuanto apoderado jurídico de Mauricio René Padilla Ureña, por lo que, se ordena remitir la demanda y anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, para lo que a bien tenga determinar, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sobre el particular, cabe citar la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de epígrafe: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Además, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J.1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley en cita, a Moisés Estrada García por contar con cédula registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Estrada Pérez, Rafael Hernández Ortíz, María Araceli Carrillo Suárez, Andrea Zaragoza González, Claudia Ruiz Chávez y Brian Cortez Ayala, por no contar con cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz. Dos firmas ilegibles. CONSTE."

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