Antonio Murga Quintero

Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
843/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Antonio Murga Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 843/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Antonio Murga Quintero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1). Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2). Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 3). Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 4). Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 5). Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: 6). Comandante y/o Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Coloso. 7). Comandante y/o Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Zapata. 8). Comandante y/o Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Renacimiento. 9). Comandante y/o Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Garita. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión y/o reaprehensión, así como su cumplimiento. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Por proveído de nueve de octubre del año en curso, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 843/2018; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un acto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la emisión y eventual ejecución de alguna orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado que se atribuye a los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. En ese sentido, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, la parte quejosa, no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto reclamado a las autoridades precisadas y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por éstas, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en virtud de que señaló que el quince de mayo de dos mil dieciocho, giró orden de reaprehensión en contra del quejoso dentro de la causa penal 18/2015-I, que se le instruye por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L. conocida comúnmente como marihuana, en agravio de la sociedad, al no haber dado cumplimiento a la orden de comparecencia que le giró. Lo anterior, constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional, cuya certeza se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 18/2015-I que al efecto adjuntó el juez responsable, en la que obra la resolución que se combate, a las cuales se otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado código adjetivo civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior, debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, pues no obstante que al rendir su informe con justificación negaron su existencia, dado el carácter con el que fueron designadas y las funciones propias que desempeñan, es inconcuso que se encuentran en aptitud de dar cumplimiento a la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. No obstante la certeza de la orden de reaprehensión reclamada, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XVI, de dicho ordenamiento, lo cual se demuestra con las siguientes consideraciones. Del análisis de la demanda de garantías se aprecia que la parte quejosa reclama la orden de reaprehensión librada en su contra; sin embargo, el juez de la causa a virtud de la comparecencia del quejoso bajo los efectos de la suspensión provisional que le concedió este Juzgado Federal, remitió copia certificada del auto de formal prisión de veintiocho de octubre de dos mil dieciocho que decretó en su contra por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L. conocida comúnmente como marihuana, en agravio de la sociedad, en cuyo antecedente número 3, se advierte que decretó su detención virtual en la causa penal 18/2015-I. Sobre esto último, se tiene a la vista como hecho notorio, las actuaciones que obran en el incidente de suspensión que derivan de este sumario, en la que obra la comparecencia voluntaria del quejoso de veintidós de octubre pasado, a que se refiere dicho antecedente. Por ende, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Al respecto, se hace énfasis en que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 61, fracción XVI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución; así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En el caso debe recordarse que el acto del que toralmente se duele el inconforme, se hace consistir en la orden de reaprehensión librada en su contra, acto cuya finalidad es la de privar de la libertad al quejoso para ponerlo a disposición de la autoridad que conoce del proceso tramitado en su contra, así como para que cumpla con la obligación procesal que dejó de cumplir. Lo anterior adquiere sustento en la tesis que se transcribe a continuación: Época: Décima Época Registro: 2001985 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Penal Tesis: 1a. CC/2012 (10a.) Página: 1206 ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por tanto, al haber comparecido el quejoso ante el Juez de la causa, bajo los efectos de la suspensión provisional que le concedió este Órgano Jurisdiccional, y que se decretó su detención virtual, dejándole bajo los efectos del auto de plazo constitucional de formal prisión de veintiocho de octubre pasado, es válido establecer que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la misma ley, procede sobreseer en el presente juicio, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la Tesis Aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto señalan: Época: Octava Época Registro: 219732 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 515 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, no debe soslayarse el hecho de que en la parte final del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable giró oficio al Agente del Ministerio Público para que ordenara a quien corresponda cancele la orden de reaprehensión reclamada, pues tal situación refuerza el argumento sostenido en el presente fallo en cuanto a que el acto reclamado cumplió su finalidad última, consistente en poner al ahora quejoso a disposición del juzgador que lleva a cabo el proceso penal en su contra, tan es así que notificó tal situación al Agente del Ministerio Público correspondiente y giró instrucciones para que la orden de reaprehensión fuera cancelada. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 843/2018 promovido por Antonio Murga Solís, contra los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y cuarto, en términos de lo establecido en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del auto de plazo constitucional de fecha veintiocho de octubre del año en curso, dictado en autos de la causa penal 18/2015-I de su índice, instruida en contra del quejoso Antonio Murga Quintero, por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L. conocida comúnmente como marihuana, en agravio de la sociedad, de la que se desprende que decretó auto de formal prisión, remitiendo para tal efecto las constancias relativas, lo que será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso Antonio Murga Quintero, compareció bajo los efectos de la suspensión definitiva a rendir su declaración preparatoria dentro de la causa penal 18/2015-I, instruida en su contra por el delito de contra la salud, en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L. conocida comúnmente como marihuana, en agravio de la sociedad; por lo tanto, requiérasele para que una vez que fenezca el término constitucional para resolver la situación jurídica del incidentista, remita copia certificada de la aludida resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con los artículos 236 y 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo; con independencia de aquella, que prevé el numeral 260, fracción I, de la citada ley. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, respecto de las constancias que se reciben como justificación a su informe, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

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