Antonio Ortega Peralta

Expediente 1101/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1101/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Antonio Ortega Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del juez único de Partido, especializado en oralidad Familiar de la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INGRESO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1101/2017-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, el promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a) La falta de fundamentación y motivación de la resolución judicial interlocutoria correspondiente al recurso de revocación interpuesto contra la no admisión de una prueba superveniente, dictada por autoridad responsable en la audiencia de fecha 15 de noviembre de 2017, celebrada en el juicio oral familiar 99/2017, mediante la cual no se me admitió una probanza documental en calidad de superveniente. b) La ilegalidad de determinación judicial interlocutoria correspondiente al recurso de revocación interpuesto contra la no admisión de una prueba superveniente, dictada por la autoridad responsable en la audiencia oral de juicio de fecha 15 de noviembre de 2017 celebrada en el juicio oral familiar 99/2017, mediante la cual se niega ilegalmente el acceso al debido proceso al suscrito por no admitirse una probanza cuyo ofrecimiento se encuentra ajustado a derecho. c) La falta de imparcialidad en la determinación judicial interlocutoria correspondiente al recurso de revocación interpuesto contra la no admisión de una prueba superveniente, dictada por la autoridad responsable en la audiencia oral de juicio de fecha 15 de noviembre de 2017 celebrada en el juicio oral familiar 99/2017, ya que de los autos del expediente familiar mencionado, se desprende como ese juzgador se ha venido conduciendo imparcialmente en la toma de determinaciones hacia esta arte material (así) en relación con mi contraria, pies (así) en la especie no existe impedimento legal, argumento válido y lógico que sustente de manera correcta la no admisión de la prueba que ofrecí como documental en calidad de superveniente, pues se cumple con los requisitos establecidos por la ley de la materia, es decir, lo determinado en el artículo 333, 801 y 824 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. D) La falta de observancia de la garantía de audiencia y debido proceso en determinación judicial interlocutoria correspondiente al recurso de revocación interpuesto contra la no admisión de una prueba superveniente, dictada por la autoridad responsable en la audiencia oral de juicio de fecha 15 de noviembre de 2017 celebrada en el juicio oral familiar 99/2017, ya que mediante esta se privó ilegalmente para que pudiera ejercitar mi derecho de ofrecer y admitir la prueba superveniente que aporte al juicio familiar referido aun y cuando esta cumple con las formalidades legales para su ofrecimiento y tiene relación con mis hechos controvertidos de mi demanda, siendo ello una limitación a ser escuchado, aportando elementos probatorios que permitan al juzgador conocer la verdad de los hechos. E) La privación de mi derecho para ofrecer pruebas superveniente y a que me sea admitida, ello aún y cuando se cumplen los requisitos exigidos por la ley para que el suscrito pueda realizar el ofrecimiento de prueba, siendo que la autoridad responsable no que (así) estimó correctamente los requisitos para pronunciarse adecuadamente respecto a la admisión de la prueba superveniente ofrecida de mi parte. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA Al tratarse de la misma autoridad, se reclaman los mismos conceptos actos citados con antelación en los incisos indicados. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en forma contraria, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, toda vez que del contenido integral de la demanda, así como de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresa el quejoso ***, se advierte que reclama la resolución del recurso de revocación pronunciado por el Juez Único de Partido, especializado en oralidad Familiar de la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en la cual confirmó la interlocutoria celebrada el quince de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio oral familiar número 99/2017 de su índice, en la cual no admitió la prueba documental superveniente, consistente en un dictamen pericial rendido en el diverso juicio número (288/2017), por considerar que el aquí quejoso pretendía convalidar la deficiencia al no haber rendido prueba pericial en el juicio de donde deriva el acto reclamado; sin que lo anterior, constituya un acto cuya ejecución sea de imposible reparación en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues a criterio del que resuelve únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. En efecto, el suscrito juzgador federal estima que los actos reclamados no constituyen violaciones que sean de imposible reparación, habida cuenta que la resolución que reclama, está vinculada con el no desahogo de la prueba pericial desahogada en diverso juicio y ofrecida como documental superveniente en el juicio familiar 99/2017 de donde deriva el acto reclamado. Lo que constituyen actos procesales que no afectan derechos sustantivos del ahora promovente del amparo, y no le acarrea perjuicio alguno que sea de carácter irreparable, pues, aún cuenta con la posibilidad de obtener su reparación, al obtener resolución favorable a sus intereses, o bien en caso de continuar dicha violación, la puede hacer valer como agravio en el recurso correspondiente que interponga contra esta última determinación. Incluso, de ser el caso, impugnar tal circunstancia como violación procesal vía amparo directo. Por tanto, al no tratarse de actos de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituyen únicamente violaciones intraprocesales, reclamables, en su caso, a través del amparo, cuando se reclame la resolución definitiva y lo procedente es desechar por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. De igual forma, resulta aplicable la tesis número XII.2o.17 K., publicada en la página 307, Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia común, con número de registro 213050, del contenido siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL ACUERDO QUE DESECHA UN RECURSO DE APELACION CONTRA EL DIVERSO QUE NO ADMITE PRUEBAS, NO ES COMBATIBLE EN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 114, párrafo IV, 158, y 159, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al juicio. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha un recurso de apelación en contra de un proveído que niega admitir pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable. También es aplicable por analogía la tesis publicada en la página 375 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Penal, Época: Octava Época, Registro: 222644, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente contenido: PRUEBA SUPERVENIENTE, DESECHAMIENTO DE LA, EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO. Si durante el proceso se demostró que el promovente del amparo conocía desde el inicio de la averiguación el nombre de los testigos que como prueba superveniente ofreció fuera del plazo a que se refiere el artículo 307 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, resulta evidente que tal probanza no es superveniente, pues por ésta se entiende la que nace después de que se fijó la litis y, si en el caso no se aportó dentro del término de diez días que fue concedido a las partes para tal efecto, su desechamiento no genera violación de garantías, debiendo hacerse notar que de haberse admitido la prueba de referencia, se hubiera desnaturalizado el procedimiento seguido, ya que el procesado no se opuso a la tramitación del juicio sumario en el que fue sentenciado. De igual forma resulta aplicable al caso la tesis número: I.7o.P.9 K, publicada en la página 1670 del tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2007, materia común, sustentada por los tribunales Colegiados de Circuito, novena época, con el número de registro 170864, del rubro: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EMITIDO EN LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE SEGUIDO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Conforme al artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. DOMICILIO PROCESAL. Como lo indica el quejoso en su demanda, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones personales de su parte, las listas que se fijan y publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Motivo por el cual, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por dicho medio, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece). AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE. Se tiene como autorizados de su parte a ***, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Sin que haya lugar a tener al quejoso por autorizando a las personas que refiere como autorizados para oír notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a virtud de que el presente juicio, se rige de conformidad con la Ley de Amparo actual, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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