Antonio Ortega Peralta
Expediente 834/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Ortega Peralta
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido, especializado en Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; que estima violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 834/2017-I.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de los propios antecedentes señalados por la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito, lo es la determinación asumida por el Juez Único Civil de Partido, especializado en Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dentro del juicio familiar 99/2017, dictada el quince de agosto del pasado, en la que: Fijo nueva fecha y hora para volver a desahogar la prueba de inspección judicial, bajo el apercibimiento que en caso de no encontrase abiertos los inmuebles en que se desahogara dicha probanza, la parte actora y aquí quejosa se haría acreedor a una multa de 15 veces la unidad de medida y actualización. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie, por lo que hace al señalamiento para volver a desahogar la prueba de inspección judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En virtud de lo anterior, es dable afirmar que el acto reclamado ahora analizado consistente en el señalamiento para volver a desahogar la prueba de inspección judicial, no se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en sentido contrario, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. Luego entonces, la determinación dictada en el juicio familiar 99/2017, el quince de agosto del pasado, en lo que hace al señalamiento de nueva fecha y hora para volver a desahogar la prueba de inspección judicial, no causa al quejoso de referencia un agravio de imposible reparación, toda vez que es factible que al momento de dictarse la sentencia en el expediente de donde emana el acto reclamado, ésta sea favorable a los intereses del impetrante de amparo, y con ello se repararía la violación alegada. De tal suerte, que dicha circunstancia por sí sola, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en la resolución definitiva que se llegase a dictar en el juicio natural; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada precisamente, en la sentencia que se llegue a dictar en el expediente antes señalado, si esta favorece a los intereses de la citada parte quejosa, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica; pero aún más, en el caso de que dicha sentencia no fuese emitida a favor de los intereses del promovente, podría ser reparada mediante el juicio de amparo directo que se enderece en contra de la resolución definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones III, de la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, lo anterior provoca que sobre la demanda de estudio, se actualice la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, este último aplicado a contrario sensu, por no reclamarse un acto de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituye únicamente una violación intraprocesal, reclamable en su caso a través del amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva. En consecuencia, lo procedente es desechar por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo a estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Tesis IV.2°J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Ahora bien, por lo que hace al diverso acto reclamado señalo por el quejoso como: "La falta de fundamentación y motivación de la determinación judicial asumida por la autoridad responsable en la audiencia oral de juicio de fecha 15 de agosto de 2017, mediante la cual apercibió al suscrito (a través de mi mandatario judicial), para el caso de que los inmuebles materia de la prueba inspeccional ofrecida por la parte demandada en el juicio familiar 99/2017, no se encontraran abiertos o se pudieran acceder a los mismos, se me multaría con una 15 veces la unidad de medida y actualización". Una vez analizado el citado acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, ya que dicho acto adquiere el carácter de futuros de realización incierta, por lo que conforme lo disponen los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda, según lo dispone el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. El numeral en cita en su literalidad precisa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por tanto, al no haber certeza de que el acto reclamado (consistente en el apercibimiento hecho a la parte actora y aquí quejosa de la imposición de una multa de 15 veces la unidad de medida y actualización, en caso de no encontrase abiertos los inmuebles en que se desahogara la inspección judicial) se produzca, ya que su posible existencia, dependería en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello se estima que el acto combatido en esta vía constitucional es de realización futura e incierta, por lo que no tiene el carácter de inminente, lo que trae como consecuencia la improcedencia de la demanda de amparo promovida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en febrero de 1992, visible en la página 135, con número de registro 220445, la cual textualmente indica: "APERCIBIMIENTOS. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el aviso con apercibimiento, como sería la suspensión de obra, o bien destrucción, demolición o clausura, según el caso, hasta en tanto no se obtenga el permiso a que se contrae el aviso, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara con la construcción de la obra sin el permiso correspondiente y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo que podría no suceder. Por tanto, al no haber certeza de que el acto se produzca, ya que su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por lo que debe estimarse que se trata de actos futuros e inciertos que no tienen el carácter de inminentes, por lo que no procede en su contra el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 192 de la Ley de Amparo." Así como la diversa Tesis de la Séptima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 121-126 Sexta Parte, visible en la página 197, con número de registro 252044, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSION. CLAUSURA. ACTO QUE NO TIENE LA CALIDAD DE INMINENTE. La orden de clausura de la negociación del quejoso, constituye un acto futuro e incierto y no tiene carácter de inminente, en virtud de que para su realización es menester que el agraviado mantenga abierta su negociación a pesar de habérsele negado la licencia correspondiente y si después de constatar esa infracción, se omitió el mandamiento de clausura respectivo. Si no hay certeza de que la orden de clausura combatida se produzca y tomando en cuenta que su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, es claro que el acto de que se trata debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que es improcedente la suspensión definitiva en cuanto al acto de que se trata, si la autoridad recurrente al rendir su informe previo niega categóricamente la existencia del mandamiento de clausura y la parte agraviada no desvirtuó en autos la indicada negativa. Esta conclusión se robustece si se aprecia que un acto de naturaleza negativa no produce lógica y jurídicamente actos de carácter positivo, sino que en todo caso estos últimos tendrán una existencia propia que necesariamente debe acreditar el quejoso en el cuaderno incidental." Se tiene pues que el acto reclamado ahora analizado, consistente en el apercibimiento hecho a la parte actora y aquí quejosa de la imposición de una multa de 15 veces la unidad de medida y actualización, en caso de no encontrase abiertos los inmuebles en que se desahogara la inspección judicial, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) lo que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto de molestia que se reclama en la vía Constitucional, debe ser un hecho voluntario y cierto, no debido al azar o a una suposición, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoridad al ser coercitivo, unilateral e imperativo; formas o maneras en que se realiza la mencionada afectación. Por ello, los actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Se apoya lo anterior en la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Aunado a lo anterior, se cuenta con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga certeza plena, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en el futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Es aplicable al caso el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, visible en la página 56, con número de registro 230866, la cual textualmente indica: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, materia administrativa, página 55, registro 238544 de contenido literal: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo.". No se soslaya que la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, relativa a que la improcedencia que aquí se invoca no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se considera que no es aplicable al caso que se analiza, habida cuenta que el quejoso precisa, bajo protesta de decir verdad, que reclama la multa que se le pueda llegar a aplicar en su contra; lo que constituye una confesión que hace prueba plena -de que reclama un acto futuro e incierto- en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y de la que deriva de manera manifiesta e indudable la invocada improcedencia del juicio. Expuesto lo anterior, se reitera que el acto que reclama, no resulta ser un daño de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, ya que atañe específicamente al desahogo de la prueba de inspección judicial, lo que incluso puede ser reparado al resolverse en definitiva el juicio natural de donde emana el acto, en caso de resultar favorable el fallo que se emita. Así como por lo que hace al apercibimiento hecho en su contra, este es un acto futuro de realización incierta, pues puede ocurrir que al momento de la diligencia, los inmuebles se encuentren abiertos y la autoridad tenga la libertad de desahogar la probanza antes citada. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre los actos reclamados se acredita de manera fehaciente motivos manifiestos e indudables de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ***. En otro orden, se tiene como autorizados de su parte al profesionista ***, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autorice a ejercer la profesión de abogados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal Federal, en virtud de que el señalado para tal efecto, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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