Antonio Martínez Estrada

Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
314/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Antonio Martínez Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto, lo de cuenta y toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. NMR/Pcp

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ANTONIO MARTÍNEZ ESTRADA, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 314/2019-IV. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en: a) Los autos de treinta de enero, once de marzo y trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante los cuales se desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, frente al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán. Precisado lo anterior, contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el citado artículo contiene el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Ahora, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad jurisdiccional en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 131 y 132 fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." (.) Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración del recurso de apelación, que deberá agotarse dentro del expediente antes citado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que el acto reclamado se trata de la solicitud a trámite de libertad anticipada. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Así como el criterio aislado siguiente: "LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final del su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad." En tales circunstancias, se DESECHA de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 3. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 4. REPRESENTANTE ESPECIAL. Dado que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designa autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, solicítese vía correo electrónico al Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que dentro del término de TRES DÍAS, legalmente computado, tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, debiendo acompañar las constancias concernientes a tal designación; ello en atención a que el acto reclamado deriva de un proceso penal del fuero común, adjuntándole copia simple de la demanda presentada en favor del quejoso ANTONIO MARTÍNEZ ESTRADA. Apoya la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 42/2019, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 187/2017, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. En otro tenor, téngase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando que dio de alta como asunto nuevo en la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, el asunto relacionado con el quejoso ANTONIO MARTÍNEZ ESTRADA. Notifíquese, personalmente al quejoso, en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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